Consejo contra Congreso

Dos semanas de tregua y vuelta al conflicto. Después de la aprobación de un informe contrario al Estatuto de Cataluña que ni el Parlamento ni el Gobierno le habían pedido, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -en el que los vocales propuestos por el PP son mayoría- ha planteado un nuevo pulso al Congreso con la negativa de su presidente, Francisco José Hernando, a comparecer ante la Comisión de Justicia. Es el último capítulo de un desencuentro que comenzó con la llegada del PSOE al Gobierno. Éstos son algunos de sus momentos más sonados.

- Una cita y cuatro excusas. El pasado 21 de febrero, el Congreso acordó citar a Hernando "para informar de la aplicación de la ley en el cumplimiento de penas por delitos de terrorismo", según el orden del día de la Comisión de Justicia, para el 8 de marzo. Desde entonces, el presidente ha intentado hasta en cuatro ocasiones esquivar esa cita. Su primera excusa tenía que ver con su agenda. El Consejo tenía prevista para ese día su reunión plenaria quincenal. Para evitar la coincidencia, la Cámara decidió adelantar su reunión un día.

Los progresistas creen que la Constitución obliga a Hernando a acudir al Congreso

El martes fueron sus compañeros del sector conservador del CGPJ los que le aconsejaron que no asistiera a la comisión basándose en que su objeto era comentar el cambio de criterio en la aplicación de las penas que el Supremo impuso con la sentencia al etarra Henri Parot. "Las sentencias se explican por sí mismas", argumentaron los vocales del sector mayoritario.

En la Sala de Gobierno del Supremo, Hernando buscó el jueves nuevos apoyos para justificar una negativa a comparecer, pidiendo opinión sobre la procedencia de informar sobre Parot. "La Sala de Gobierno no estima oportuno, con carácter general, que el presidente del Supremo, en su condición de tal, comparezca ante las Cámaras para tratar sobre decisiones jurisdiccionales", decía el acuerdo, que evitó referirse expresamente a la cita del día 7, según miembros de esa Sala. Con ese documento y el apoyo de sus vocales más cercanos, el presidente pidió al Congreso que reconsiderase su convocatoria.

Los vocales progresistas coinciden con la mayoría en que Hernando no puede comentar ni explicar decisiones judiciales, pero aseguran que la Constitución le obliga a comparecer. "Hernando debe acudir, aunque debe evitar contestar sobre casos concretos", explicaron. Los conservadores consideran sin embargo que esa obligación constitucional sólo afecta a las comisiones de investigación y no a las ordinarias, como la de Justicia.

- Cuando el presidente habla. Hernando, la autoridad judicial más importante de España, está al frente del órgano que garantiza la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, comenta a menudo asuntos que debate el Legislativo y sus declaraciones suelen coincidir con los postulados del PP, partido del que, por ejemplo, ha asumido la tesis de que "el Estatuto [catalán] no se puede reformar a espaldas de 10 millones de españoles". En enero, el presidente comparó el aprendizaje del catalán entre los jueces con las sevillanas, con el consiguiente revuelo entre los partidos catalanes, y a principios de febrero avaló la propuesta de referéndum contra el Estatuto para la que el PP pide firmas.

- Jueces contra diputados. Los acuerdos del CGPJ también suelen chocar con los asuntos del Parlamento. Tras la redacción del proyecto de ley sobre el matrimonio gay, los votos de los conservadores bastaron para aprobar un informe en la Comisión de Estudios que ni el Parlamento ni el Gobierno habían solicitado, y en el que comparaban esa institución con la unión entre un hombre y un animal o varias personas. La referencia animal se eliminó en la votación en el pleno, donde los conservadores volvieron a aprobarlo. El pasado noviembre, esa misma comisión aprobó otro informe contrario a la propuesta de Estatuto días después de que el Congreso rechazara expresamente una propuesta del PP para pedirle opinión. La Cámara reaccionó con tres resoluciones que exigían que no interfiriera en la labor legislativa, pero el 25 de enero, dos días después de que el Gobierno y CiU acordaran las enmiendas al texto, el pleno aprobó el informe junto a una declaración en la que retaba al Congreso a acudir al Constitucional si consideraba que el Consejo se extralimitaba.

- Difícil renovación. El mandato del CGPJ caduca en noviembre, pero con toda probabilidad se prorrogará hasta bien entrado 2007. Las formaciones que apoyan al Gobierno socialista en el Congreso no alcanzan los tres quintos necesarios para elegir nuevos vocales, y en el Senado, el PP es la fuerza más representada. Los vocales progresistas creen que en ese caso el Consejo debería quedar "en funciones" para decidir sólo sobre cuestiones de gestión. Los conservadores, sin embargo, se niegan a aceptarlo. "Somos el órgano de gobierno de los jueces y los jueces no se pueden quedar sin gobierno", concluye uno de ellos.