'The New York Times', contra Bush

La revista The Nation resume así el asunto de las escuchas ilegales en Estados Unidos: "La Administración de George W. Bush no es una dictadura, pero tiene todas las características de un embrión de dictadura". "Los Gobiernos que desatan guerras ilegales engañan a sus ciudadanos, violan sus derechos, abusan del poder y se saltan leyes, rechazan ser investigados desde el poder judicial y legislativo, claman poseer poder sin límites, torturan prisioneros y actúan en secreto tienen un solo nombre: dictaduras".

Para The Nation, el presidente George W. Bush se mueve en canales ajenos a los constitucionalmente establecidos. "Sí, estoy por encima de la ley. Yo soy la ley. Y si no os gusta os desafío a que hagáis algo al respecto", viene a decir el presidente, según la revista estadounidense.

Con la defensa numantina hecha por Bush sobre su autorización a los servicios de espionaje estadounidenses tras el 11-S para que interceptaran mensajes de correo electrónico y pincharan teléfonos en busca de indicios de actos terroristas pero sin recurrir a ningún mandato judicial ha quedado al descubierto más que nunca el carácter autoritario de la actual Administración.

Esta semana, The New York Times decidía sacar a los ciudadanos del oscurantismo. El diario presentaba una demanda ante un tribunal federal para que el Departamento de Defensa libere documentos sobre las escuchas ilegales que el Gobierno de Bush ordenó a partir de 2001. El Times ya había solicitado los documentos en diciembre pasado invocando la Ley de Libertad de Información (FOIA, en sus siglas en inglés), pero se ha visto obligado a acudir a la justicia por no estar satisfecho con la respuesta del Pentágono de que la solicitud estaba "siendo procesada lo más rápidamente posible", según la demanda de seis páginas presentada ante un juzgado federal de Nueva York.

La FOIA obliga a la Casa Blanca a entregar la documentación sobre el programa de espionaje del Organismo de Seguridad Nacional (NSA), que controló las comunicaciones internacionales de un número indeterminado de ciudadanos estadounidenses. Si el Departamento de Defensa no entrega los papeles, el periódico reclama que justifique la razón por la que los deniega.

Promulgada en 1966, la Ley de Libertad de Información fue la primera legislación en establecer un derecho jurídico eficaz de acceso a la información gubernamental subrayando la necesidad crucial en una democracia de acceso abierto a los ciudadanos a la información de la Casa Blanca.

En los últimos 40 años, los ciudadanos, estudiantes y reporteros han usado la FOIA para obtener información gubernamental vital y valiosa. Como aseguró el presidente Bill Clinton: "Esta legislación no sólo afirma la importancia, sino también el desafío de mantener la apertura en el Gobierno".

Para el abogado de The New York Times, David McCraw, el caso de las escuchas ilegales es lo suficientemente grave como para invocar la Ley de Libertad de Información. "Los hechos tienen una relevancia suficiente como para que nuestros reporteros trabajen en ella, y el camino para hacerlo es a través de esta ley", asegura.

El citado periódico neoyorquino fue el que reveló en diciembre pasado la existencia del programa secreto de espionaje. Desde ese momento, la polémica no ha abandonado Washington y las críticas sobre cómo Bush está gestionando su declarada guerra contra el terrorismo se han sucedido en cascada. El mandatario calificó la divulgación del programa por el Times como un "acto vergonzoso" que ponía en peligro al país. Entonces, el diario reclamó al Gobierno información sobre el programa de escuchas cobijándose en la Ley de Libertad de Información, que concede a los organismos públicos 20 días hábiles para dar una respuesta. Ante la falta de contestación, The New York Times ha llevado al Pentágono ante los tribunales.

Otro de los objetivos del diario a la hora de requerir la entrega de informes internos y correspondencia es descubrir si existía disidencia dentro de la Administración sobre si poner en marcha el programa o no. También exige los nombres de las personas o grupos identificados en el programa de vigilancia de Bush en el que se interceptaban comunicaciones dentro del país presuntamente vinculadas a Al Qaeda tras los ataques del 11 de septiembre.

Cuando el presidente Bush admitió de forma reiterada que había ordenado el programa de escuchas tomó una decisión: "Abusar de su poder presidencial como no se ha hecho en la historia americana", puntualiza The Nation.