El fiscal solicita que se impute al interventor municipal de Sevilla por las facturas falsas

La Fiscalía quiere que los funcionarios responsables de la Intervención del Ayuntamiento de Sevilla en el periodo 2000-2005 declaren en el juzgado como imputados por la polémica de las facturas falsas. El ministerio público entiende que los interventores, cuya función es controlar las cuentas municipales y velar por la legalidad de los gastos, son responsables de un supuesto delito de cooperación para la malversación de fondos públicos. El fiscal considera que los interventores tenían que haber detectado y denunciado las supuestas irregularidades detectadas en un distrito de la capital.

La petición del fiscal de imputar a los responsables de la Intervención municipal se produce en la investigación del pago duplicado de una factura en el distrito Triana-Los Remedios en el año 2000. En esa época, el distrito era dirigido por la concejal andalucista Isabel Guerra-Librero, que está imputada por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos y falsedad en documento.

El fiscal considera que los responsables de la Intervención deben declarar como imputados por un supuesto delito de cooperación necesaria para la malversación de fondos públicos y otro de prevaricación.

El argumento que defiende el fiscal es que la Intervención municipal es responsable del control de las cuentas de los ayuntamientos y que, por tanto, su deber era detectar cualquier irregularidad y tomar medidas para corregirla.

Fuentes judiciales afirmaron ayer que la Intervención dirigió un escrito a Guerra-Librero cuando estaba al frente de ese distrito sevillano para que subsanara determinadas irregularidades que habían descubierto en sus cuentas.

El responsable de la Intervención del Ayuntamiento de Sevilla entre 2000 y 2004 fue Agustín Murillo, quien ya ha fallecido. Eduardo Molina ocupó el puesto desde esa fecha hasta el 1 de abril de 2005, cuando tomó el relevo Miguel Bravo.

Pago de 1.500 euros

La Fiscalía sevillana solicitará la citación como imputados de estos funcionarios municipales a la juez de Instrucción 5 de Sevilla, Silvia Soto, que investiga el supuesto pago duplicado de una factura de casi 1.500 euros a un empresario imputado por el montaje y desmontaje de un escenario para la velá de Santa Anita, en el barrio de El Tardón.

La decisión del fiscal se produjo después de que la secretaria del distrito que emitió la factura irregular en el año 2000, Rosa Ortega, dijese ayer ante la juez que todo era fruto de "un error". El martes, la concejal Guerra Librero había manifestado que Rosa Ortega era quien confeccionaba los cheques; se los entregaba para la firma y quien contrataba con las empresas.

El empresario que cobró el dinero manifestó que no comprobó los cheques porque facturaba 300.000 euros al año con el Ayuntamiento de Sevilla. El empresario devolvió las cantidades cobradas indebidamente.

El paso que ha dado el fiscal que investiga este caso contrasta con la actuación del Ministerio Público en otros procedimientos judiciales similares. Esta decisión, por ejemplo, no se ha adoptado en la investigación de las supuestas facturas falsas en el distrito Macarena. La Fiscalía tampoco ha recurrido el archivo decretado por el Juzgado de Instrucción 5 de Sevilla por otro caso de supuesto cobro irregular de otra factura en el distrito Nervión. En el asunto estaba imputado Rafael Carmona, ex concejal andalucista en el Ayuntamiento hispalense.

El juez que investigó este asunto, José María Méndez, archivó esta causa porque consideró que la duplicación de la factura que pagó Carmona fue un "error administrativo de contabilidad involuntario". Carmona abonó dos veces 1.200 euros a la misma empresa que Guerra Librero por una obra de pavimentación en la calle Venecia. La sociedad devolvió el dinero con los intereses correspondientes.

En el otro procedimiento abierto por el supuesto pago irregular de facturas municipales se instruye en el mismo juzgado que la causa de Guerra-Librero. La magistrada Silvia Soto imputó a seis personas por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos y falsedad en documento oficial.

Así, la investigación afecta a José Antonio García, ex concejal socialista, que era el delegado del distrito Macarena cuando firmó los dos cheques que cobró la empresa COS por dos obras que nunca se habían realizado. Junto a García, están imputados el secretario del distrito José Marín, los empleados municipales y militantes socialistas Manuel Portela y Antonio Pazo, y los empresarios José Pardo y Jesús Barrera. Tanto García como Marín presentaron su dimisión cuando se descubrió el caso, en marzo del año pasado. En este caso, el fiscal tampoco ha pedido la imputación de los responsables de la Intervención municipal.