El juez dicta prisión para el ex cargo del PP y su pareja por la trama eólica de Canarias

El juez Miguel Ángel Parramón notificó ayer el auto por el que decreta ingreso en prisión sin fianza para Celso Perdomo, ex director general de Industria del Gobierno de Canarias entre los años 2003 y 2005, al imputarle los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos y tráfico de información privilegiada. Cuarenta minutos después, comunicó la misma decisión para su pareja, Mónica Quintana, funcionaria del Cabildo Insular de Gran Canaria, por dos presuntos delitos de cohecho y malversación. El comité de garantías del PP en Canarias suspendió a ambos cautelarmente de militancia el pasado viernes.

Celso Perdomo y Mónica Quintana han pasado las últimas 140 horas incomunicados en distintas comisarías de Las Palmas, de donde sólo han salido en vehículos policiales para declarar ante Miguel Ángel Parramón (titular del juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria), en la sede de los juzgados durante largas sesiones del domingo, lunes y martes.

El fiscal anticorrupción de Canarias, Luis del Río, tras haber cotejado sus testimonios con las pruebas aportadas por la policía durante nueve meses de seguimiento y escuchas telefónicas, y haber contrastado la versión de uno con la de la otra, solicitó el lunes la prisión incondicional, que finalmente el juez decidió ayer.

Los dos cargos del PP aparecen como presuntos integrantes de una red extensa de políticos, funcionarios y empresarios que, durante meses, intercambió información privilegiada sobre un concurso que iba a convocar el Gobierno de Canarias, en octubre de 2004, para instalar parques eólicos. Buena parte de la información partió de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, cuyo titular entonces era Luis Soria, hermano del presidente del PP en el archipiélago, José Manuel Soria.

En marzo de 2005, Alberto Santana, director comercial de Siemenca (empresa cuyo propietario es Wilebaldo Luis Yanes, primer eslabón de la investigación), tras ser despedido, presentó una denuncia en la Policía y en la Fiscalía donde documenta la información llegada a esta empresa procedente de la Consejería de Industria, meses antes de la convocatoria del concurso. Estos correos electrónicos eran rebotados a más de 50 políticos y empresarios de las islas y de la Península.

Los movimientos y conversaciones telefónicas de Yanes, junto con los de Perdomo y algunos funcionarios, procuraron a la policía suficientes pruebas para proceder, el jueves pasado, a siete detenciones en una operación conjunta en Gran Canaria y Madrid. El empresario Enrique Guzmán fue puesto en libertad imputado por cohecho, tras depositar una fianza de 150.000 euros. Lo mismo ocurrió con el abogado y empresario Alfredo Briganti Arencibia; con el directivo de La Caja de Canarias, Jesús González; y con el alto funcionario de Industria, Honorato López Torres (100.000 euros de fianza para cada uno).

Sorpresivamente, Yanes ha quedado en libertad sin fianza pero imputado por cohecho. Su nombre también aparece en un caso distinto que ha supuesto la suspensión cautelar del presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín, actualmente bajo investigación del Poder Judicial.

Aunque los abogados de Perdomo y Quintana anunciaron que recurrirán la prisión y rechazaron cualquier comentario, el resto de letrados criticó la instrucción de la causa, incluyendo las detenciones, los registros en domicilios y despachos, la incomunicación por tres días en cinco comisarías y el largo proceso de interrogatorio del pasado domingo.

El funcionario Honorato López compareció ante el juez para escuchar cómo su implicación en la trama se fundamenta en grabaciones telefónicas donde su nombre es citado por terceras personas. López negó todas las imputaciones.