El Gobierno debate hoy medidas contra la entrada de E.ON en Endesa

El Gobierno aprobará hoy medidas defensivas contra la entrada de E.ON en el sector energético. Con ese fin, debatirá reforzar las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que pueda examinar la operación. Además, prohibirá a las eléctricas comprar y vender electricidad en la misma franja horaria. Esto limitará hasta en un 80% el déficit de tarifa, un concepto por el que las empresas ingresaron el pasado año 3.581 millones de euros y que se ha desbordado en lo que va de año. Las empresas tampoco podrán jugar con los derechos de emisión de CO2 para aumentar ingresos.

El secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura, adelantó ayer en el Senado la filosofía del Gobierno en cuanto a la competencia de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) frente a la OPA de E.ON sobre Endesa. Según dijo Segura, la legislación española es "asimétrica", ya que permite al regulador pronunciarse en operaciones de pequeñas empresas españolas (garantizando que las operaciones no afectan al transporte y a la distribución de energía) y lo impide en grandes operaciones como la que está en marcha.

Por ello, el Gobierno debatirá la aprobación de un real decreto para reforzar las funciones de la CNE, fijadas en la Ley de Hidrocarburos de 1998, de forma que pueda examinar operaciones de calado como la que ahora protagoniza E.ON con su oferta de 29.100 millones sobre la primera eléctrica española.

Los conceptos a reforzar en la legislación que afecta a la CNE, según las fuentes consultadas, serían los de "garantía y seguridad de suministro" e "interés general". La consideración jurídica y legal de la electricidad ha variado en los últimos años, pasando de ser un bien público a ser un objeto de interés económico general.

Además del debate sobre el refuerzo de la CNE, lo que puede introducir nuevos elementos en la tramitación de la OPA de E.ON, el Gobierno aprobará buena parte de las medidas que el ministro de Industria, José Montilla, adelantó en un acto público el pasado día 7.

Aprovechando la trasposición a la legislación de las directivas liberalizadoras del gas y de la electricidad de la Unión Europea, el Gobierno intentará sujetar algunos elementos del mercado de la electricidad que están prácticamente fuera de control.

Compraventas eléctricas

Con ese fin, prohibirá que las compañías eléctricas compren y vendan electricidad en el mercado mayorista (el espacio donde se casa la oferta y la demenda) en la misma franja horaria. Así, se evita la posibilidad de que los precios aumenten de forma ficticia y se limita que engorde el déficit tarifario, la diferencia entre lo que cuesta producir electricidad y lo que las compañías ingresan por tarifas. El déficit no afecta de forma inmediata y directa a las tarifas que pagan los usuarios domésticos, pero es crucial para determinar la subida anual de la luz.

Por ese déficit, del que el Gobierno sospecha que está manipulado (el Ministerio de Industria ha solicitado una investigación a la CNE), las eléctricas ingresaron el pasado año 3.581 millones de euros. Con la limitación, el Ejecutivo espera reducir el déficit en un 80%. Sólo en el mes de enero, la diferencia gastos-ingresos ha crecido a un ritmo de 20 millones al día, una progresión que, de mantenerse, elevaría el déficit a fin de año por encima de los 6.000 millones de euros.

Otro importante paso que se dispone a dar el Gobierno es aclarar qué están haciendo las empresas con los derechos gratuitos de emisión de CO2 que les adjudicó en 2004 en el Plan Nacional de Asignación de Emisiones para cumplir el Protocolo de Kioto.

Según sostienen las fuentes de la Administración consultadas, la idea es evitar que esos derechos (más de 250 millones de toneladas de CO2 en el sector eléctrico en tres años), adjudicados gratis a las empresas, acaben siendo incorporados como costes de producción por las compañías y acaben, por extensión, encareciendo los precios en el mercado y contribuyendo así al déficit. Unam forma de "cobrar dos veces los derechos" que, en su día, fue denunciada públicamente por Iberdrola, en evidente ataque a su rival Endesa.

Recorte de 1.200 millones

Por esta vía de los derechos de emisión, las empresas, y especialmente Endesa (es la eléctrica con más derechos, puesto que tiene el mayor número de centrales de carbón) pueden sufrir un recorte de ingresos de en torno a 1.200 millones de euros.

Fuentes cercanas al Ejecutivo daban por descontado ayer que las compañías eléctricas recurrirán las decisiones que se aprobarán hoy.

La decisión de tomar medidas contra la entrada del grupo alemán E.ON en España está influida, de alguna forma, por un hecho cierto. En la mayor parte de los países europeos, los mayores distribuidores de electricidad y de gas tienen mayoría de capital nacional.

Es el caso de Alemania (con E.ON y RWE), de Francia (EDF, GDF ), de Italia (ENI y Enel), Grecia (PPC y Depa), Portugal (EDP y Galp) y Austria (Verbund). En todos los casos señalados, además, existe capital público en la compañías.