El gasto por habitante de los ayuntamientos creció cerca de un 11% durante 2003

El gasto total por habitante de los ayuntamientos vascos creció cerca de un 11% en 2003, más del cuádruple de la inflación de ese año, según los datos del informe del Tribunal Vasco de Cuentas sobre entidades locales referidos a ese ejercicio, el último auditado. La presión fiscal municipal -la suma de los ingresos por impuestos, tasas y precios públicos- se ha atemperado y creció un 2,7%, frente al 6,7% de 2002, hasta situarse en una media de 409 euros por habitante. El endeudamiento de los consistorios supera ya los 536 millones de euros, es decir 255 euros por vecino.

El informe anual de fiscalización de los datos económicos y financieros municipales ha analizado las cuentas de 243 de los 250 ayuntamientos existentes en dicho ejercicio (ahora son 251 tras la desanexión del vizcaíno de Bolibar). Siete consistorios se han negado a aportar sus datos al Tribunal de Cuentas: los vizcaínos de Otxandio, Izurtza, Ondarroa y Meñaka y los alaveses de Armiñón, Harana y Berantevilla. El informe reprocha que estos tres últimos y los de Ondarroa e Izurtza vienen incumpliendo "con esta obligación de forma reiterada" durante los últimos años.

El máximo órgano fiscalizador vasco resalta la "evolución negativa" de las cuentas locales en el periodo entre 1999 y 2003, debido a que el incremento de los ingresos corrientes y el descenso de la carga financiera -lo que cada año se debe pagar por la deuda viva- no ha compensado el aumento de los gastos de funcionamiento. Éstos crecen un 10,66%, un incremento cuatro veces superior a la inflación, y mantienen el aumento constatado en 2002, cuando se llegó al 10,21%

El gasto total por habitante es superior en los ayuntamientos que cuentan con más de 50.000 vecinos: en las tres capitales supera los 1.100 euros por habitante y en el resto oscila entre los 1.009 de Irún y los 893 de media en Portugalete. El informe señala que estos costes de funcionamiento, que incluyen el personal, compras y servicios y transferencias y subvenciones corrientes, se han incrementado más de un 30% en nueve consistorios con menos de 1.000 habitantes.

La inversión neta por persona, que se ha incrementado en los tres territorios, sitúa a Vizcaya en 850 euros por vecino; en Guipúzcoa, en 1.075 y en Alava, en 1.127. El tribunal destaca que el ahorro neto sólo creció en Guipúzcoa, con un 5,1%, mientras que en Vizcaya se redujo en un 15,5% y en Álava, un 11,8%. "Un total de 134 ayuntamientos presentan en el periodo analizado una disminución del ahorro neto", agrega el informe.

Deuda de 536 millones

La presión fiscal local se sitúa en una media de 409 euros por habitante, con un aumento del 2,7%, con lo que se atempera la gran subida de 2002, cuando se elevó en un 6,7%. Durante la década de los 90 hubo varios ejercicios en los que el Tribunal de Cuentas constató subidas anuales de la presión fiscal cercanas al 10%. El informe identifica a los 14 ayuntamientos donde se pagan más impuestos (ver gráfico), lo que se explica por diversas razones como mayor actividad constructora e industrial, pero también un valor catastral o tasas y precios públicos superiores.

El endeudamiento municipal ascendió en 2003 a más de 536 millones de euros, lo que supone una media de 255 euros por habitante. Esa cifra significa un descenso del 9,2% con respecto a 2002, cuando alcanzaba los 281 por vecino. La carga financiera asciende a 51 euros por residente en el conjunto del País Vasco, pero existen diferencias significativas entre los tres territorios: en Álava el pago anual de la deuda llega a 10 euros por habitante, mientras que en Vizcaya es cinco veces mayor (50 euros) y en Guipúzcoa, casi siete veces superior (69 euros por vecino).

El órgano fiscalizador analiza también las cuentas de las entidades supramunicipales, cuyo endeudamiento sumó 455 millones. El 89% de esa cantidad corresponde al Consorcio de Transportes de Vizcaya, la entidad participada al 50% por el Gobierno y la Diputación vizcaína, que se encarga de financiar la construcción del metro. El tribunal censura que las entidades supramunicipales financien principalmente sus servicios mediante subvenciones y pide un análisis de los costes.