El debate público del Estatut

Nadie duda de que el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, que llegará esta semana a la Comisión Constitucional, probablemente el miércoles, supone un avance importante en las competencias de autogobierno de Cataluña y un fortalecimiento muy señalado de sus instituciones. Desde el punto de vista del funcionamiento cotidiano del Estado, una de sus mayores innovaciones, quizá no suficientemente valorada, será la gran presencia de la Generalitat en áreas de decisión del Gobierno central. No se trata, desde luego, de un derecho de veto, ni tan siquiera de una presencia decisoria, como hubiera querido el borrador enviado por el Parlament catalán, pero sí de una voz a consultar y a tener en cuenta en multitud de asuntos generales, grandes y medianos, de competencia estatal.

El 'modelo catalán' hará que la opinión de Cataluña, Andalucía y Madrid se tenga en cuenta mucho más que ahora en el funcionamiento del Estado

Es muy probable que éste sea, precisamente, uno de los elementos que terminarán copiando con más rapidez los estatutos de las demás comunidades autónomas, para las que el texto catalán se convertirá enseguida en un importante punto de referencia. En cualquier caso, la nueva etapa hará que el funcionamiento del Estado sea, para unos, más complejo y adecuado a la realidad territorial de España, y para otros, simplemente, más complicado. "Desde luego, un Estado en el que la opinión de Cataluña, Andalucía y Madrid, con más de la mitad del PIB y casi la mitad de la población, será tenida en cuenta mucho más", asegura un diputado experto constitucionalista.

Superada la importante negociación de la ponencia, con la reforma del difícil y fatigoso preámbulo que defendió a capa y espada Pasqual Maragall, los trabajos de la Comisión Constitucional serán el primer escenario público en el que los pesos pesados de cada partido tendrán ocasión de exponer, y defender, artículo por artículo, sus posiciones. Las dos participaciones más esperadas son las de los portavoces del Partido Popular y de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

Del PP, ya se sabe que su estrategia será de oposición prácticamente total, como lo prueba el hecho de que casi todas sus enmiendas son, sencillamente, enmiendas de supresión (y vuelta al texto del Estatuto anterior). Lo interesante no será, pues, su voto, bien conocido, sino la manera en la que lo exponen y defienden y los portavoces en los que Mariano Rajoy confía para esa tarea.

Los debates en torno al Estatut, explican sin disimulo en la dirección del PP, han sido, hasta ahora, los que mejor "resultado" han dado a los populares, desde el punto de vista de los sondeos y encuestas de opinión. Los trabajos de la Comisión se enfocan, pues, en el Partido Popular como una nueva ocasión de "reavivar" la polémica. "El Estatut desapareció casi de golpe de la actualidad política en los últimos días, pero, con la apertura de la Comisión Constitucional, intentaremos que vuelva a estar en primera línea", advierte un dirigente del PP. Para cuando llegue al pleno, dentro de dos semanas aproximadamente, los populares tendrán ya finalizada su recogida de firmas para pedir al Gobierno que convoque un referéndum nacional al respecto, algo imposible, pero con una gran acogida mediática. Una segunda "oportunidad" popular para mantener vivo el debate del Estatut llegará cuando el texto entre en el Senado, donde el PP tiene una presencia muy destacada.

Dos votaciones

Los socialistas reconocen que el debate del Estatut "no nos ha aportado nada, ni al partido ni al Gobierno, a nivel nacional", en palabras de un responsable parlamentario. "Incluso lo contrario: nos ha hecho bajar en las encuestas", puntualiza un diputado. "Son cosas que toca hacer y que hay que hacer", es, casi, la expresión más extendida en el grupo parlamentario socialista, diputados catalanes aparte.

La principal duda que rodeará el debate del Estatut en la Comisión Constitucional será la posición de ERC, que tendrá que quedar clara en las dos votaciones previstas, primero al final de los trabajos de la Comisión y, después, en el pleno del Congreso. De momento, los socialistas descartan casi completamente que Esquerra se decante por un voto negativo. "Votar no les llevaría claramente a salir del Gobierno tripartito de Cataluña", aventura un dirigente regional del PSOE.

Desde su punto de vista, la abstención sería más probable porque les permitiría, por lo menos, luchar por esa permanencia, con el apoyo decidido del propio president Maragall. La principal inquietud sería entonces el efecto de la abstención de los seguidores de ERC en el referéndum del nuevo Estatut (probablemente, en mayo-junio). El anterior fue aprobado con un 59% de participación y un 88% de voto afirmativo.