El Congreso aprueba el Estatuto valenciano con la oposición de los socios del Gobierno

La reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana pasó ayer el filtro del Congreso de los Diputados y, previsiblemente, salvará con la misma facilidad el del Senado. Los votos de socialistas, populares y Coalición Canaria (294) se impusieron a los 32 de CiU, ERC, PNV, IV y Grupo Mixto, que votaron en contra. La denominación de la lengua cooficial como "idioma valenciano" irritó a los grupos nacionalistas catalanes y provocó el único rifirrafe de cierta entidad entre el portavoz socialista, Ciprià Ciscar, y el de CiU, Jordi Xuclà, que atacó con dureza a los diputados del PSC.

Ambiente de jornada singular en las tribunas de invitados del Congreso, con más de una docena de diputados de las Cortes valencianas, entre ellos los portavoces del PP y del PSOE en el Parlamento autónomo, Serafín Castellano y Joan Ignasi Pla, respectivamente.

Menos entusiasmo en los escaños, a juzgar por la escasa asistencia de diputados a lo largo de casi todo el debate, algo que puso de relieve el portavoz de ERC, Agustí Cerdà, y la constatación, sin sorpresas, de que los grupos minoritarios que han venido oponiéndose a lo largo de la tramitación mantuvieron ayer su postura, de modo que los socios habituales del Gobierno, ERC e Izquierda Verde, junto a CiU, que ahora juega también un papel más próximo a los socialistas, votaron negativamente.

Izquierda Verde justificó su posición apoyándose en dos cuestiones fundamentales: no haber conseguido la reducción del 5% al 3%, del suelo electoral mínimo para poder tener representación en las Cortes autónomas y la inclusión del valenciano como idioma propio.

Isaura Navarro arrancó en su intervención con un ataque de tono irónico a los dos grandes partidos: "Hoy nos acompañan representantes del pueblo valenciano del Pepesoe, unido de nuevo en su romance para defender su propuesta de Estatuto valenciano".

Luego les acusó de mantener posturas distintas con el idioma, ya que, según la diputada, el PSOE asegura que valenciano y catalán son la misma lengua con distinta denominación, mientras el PP sostiene que son distintas.

Xuclà, en nombre de CiU, elevó el tono de la protesta por la cuestión del idioma y, en un momento de su intervención, apeló a la "conciencia política de los diputados catalanes del Partit dels Socialistes de Catalunya". "Quiero hacer un llamamiento", dijo, y mencionó uno por uno con nombre y apellido a los 21 diputados del PSC.

Cuando Ciprià Ciscar, el portavoz socialista, subió a la tribuna, lo primero que hizo fue asegurar que "no ha habido en España ningún Gobierno" que haya hecho tanto por las lenguas autonómicas como el actual, ni nadie en la Comunidad Valenciana como el Gobierno socialista entre 1983 y 1985, y le exigió a Xuclà que retirase la alusión a los diputados del PSC.

Xuclà respondió más tarde que retiraba "la referencia directa a estos nombres", pero que mantenía "la apelación a su conciencia".

"Tenemos una lengua de entendimiento, no de enfrentamiento", dijo luego Ciscar, y defendió el valenciano como denominación oficial porque "históricamente hay denominaciones que han calado en la ciudadanía".

El Partido Popular dividió su tiempo. Federico Trillo agotó la mayor parte del mismo defendiendo la bondad del texto acordado con el PSOE y lo puso como ejemplo "para la reforma" de próximos estatutos. Lanzó una puya contra el Estatuto catalán, sin mencionarlo, cuando aseguró que el proyecto valenciano "no se queda a medio camino de nada, de no se sabe qué destino confuso fuera de la Constitución", pero fue su compañero de grupo, Jaime Ignacio del Burgo, el que, sin mencionar tampoco el proyecto de Cataluña, hizo numerosas alusiones al mismo en tono de reproche y sin nunca nombrarlo.

"Parafraseando al presidente del Gobierno", dijo Del Burgo, "estamos en condiciones de afirmar que el Estatuto de la Comunidad Valenciana está limpio como una patena". Así aseguró Zapatero que saldrá del Congreso el Estatuto catalán, desde el punto de vista constitucional.

Habló de la "regulación de los derechos de los valencianos y de las valencianas" y aseguró que tal regulación "nada tiene que ver con la pretensión de establecer una verdadera tabla de derechos y libertades, como si de un país soberano se tratase, porque para eso están las constituciones, pero no los estatutos de autonomía".

En otro momento tachó de reaccionarios a quienes se oponen a que el Estatuto mencione el derecho de recoger "los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias".

José Antonio Labordeta, en nombre de la Chunta Aragonesista, justificó su voto negativo en que el Estatuto recoge "una propuesta pro trasvase".