Expediente al Ayuntamiento de Barcelona por identificar a prostitutas

La Agencia de Protección de Datos, adscrita a la Generalitat, ha abierto un expediente al Ayuntamiento de Barcelona por supuesto uso abusivo de la nueva ordenanza cívica al identificar en la calle de manera irregular a las prostitutas, segun informó ayer La Vanguardia.

La apertura de este expediente responde a una denuncia presentada el 2 de febrero por una abogada del colectivo Àmbit Protecció-Dones, una organización no gubernamental dedicada a proteger y defender los derechos de las trabajadoras sexuales y los travestidos.

En la denuncia se asegura que la Guardia Urbana se ha excedido en sus atribuciones al requerir a las prostitutas en la calle su nombre, filiación completa, número de pasaporte o carnet de identidad y dirección, con la excusa de que tenían que hacer constar estos datos en un formulario que se les entregaba al momento y en el que se recogían de manera sintetizada algunos de los artículos de la nueva ordenanza cívica.

La denunciante plantea la posibilidad de que con esta operación la Guardia Urbana estuviera confeccionando de manera encubierta y disimulada un censo de las prostitutas de Barcelona.

El Ayuntamiento, que semanas atrás había negado llevar a cabo cualquier operación destinada a crear un censo de prostitutas, aseguró ayer en una nota pública que recurrirá contra el expediente de la Agencia de Protección de Datos y añadió que se habían estado utililizando y entregando de manera personalizada los polémicos formularios para tener la seguridad de que las prostitutas eran informadas de la ordenanza. Además recalcó en la mencionada nota que este formulario servía de advertencia previa a la aplicación de la denuncia y la subsiguiente sanción.

Defecto formal

El consistorio ha reconocido, sin embargo, que los formularios adolecían de algún defecto formal, ya que en el escrito no se hacía ninguna referencia a las razones por las que se recogían los datos personales. Como consecuencia de este error, ha decidido provisionalmente dejar de utilizar este tipo de formularios y notificar la ordenanza de manera verbal.

Por otra parte, la Asociación de Chiringuitos de las Playas de Barcelona ha pedido al Ayuntamiento que aplique con toda dureza la nueva ordenanza cívica para erradicar la venta de latas de bebidas refrescantes en las playas, ya que supone una competencia irregular por parte de unos individuos que no pagan licencia ni impuestos.

Los empresarios de los chiringuitos, que en algunos casos han llegado a pagar 100.000 euros por las licencias de sus establecimientos, reclaman asimismo que las fuerzas de seguridad pongan punto final a otra serie de actividades comerciales ilegales que se efectúan en verano en las playas, entre las que se encuentran las llevadas a cabo por trileros y masajistas.