Argentina, Brasil y Venezuela sientan las bases del gasoducto transamazónico

Los estudios de viabilidad del proyecto bautizado como Gran Gasoducto Suramericano costarán 7,6 millones de euros y serán pagados a partes iguales por los gobiernos de Argentina, Brasil y Venezuela, según lo acordado por los representantes de los tres países, que ayer terminaron una reunión de dos jornadas en Caracas. La reunión, de la que poca información ha trascendido, la encabezaron los ministros de Energía y Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, de Energía de Brasil, Silas Rondeau, y de Planificación Federal de Argentina, Julio de Vido.

El proyecto, considerado el más ambicioso en el campo de la integración energética suramericana, tendrá un coste de alrededor de unos 20.000 millones de euros y debería iniciar sus operaciones en 2012. Según un comunicado emitido por la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), además de varias decisiones sobre aspectos técnicos, los ministros acordaron rendir un amplio informe a las autoridades de Bolivia, país que ha mostrado algún recelo en torno a este gasoducto, ya que podría significar arrebatarle cuota de mercado. Bolivia posee las segundas mayores reservas de gas de América del Sur, después de las venezolanas. Adicionalmente, redoblarán los esfuerzos para incorporar a Uruguay y extenderán la invitación a todos los otros países de la región.

La contratación del consorcio que se encargará de los estudios preliminares estará a cargo de PDVSA. El Gran Gasoducto Suramericano recorrerá 8.000 kilómetros desde el sur de Venezuela hasta Buenos Aires, cruzando Brasil de un extremo a otro. Cuando se encuentre en su fase de plena operación, transportará 150 millones de metros cúbicos de gas.

Críticas a la obra

La obra ha sido muy criticada desde varios sectores. En primer lugar, se encuentran los técnicos, que pronostican que resultará un fracaso desde el punto de vista de la rentabilidad, puesto que el gas venezolano llevado por la tubería a Brasil y Argentina resultará tres veces más caro que el boliviano, razón por la cual sólo podrá competir si Venezuela lo subsidia. Otros críticos del proyecto son los grupos indigenistas y ecologistas que han alertado sobre el impacto ambiental que tendrán los trabajos de construcción y, posteriormente, la operación del gasoducto, sobre las comunidades originarias asentadas en la selva Amazónica.

Frente a estas preocupaciones, el gobierno venezolano, principal promotor del proyecto, ha señalado que se trata de una obra con sentido social, que favorecerá a todas las comunidades, tanto indígenas como urbanas, que se encuentren en la ruta del gasoducto. El proyecto es considerado la carta de presentación de Venezuela como miembro pleno del Mercosur, status que adquirió el año pasado.