El PSOE pacta con CiU que el director de RTVE sea elegido por el Parlamento

Los socialistas han pactado con los grupos parlamentarios de oposición cambios en el proyecto de ley de RTVE para que el director general sea elegido por el Parlamento. El texto remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados el pasado agosto dejaba esta función en manos del Consejo de Administración, tal y como había recomendado el comité de sabios en su informe. Hasta ahora, el nombramiento era competencia directa del Ejecutivo. También se prevé una ampliación del Consejo de Administración, que pasará de 10 a 12 miembros.

El grupo parlamentario de CiU ha sido el más combativo a la hora de defender la elección parlamentaria del director general de RTVE. Su enmienda en esta dirección -como la planteada por el PP- ha sido admitida por los socialistas, que buscan el máximo consenso político para sacar adelante la nueva ley, según fuentes de la negociación.

El cambio en el mecanismo de nombramiento del director general es una de las principales modificaciones del proyecto de ley que se tramita en la Comisión Constitucional. Se enmarca dentro del compromiso del PSOE de "desgubernamentalizar" la radio y la televisión estatal y paralelamente se ajusta a su programa electoral, que proponía el fin de la designación del director general por cuenta del Ejecutivo, una práctica avalada por el Estatuto de RTVE aprobado en 1980. El nombramiento directo por el Parlamento reforzará las "garantías de independencia", señalan fuentes próximas al Gobierno. Carmen Caffarel se convertiría así en la última directora de RTVE designada por el Gobierno.

A tenor de los pactos alcanzados, el director general será también el presidente del Consejo de Administración, precisaron las mismas fuentes. Este organismo será elegido en las Cortes por una mayoría cualificada (dos tercios del Congreso y del Senado). De los 12 consejeros saldría el director general y presidente de la nueva corporación, que se sometería de nuevo a la votación del Parlamento.

El proyecto de ley otorgaba a los 10 miembros del Consejo de Administración las competencias para designar del director general por mayoría absoluta de sus miembros. La selección del candidato a ocupar el puesto se realizaría mediante un proceso "público y transparente", una especie de concurso de méritos entre profesionales cualificados y con una experiencia de al menos cinco años en el campo de la administración, la alta dirección, la comunicación, la docencia o la investigación.

Esta fórmula seguía al pie de la letra la propuesta realizada por el grupo de expertos que elaboró el informe para la reforma de RTVE, el llamado comité de sabios. Además, el director general perdía buena parte de sus actuales competencias, que pasaban a manos del futuro Consejo de Administración, encargado incluso del nombramiento de los directivos de las sociedades (TVE y RNE).

Los grupos minoritarios han propuesto un recorte de las competencias que el proyecto de ley otorgaba al Consejo de Administración, así como una ampliación de sus miembros. Según el texto del Gobierno, el futuro consejo estaría compuesto por de diez vocales (frente a los 12 actuales), de los cuales seis serían elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado "entre personas de reconocida cualificación y experiencia profesional" y por una mayoría de dos tercios. Dos de los miembros votados en la Cámara baja serían a propuesta de los dos sindicatos "más representativos a nivel estatal y con implantación de la corporación RTVE y sus sociedades", es decir, CC OO y UGT.

Durante el proceso de negociación, los grupos parlamentarios han pactado aumentar a 12 el número de consejeros. De éstos, ocho serán elegidos por el Congreso (dos a propuesta de los sindicatos) y cuatro por el Senado, siempre por una mayoría de dos tercios.

El mandato será de seis años, para no coincidir con la duración de una legislatura. Actualmente, el consejo de RTVE está compuesto por cinco miembros del PP (uno dimitió) cuatro del PSOE, uno de CiU y otro de Coalición Canaria. El reparto de puestos se ajusta al Parlamento salido de las elecciones generales del 2000, ya que no se renovó tras los comicios del 14 de marzo de 2004.