Ante la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

En estas fechas se discute en el Parlamento la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, con la que se cumple la obligada transposición al ordenamiento jurídico español de una directiva europea que adapta los derechos de autor a la nueva situación creada por la digitalización y la aparición de Internet. Desde que se vislumbró el debate, se vienen difundiendo falsedades que únicamente pretenden socavar los derechos de autor, a los que se presenta ante la opinión pública como una entelequia del pasado, injustos y gravosos para el consumidor e incompatibles con la modernidad que simboliza Internet. Al final, lo que se busca es poner a los creadores en una situación de mayor dependencia con la industria, lo que los convertiría en meros proveedores de contenidos, al tiempo que se destruiría su derecho patrimonial, cuyo núcleo es la capacidad de determinación de las formas de explotación de sus propias obras.

No ha habido ningún país que haya prescindido de los derechos de propiedad intelectual, nacidos al calor de la Revolución Francesa y punto de partida de la independencia del autor y de su emancipación frente a un mecenazgo aristocrático benevolente y arbitrario. La propiedad intelectual es un índice valioso para medir el respeto de un país hacia la innovación y la creatividad. Si no se protege, no habrá capital intelectual. Por el contrario, su reverso, la piratería, constituye un indicador negativo respecto a la salud de una economía, pues destruye sectores relevantes, consolida prácticas sumergidas y fortalece las organizaciones mafiosas.

Con el tránsito de la sociedad analógica a la digital, los retos son mayores. Los contenidos que circulan por Internet son en un alto porcentaje bienes culturales, obras de creación protegidas por derechos de autor o copyright. Por ello, cuando los autores afirmamos que los contenidos son claves en la sociedad del conocimiento, estamos afirmando que la creación es decisiva para el crecimiento y la innovación. Nuestro papel es insustituible para dar base a la industria cultural con la que ahora parece que estamos enfrentados.

Esta reforma que el Parlamento va a abordar ahonda en la protección de la propiedad intelectual en el orden digital. Si los autores y sus obras ya están presentes en ese ámbito de manera apabullante, también deben estarlo sus derechos. Si los legisladores no lo entienden así, se estará cometiendo un error porque la tecnología no es suficiente para construir un país o contribuir a su desarrollo.

Suscriben el texto: Pedro Almodóvar, Vicente Aranda, Daniel Calparsoro, Juan Calvo Loygorri, Fernando Colomo, José Luis Cuerda, Daniela Fejerman, Javier Fesser, Luis García Berlanga, José Luis Garci, Antonio Giménez Rico, Manuel Gómez Pereira, Manuel Gutiérrez Aragón, Manuel Iborra, Álex de la Iglesia, Sigfrid Monleón, Daniel Monzón Jerez, Manuel Palacios, Inés París, Juan Antonio Porto, Carlos Saura y Gonzalo Suárez.