El ministro de Trabajo acepta que las comunidades regulen la prostitución

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, anunció ayer en el Congreso que está en estudio la posibilidad de conceder a las prostitutas que dejen esa ocupación la renta activa de inserción, un salario para trabajadores con grandes dificultades de empleo. Caldera eludió entrar en la polémica sobre la legalización de la prostitución, desatada por la iniciativa reguladora de Cataluña. Aseguró que el Estado carece de competencias. "El reparto permite que comunidades autónomas y corporaciones locales adopten las iniciativas que crean oportunas para eliminar los efectos nocivos", dijo.

La renta activa de inserción (una paga de 432 euros durante un máximo de 11 meses) es una ayuda destinada a desempleados mayores de 45 años sin subsidio, emigrantes retornados o mujeres víctimas de la violencia machista. Su cuantía alcanza el 80% del salario mínimo. El ministro, en su respuesta en el Congreso a una interpelación de la diputada de Izquierda Verde Carme García, no dio por hecho que se vaya a conceder esa renta a todas las prostitutas, pero sí quiso expresamente "anunciar que en el ámbito de la lucha contra la exclusión sociolaboral de las prostitutas estamos estudiando que puedan ser beneficiarias del programa de renta activa de inserción laboral y de los programas de formación para el empleo". También aclaró que para ayudar a las inmigrantes a salir de la prostitución se podrán utilizar los 180 millones que el Gobierno, tras un pacto con Izquierda Verde y ERC, ha destinado a un fondo para hacer frente a los problemas de los inmigrantes.

La diputada de Izquierda Verde insistía en diferenciar la prostitución voluntaria de la que se realiza de forma forzada para llevar al ministro a opinar sobre su posible legalización, un debate que se ha desatado especialmente en Cataluña, de donde procede la parlamentaria. El ministro eludió entrar ahí y se limitó a recordar que "en el mundo hay distintos modelos con ventajas e inconvenientes". El Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Trabajo, ha elaborado un informe en contra de la iniciativa catalana en el que se afirma, entre otras cosas, que ese Gobierno autónomo carece de competencias para acometer la regulación que se propone (véase EL PAÍS del pasado sábado).

"Holanda y Alemania han optado por legalizar la prostitución, pero Suecia, después de años de permisividad, ha decidido penalizar", recordó. "Hay quienes apuestan por la prohibición total, quienes piden un control administrativo y quienes defienden que las prostitutas deben tener la misma protección que los demás trabajadores", apuntó Caldera. "Sabemos que en España la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución están en situación de exclusión, y son inmigrantes irregulares que han sufrido el tráfico de mujeres. La mayoría de las prostitutas están forzadas, sólo una mínima parte lo hacen de forma voluntaria. Tenemos que actuar con firmeza para erradicar este problema", insistió.

El ministro quiso en todo momento eludir el debate de fondo y aclaró que el Estado al que él representa ni siquiera tiene competencias para regular la prostitución. "Desde el punto de vista penal, policial y de inmigración, el Estado tiene las competencias, pero en el resto de cuestiones nuestras atribuciones son marginales", apuntó.

"Mi Gobierno no ignora la problemática derivada del ejercicio de la prostitución. Pero el reparto de competencias limita mucho la intervención de la Administración y permite que comunidades autónomas y corporaciones locales adopten las iniciativas que crean oportunas para eliminar los efectos nocivos que se derivan de su ejercicio", añadió.

Caldera relató que son estas administraciones las que regulan los servicios sociales, las políticas de inclusión social, sanitarias, de orden público o incluso de ordenación de la actividad económica de las comunidades autónomas, en lo que se refiere a los locales en los que se ejerce la prostitución. "Ello hace que las comunidades autónomas y las corporaciones locales puedan actuar en la dirección política que entiendan más conveniente a la vez que limita la capacidad de intervención del Estado en este ámbito", concluyó.

García explicó más tarde a EL PAÍS que el Gobierno ha aceptado crear una subcomisión en el Congreso para que hablen los expertos de este tema y así dentro de unos meses el Ejecutivo pueda tomar una decisión sobre la posible legalización con limitaciones. La creación de esta subcomisión se votará la semana que viene, pero García asegura que el Grupo Socialista ya le ha comprometido su apoyo. La división sobre este tema parece evidente dentro del Gobierno y del grupo que lo apoya.

García se mostró partidaria de que se aborde el problema de la prostitución en toda su dimensión. "Nosotros queremos erradicar la prostitución forzada, pero estudiaremos todas las propuestas que nos vengan", le replicó Caldera.