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Reportaje:

"Patriotismo económico" francés

El Gobierno de Villepin prepara una serie de medidas proteccionistas para evitar OPA hostiles sobre sus empresas estratégicas

Hace ya unos meses, cuando corrió el rumor de que PepsiCo quería lanzar una OPA hostil contra Danone, el primer ministro Dominique de Villepin puso en circulación la fórmula "patriotismo económico" para justificar el deseo francés de no ver absorbida una de las grandes marcas de la industria alimentaria nacional por otra estadounidense.

La fórmula tenía que ver con dos cosas: con la tradición gaullista, hecha de un constante elogio a la capacidad de mantener la independencia en todos los sectores estimados estratégicos, y con la también constante confusión existente en París entre los términos "Francia" y "Europa", tan convencidos están todos sus políticos de representar mejor que nadie los intereses de un continente que no tomó su forma política moderna de conglomerado de Estados-nación hasta haber conocido la amenaza imperial de manos de Napoleón.

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Lo que ahora se acuerde para GDF será también aplicable a la eléctrica EDF, cuyos títulos siguen en un 87% en manos del Estado
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La reciente tentativa del italiano Enel por hacerse con el franco-belga Suez ha ofrecido la primera aplicación práctica del "patriotismo económico". Llegando, al final, a que el Gobierno francés haya anunciado la adopción de medidas legales destinadas a reforzar el "patriotismo económico", utilizando a la Caisse des Dépôts et Consignations, un banco público, para aumentar sus inversiones en acciones de empresas francesas y reducir así su vulnerabilidad frente a OPA hostiles.

Desde hacía algunos meses, Suez -especializada en electricidad y agua, bien implantada en Estados Unidos, Bélgica y Francia, y presente en Italia, Hungría, Polonia y Turquía- mantenía contactos con Gaz de France (GDF), sobre todo potente en distribución de gas en Francia, pero con participaciones en otros países e interesada en diversificarse en el terreno de la electricidad. Esos contactos topaban con el estatuto de GDF, cuyo capital está aún en manos del Estado que, además, se ha comprometido por ley a no reducir su participación por debajo del 70%.

Compromisos

Esa frontera del 70% deberá ser rebajada y eso exigirá no sólo un voto favorable de la Asamblea Nacional sino también la aprobación o, cuando menos, la benevolencia de los sindicatos, no en vano lo que ahora se acuerde para GDF será también aplicable a la eléctrica EDF, cuyos títulos siguen estando en un 87% en poder del Estado. El compromiso de mantener ciertas obligaciones de servicio público -ofrecer electricidad y gas a todos los ciudadanos, suministro de idéntica calidad y precio sea cual sea el emplazamiento de su domicilio o negocio- y el de no modificar ciertos privilegios adquiridos de los trabajadores -jubilación más temprana, planes de pensiones- son un reto asumible.

Más difícil es resolver, en plazo breve, el embrollo que une EDF y GDF: tienen 46.000 trabajadores en común. En efecto, gran parte de los trabajadores que se ocupan de la red de suministro lo hacen para las dos sociedades que, a partir de julio de 2007, entrarán en concurrencia directa para hacerse con la clientela particular, sensible a tratar con una sola sociedad a la hora de contratar el suministro de gas y electricidad, una sinergia que estará en manos del grupo resultante de la fusión de Suez y GDF pero no, de momento, en las del gigante EDF, con su valor en Bolsa de 81.000 millones de euros y un volumen de negocio de 51.100 millones.

El hecho mismo de que la controvertida fusión se hiciese pública desde Matignon por un primer ministro acompañado del titular de la cartera de Economía y los dos PDG de las dos sociedades hace evidente el voluntarismo político de la maniobra. Enel y el Gobierno italiano no han dejado de subrayarlo y quieren recurrir ante las autoridades comunitarias ante un ejemplo de "distorsión de la libre concurrencia". Es más, en Italia no comprenden por qué ellos aceptan que la Banca del Lavoro pase a manos de BNP-Paribas o que la eléctrica Edison puedan tener como accionista de referencia a EDF cuando a Enel no se le aplica la recíproca.

El problema para el Ejecutivo italiano es que él, tras el escándalo del antiguo presidente del Banco di Italia, no está en situación de tirar la primera piedra. En su día, ante la imposibilidad de hacer coexistir diversas industrias nacionales aeronáuticas y militares, se puso en pie el conglomerado EADS, pero eran años en que la UE tenía proyectos y ambiciones. Hoy, la UE anda detenida, por no decir en fase -provisional(?)- de desmantelamiento, y no precisamente a causa del "no" francés a una Constitución que no resolvía problemas de dumping social, de fiscalidad comunitaria, de política exterior común, ni daba al Ejecutivo de Bruselas una orientación federal. Francia, ante la nula voluntad de la UE de tomarse en serio aquello de la "Europa potencia", opta por renacionalizar.

Para los sindicatos, el tono gaullista de Villepin es una cortina de humo. De entrada, porque, en contra de lo que se dice, no es GDF la que engulle a Suez sino al revés. ¿Cómo se explica si no que Gérard Mestrallet -de Suez- vaya a ser el nuevo presidente ejecutivo del grupo fusionado? Porque el problema no es mantener bajo control francés una empresa estratégica sino privatizarla. "El intercambio de acciones va a suponer que la parte del Estado quede entre el 34% y el 38%", dice un portavoz de la CGT.

Y teme que poco después ese porcentaje se transforme en una acción de oro válida sólo un tiempo para, a fin de cuentas, acabar poniendo en manos privadas todos los títulos de propiedad. "Mientras hubo que invertir, eso corrió a cuenta del Estado. Ahora, cuando lo que se trata es de repartirse los beneficios, el Estado se los da a los privados", explica el líder del sector energético del tradicionalmente moderado y negociador CFDT.

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