El Tribunal de Cuentas renuncia a fiscalizar el gasto del Gobierno en el 'plan Ibarretxe'

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha resuelto no incluir en su plan de auditorías para este año la fiscalización de todos los gastos que realizó el Gobierno para elaborar y difundir el plan Ibarretxe.El máximo órgano auditor vasco alega para descartar ese informe su agenda de trabajo muy cargada. La Comisión de Economía del Parlamento, de la que depende, incluyó dicha fiscalización entre las prioridades para este año. El PSE, que la solicitó, ha pedido al tribunal que explique sus razones para eliminarla. Ya antes de aprobar el texto en septiembre de 2003, el Gobierno reconoció que se había gastado 400.000 euros en mitines en Euskadi y viajes al extranjero para difundir el proyecto.

La Comisión de Economía aprobó el pasado 28 de noviembre por asentimiento de los grupos las prioridades de fiscalización del tribunal para 2006. El órgano auditor, que actúa por delegación del Legislativo, fiscaliza la gestión económica y financiera del sector público de la comunidad autónoma, además de aquellas personas, entidades y sociedades que reciben fondos de carácter público.

La revisión de los gastos derivados de la elaboración y difusión del plan Ibarretxe y su análisis de legalidad se introdujo en el plan de trabajo a petición del PSE, que mostró su satisfacción cuando el resto de partidos dieron su visto bueno. La socialista Joana Madrigal fue la autora de la propuesta y quien defendió la conveniencia de auditar ese gasto. Los partidos que participaron en la reunión de la Comisión de Economía (PNV, PSE, PP y EA) se pusieron de acuerdo para eliminar algunas de las peticiones incluidas en sus respectivos listados iniciales y hacer de esta forma más factible el trabajo del tribunal.

Entre 2002 y 2004, el Gobierno vasco desarrolló numerosas acciones y campañas de difusión de la propuesta soberanista del lehendakari. La oposición ya cuestionó en su momento esta iniciativa por entender que se estaba empleando dinero público para promocionar una iniciativa partidista de reforma estatutaria.

Más de 400.000 euros

Antes incluso de que el Consejo de Gobierno diese luz verde inicial al texto, el Ejecutivo reconoció un gasto de 400.000 euros en actos en Euskadi y en el extranjero para difundir el plan. Después, y entre otras iniciativas de promoción de la propuesta, el Gobierno llegó a buzonear en los domicilios hasta 800.000 folletos con un resumen del texto.

Madrigal ha mostrado su enfado con la renuncia del Tribunal de Cuentas, al que recuerda que se trataba de una prioridad decidida por la Cámara. "No es una práctica habitual que el tribunal rechace determinadas auditorías", recalca.

Según la parlamentaria del PSE, la institución auditora debería abordar una nueva etapa en sus trabajos y dedicarse más a las fiscalizaciones que aportan un valor añadido, como puede ser la del plan Ibarretxe o de los convenios urbanísticos. "Se ha avanzado mucho en las auditorías ordinarias y ahora hay que pensar en otras cosas. No hay nada ni nadie que impida al tribunal cumplir un mandato del Parlamento", zanja.

Desde el órgano fiscalizador se argumenta que la auditoría del plan Ibarretxe "se ha caído" como ha ocurrido con otras propuestas. "No hay que hacer ninguna lectura de otro tipo. No ha existido ninguna tendenciosidad ni nada por el estilo", explican fuentes del tribunal.

Estas mismas fuentes insisten en la tesis de que la agenda de trabajo de la institución se halla muy cargada y le resulta imposible hacer frente a todas las peticiones del Parlamento. "La Comisión de Economía se limita a aprobar un listado extenso y lo que hace es diferir el debate sobre las prioridades a los propios consejeros del tribunal. La comisión debe tener en cuenta nuestra capacidad de trabajo antes de mandar una lista que resulta imposible de cumplir", añaden.

En esta línea, dichas fuentes recuerdan que el tribunal realiza una media de 25 auditorías anuales, de las que cinco son obligatorias todos los ejercicios: la cuenta general del Gobierno vasco, las de las tres diputaciones y la de los ayuntamientos en su conjunto. A la cuenta del Ejecutivo hay que añadir las de las sociedades y entes públicos que dependen de él, como el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza o EITB.

Para Madrigal, los problemas hay que verlos en otro sitio. Por una parte, advierte sobre "la baja productividad" del tribunal. "¿Por qué tiene un índice tan bajo de horas (51%) dedicadas a trabajos de fiscalización en su cómputo anual?", se pregunta. Por otra parte, asegura que juega con informes que ya tiene hechos para "engordar" su programa y "desprecia" otras prioridades.