El Supremo declara ilegales las obras de Mestalla que aprobó el Ayuntamiento

Los vecinos ganan un largo proceso judicial contra la ampliación del estadio

La ampliación del estadio de Mestalla ha quedado definitivamente anulada. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que dejó sin efecto la modificación del plan general que permitió las obras, aprobada por el Ayuntamiento de Valencia en 1998 y refrendada un año después por la entonces Consejería de Obras Públicas. El fallo, que apoya el rechazo a la reforma del movimiento vecinal y los habitantes de los edificios cercanos a Mestalla, abre la vía a una posible demolición de la obra ilegal en medio del debate sobre el traslado del estadio del Valencia CF.

El Supremo desestima todas las alegaciones del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano en octubre de 2002. En ese fallo, el TSJ consideró que la modificación del plan general para ampliar Mestalla -que afectó a las calles de Artes Gráficas, Juan Reglà y las avenidas de Aragón y de Suecia- se aprobó "sin la justificación suficiente" de los nuevos usos del suelo, entre otros argumentos.

El estadio ganó unas 12.000 localidades nuevas en las gradas de la Mar, el Gol Gran y el Gol Xicotet y la reforma supuso la peatonalización de la vía de Artes Gráficas. La ampliación de la tribuna recayente a la avenida de Suecia quedó en suspenso ante la oposición de los vecinos afectados y de la federación, que mantuvieron su rechazo a toda la reforma y acudieron a la vía judicial que ahora se cierra a su favor. La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirma en una sentencia con fecha de 16 de diciembre de 2005 la anulación del acuerdo municipal -que el PP aprobó en solitario frente a las advertencias de la oposición sobre el riesgo de una anulación- y la ratificación del Consell, que dieron vía libre a la ampliación.

Así, las obras son ilegales, y por tanto, la ejecución de la sentencia, si la exige la federación vecinal ante el TSJ, "supondría su derribo", indicó su abogado, Luis Miguel Alventosa, que en la tarde de ayer aún no había tenido acceso a la decisión judicial. También cabe la posibilidad de que el TSJ decrete la ejecución de oficio. La presidenta de la federación, María José Broseta, expresó su alegría por el fallo del Supremo, pero a falta de conocer el texto y debatir la resolución con la junta directiva, prefirió no pronunciarse sobre una petición de derribo o un posible acuerdo de indemnización a los afectados por las obras. "Nosotros creíamos que nuestra actuación era la correcta y que el Valencia no debía hacer esa ampliación como se hizo, por lo que nos sentimos orgullosos de haber seguido en este tema tantos años", dijo Broseta.

El Ayuntamiento de Valencia también aseguró desconocer el fallo y optó por no adelantar su posición. Aunque ajeno al proceso judicial, el Valencia CF, directamente implicado por la anulación de unas obras que costaron millones y se realizaron al amparo de una licencia municipal, restó importancia al asunto. El consejero Manuel Llorente consideró que el asunto "no afecta ahora para nada al Valencia", informa Juan Morenilla. "Se va a hacer un nuevo estadio y Mestalla se va a demoler. Si las obras van según lo previsto, el club tendrá un nuevo campo para el inicio de la temporada 2009-2010. No creo que los vecinos vayan a seguir con las reclamaciones porque está previsto un nuevo campo", auguró Llorente, para quien "no tiene sentido" una posible indemnización a los afectados.

Barberá anunció su intención de levantar el nuevo estadio precisamente una semana antes de conocerse la sentencia del TSJ en 2002. La confirmación del Supremo llega cuando la alcaldesa y el actual presidente del club, Juan Soler, han acordado una operación por la que el nuevo estadio se construirá en una parcela municipal de la avenida de las Cortes Valencianas que el Ayuntamiento cederá a cambio de solares diseminados aún por precisar.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0022, 22 de febrero de 2006.

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