El Consejo Vasco de Finanzas crea hoy la comisión encargada de estudiar la futura ley de Aportaciones

El Consejo Vasco de Finanzas (CVF) tiene previsto constituir hoy la comisión que comenzará a estudiar la nueva ley quinquenal de Aportaciones, que regula el reparto de recursos entre el Gobierno y las diputaciones y que toca renovar a lo largo de 2007. Este grupo de trabajo que tendrá que lidiar con la discrepancia básica que enfrenta a la Administración común con las forales a la hora distribuir los rendimientos tributarios del Concierto Económico.

Los tres diputados generales han anunciado en público, que ante la elevación de los gastos sociales que gestionan, especialmente en la atención a la tercera edad, pretenden reducir el porcentaje de la recaudación global que recibe el Gobierno vasco, es decir el coeficiente vertical, una modificación a la que se ha mostrado contraria la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia. De todo el dinero que recaudan las haciendas forales por los impuestos concertados, el 66,25% se destina al Gobierno y el 33,75% se queda en cada provincia.

El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao (PNV), se sumó en septiembre a la postura que venía expresando su colega de Álava, Ramón Rabanera (PP), al señalar la necesidad de revisar las cargas en política social que asumen las diputaciones. La vicelehendakari anunció en octubre -tras la reunión ordinaria del Consejo Vasco de Finanzas que perfiló las previsiones de recaudación de los impuestos concertados para 2005-, que estaba dispuesta a formar un grupo de trabajo para comenzar a hablar del asunto. Pero a renglón seguido descartó un reajuste profundo de los porcentajes. Pese a mostrarse abierta a abordar la actualización de la ley, Zenarruzabeitia argumentó que no sólo el gasto social que corresponde a las diputaciones ha subido, sino también el sanitario, y ese lo afronta en exclusiva el Gobierno.

Además, el Consejo tiene que estudiar la compensación a Álava y Guipúzcoa por el fuerte incremento en Vizcaya de la recaudación por el IVA de las operaciones asimiladas a la importación. Antes, este IVA lo recaudaba el Estado pero, tras una directiva europea, ahora lo cobran las diputaciones, lo que beneficia a las tres, pero de manera especial a Vizcaya por el peso de los hidrocarburos de Petronor. Álava se queda con el de las bodegas y Guipúzcoa con el de los almacenes de tabaco ubicados en sus territorios. Las haciendas vascas ya previeron esa cuestión en octubre, pero la recaudación de IVA ha sido todavía más alta de la esperada en Vizcaya. Para 2006 está previsto que Vizcaya compense con 128 millones de euros, de los que 27,5 serán para Álava y 97,5 para Guipuzkoa. El Gobierno tiene un fondo de 53 millones para incrementar las compensaciones.