La aplicación de la ley de Dependencia costará 200 millones de euros anuales

La aplicación de la ley de Dependencia, que el Gobierno central quiere que entre en vigor el 1 de enero de 2007, exigirá un desembolso de unos 200 millones de euros anuales en Euskadi, donde unas 50.000 personas dependientes carecen de atención. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, quien ofreció ayer esas cifras en Vitoria, recalcó que la mitad de esa cantidad la pagará el Estado y la otra mitad la comunidad autónoma, "como en todas partes".

Ambos ejecutivos están trabajando ya para alcanzar un acuerdo sobre dichos parámetros, según indicó el ministro. Las conversaciones "van bien orientadas" para hacer posible que esas 50.000 personas puedan recibir una cobertura cuando se despliegue el sistema de atención a la dependencia. "Ello nos permitirá además crear más de 15.000 empleos directos adicionales en Euskadi", añadió Caldera.

Ni el País Vasco ni Navarra, dadas sus peculiaridades fiscales, participarán este año en el fondo de 200 millones de euros que el Gobierno central ha arbitrado para financiar la selección, formación y retribución de los profesionales que van a aplicar los criterios de valoración de la citada ley.Caldera aprovechó su visita a Euskadi para recalcar que no habrá un trato distinto que perjuque a ambas comunidades. "Todo el gasto social que realizan se lo descuentan después del Cupo. Ésa es la aplicación estricta de la norma, de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. No hay la más mínima discriminación", resumió. El ministro se mostró dispuesto incluso, y así se lo dijo al consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, "a establecer convenios directos con el Gobierno vasco para tratar esa cuestión" si se produce alguna insuficiencia.

Caldera destacó que Euskadi se encuentra por debajo de la media nacional en atención a las personas dependientes, con un 9% de cobertura frente al 10% de la media nacional.

Ezker Batua, formación que controla la consejería de Asuntos Sociales, señaló ayer mismo que todo apunta, por el desarrollo de las conversaciones, a que el Gobierno central "tiene la intención" de que Euskadi pueda recibir financiación del fondo de dependencia, según Mikel Arana, su portavoz de Presidencia. Arana anunció que la consejería planteará "en los próximos días" una postura común con las diputaciones y ayuntamientos en torno al anteproyecto de la ley.

El PP discrepa y ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento vasco en la que muestra su "preocupación" por la posibilidad de que la ley no incluya financiación alguna para Euskadi "con la excusa del Concierto Económico". El PSE replicó que el Concierto permitirá a la comunidad autónoma contar con los "recursos suficientes". Los socialistas desarrollarán una campaña sobre el contenido de la ley, por lo trasladarán mociones a ayuntamientos y Juntas Generales.

Accesibilidad

Mientras, la Diputación de Guipúzcoa destinará este año 13 millones de euros para adaptar algunos de sus 65 centros residenciales a las nuevas necesidades de accesibilidad de sus usuarios, en su mayoría ancianos. Parte de ese dinero también se empleará en mejorar la asistencia a discapacitados o mayores en desamparo. "La mayoría de estas residencias estaban pensadas para personas autónomas", explicó la diputada de Política Social, Esther Larrañaga, y "cada vez son más las dependientes". Guipúzcoa, con unas 5.000 plazas residenciales, prevé reformar 900 este año.

El Consejo de Diputados aprobó el martes la convocatoria de ayudas a la inversión en 2006 por nueve millones de euros, un 22% más que el ejercicio anterior. A estas partidas hay que sumar cuatro millones del Plan Extraordinario de Inversiones. "El 90% estará destinado a mejorar la calidad de vida de las personas mayores depedientes", destacó Larrañaga. Este año se intervendrá en 14 centros y la Diputación espera que todo el parque residencial de Guipúzcoa esté adaptado para 2008 a la normativa promulgada en 1998 por el Gobierno.