La Fiscalía quiere que los funcionarios responsables de la Intervención del Ayuntamiento de Sevilla en el periodo 2000-2005 declaren en el juzgado como imputados por la polémica de las facturas falsas. El ministerio público entiende que los interventores, cuya función es controlar las cuentas municipales y velar por la legalidad de los gastos, son responsables de un supuesto delito de cooperación para la malversación de fondos públicos.
En la década de 1990, CiU encargó y pagó desde el Gobierno de Cataluña al menos una decena de encuestas para averiguar cómo lograr la alcaldía de Barcelona desbancando primero a Pasqual Maragall y más tarde a su sucesor, Joan Clos. La obsesión de CiU por Maragall se plasma en algunos de estos textos de contenido más ideológico que informativo.
La ampliación de la red de parquímetros encuentra cada día mayor oposición. Medio millar de vecinos del distrito de Fuencarral cortaron ayer el tráfico de la avenida de la Ilustración para protestar contra esta medida. Es el tercer día consecutivo en que los residentes de la calle de Sangenjo exigen al Ayuntamiento la retirada de los parquímetros.
La ampliación del estadio de Mestalla ha quedado definitivamente anulada. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que dejó sin efecto la modificación del plan general que permitió las obras, aprobada por el Ayuntamiento de Valencia en 1998 y refrendada un año después por la entonces Consejería de Obras Públicas.
El Gobierno vasco confirmó ayer que tres interventores se han hecho cargo ya de las tres cámaras de la Propiedad Urbana, tras entrar en vigor el decreto que las liquida como corporaciones de derecho público. Su publicación el martes en el Boletín Oficial del País Vasco ha puesto en marcha el proceso.
