Un informe revisará el programa de ayudas a las víctimas del franquismo

El plan de trabajo del Tribunal Vasco de Cuentas para 2006 incluye la fiscalización del polémico programa de ayudas a las víctimas del franquismo. El Departamento de Asuntos Sociales ha gastado hasta el momento 25,6 millones para abonar un total de 3.174 ayudas.

La semana pasada aprobó un nuevo decreto dirigido a 249 personas cuya solicitud inicial fue rechazada por presentar la documentación fuera de plazo. Este decreto también incluye la compensación para nuevas solicitudes, siempre que cumplan las condiciones de la norma inicial de 2002.

La previsión de la consejería es que se acojan unas mil personas al nuevo decreto, incluyendo quienes vieron rechazada su solicitud en primera instancia. Además, el departamento tendrá en cuenta el paso por batallones forzados y lo equiparará a la prisión al conceder las ayudas. Para ambas acciones, ha presupuestado otros 10,2 millones de euros.

Dentro de su plan de informes para el conjunto del Gobierno, el tribunal también auditara el programa Bizigune de pisos en alquiler, dependiente de Vivienda, y analizará la gestión de los ingresos del Ejecutivo mediante expedientes sancionadores en 2005.

Con relación a la lista de prioridades presentada por el Parlamento, todos los partidos han visto suprimidas en mayor o menor medida algunas de sus peticiones. El PSE fue el que más propuestas incluyó y el que más las ha visto reducirse. Además de la renuncia a auditar los gastos del plan Ibarretxe, el tribunal tampoco fiscalizará la deuda fiscal de los equipos de fútbol vizcaínos, especialmente del Athletic de Bilbao, y los procedimientos desarrollados por la Hacienda de ese territorio.

Partido Popular, PNV y EA centraron sus peticiones en las auditorías de varios ayuntamientos de los tres territorios, pero sólo tres de los 13 que incluyeron en sus listados serán revisados por el tribunal este año: San Sebastián, Etxebarri y Lasarte, junto con las sociedades públicas que dependen de ellos.