El presidente de Colombia destituye al jefe del Ejército por las torturas a reclutas

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, destituyó ayer al jefe del Ejército, general Reynaldo Castellanos, a raíz del escándalo por las torturas a 21 soldados durante su instrucción militar. En solidaridad con Castellanos dimitieron dos altos cargos castrenses, el brigadier Luis Coronado y el coronel Jairo Uribe. Para el primero, detrás de la decisión de Uribe hay intereses políticos. "Todos están en campaña, pero no por eso dejaremos que se mancille el nombre de una persona", dijo Coronado. Uribe reemplazó a Castellanos por un general de su confianza, Mario Montoya.

Uribe pasó factura a Castellanos, quien llevaba año y medio en su puesto, porque el Ejército jamás le informó de lo sucedido con los 21 reclutas. El presidente se enteró de lo ocurrido el 25 de enero, hace sólo dos días. Fue mediante un reportaje (texto y fotografías) de la revista Semana, que supo que en un batallón de instrucción del municipio de Piedras, al oeste de Bogotá, una veintena de soldados habían sido torturados y humillados -abusos sexuales, quemaduras, golpes- por no sortear una prueba en la que simulaban escapar de un grupo guerrillero.

"La fuerza pública y el Gobierno tienen que anticiparse con la verdad, no esperar a que vengan los medios de comunicación y publiquen lo que realmente ocurrió", declaró Uribe pasado el mediodía del lunes. Finalmente, en la madrugada de ayer (hora española), tomó la decisión de destituir al general Castellanos. En su lugar, Uribe ha puesto al general Mario Montoya, un militar muy popular entre la tropa y muy amigo del presidente.

Las denuncias de la revista generaron una ola de repudio en todo el país. Los periodistas que realizaron la investigación -puestos sobre la pista por una llamada anónima-, constataron que algunos de los militares directamente implicados creían que la violencia en la instrucción es útil para endurecer el carácter de los soldados. Sin embargo, las vejaciones sólo impulsaron a los soldados maltratados a desahogar su rabia con la población civil cercana al campo de instrucción. Ahora, los 21 soldados serán indemnizados por el Gobierno. De entre ellos, seis han solicitado la baja.

"Me voy con la frente alta, con la convicción de haber cumplido mi deber", dijo ayer el general Castellanos al despedirse de sus hombres, tras su destitución. También desde muchos sectores políticos se alzaron voces en contra de la decisión de Uribe.

"Fue apresurada, injusta, y desproporcionada", explicó el analista Alfredo Rangel, experto en temas de seguridad y candidato al Senado por una de las listas uribistas. Según él, la decisión fue apresurada porque no se tuvo en cuenta que los hechos empezaron a ser investigados dos días después de ocurridos y que ya hay algunos suboficiales detenidos. Cree, además, que si Uribe quería enviar un mensaje de "tolerancia cero", lo lógico hubiese sido achacar la responsabilidad a los oficiales directamente involucrados.

El coronel al mando del batallón donde ocurrieron las torturas y el coronel encargado del centro de instrucción de la VI Brigada fueron suspendidos mientras se aclara el asunto. Desde ayer, la investigación ha pasado de la jurisdicción militar a la civil.

Rangel cree que Uribe se ha "ganado el aplauso de la galería, pero ha ocasionado un gran daño moral a la tropa". El general destituido tenía una hoja de servicios intachable. Nunca ha sido acusado de violar los derechos humanos, algo muy importante en Colombia. También fue el artífice de la victoria táctica más grande del Ejército contra la guerrilla al lograr desarticular los frentes que operaban en los alrededores de Bogotá.