La financiación del Estatuto catalán se aplicará en 2008

El modelo de financiación recogido en el proyecto de Estatuto de Cataluña no se aplicará, previsiblemente, hasta el año 2008. El Gobierno pretendía que el modelo entrara en vigor el próximo año -como adelantó su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero- y, con el objetivo de avanzar con rapidez, el mismo martes se constituirá en la sesión anunciada del Consejo de Política Fiscal y Financiera (el organismo que reúne a los ministros de Economía y Administraciones Públicas con los consejeros de Economía de las comunidades autónomas) un grupo de trabajo para reformar el sistema de financiación autonómica vigente desde 2002.

A dicha reforma tendrán que adaptarse las modelos de financiación recogidos en el proyecto de Estatuto de Cataluña y los de las demás comunidades autónomas.

En el Ministerio de Economía y Hacienda ven complicado que el modelo de financiación entre en vigor antes de 2008 porque primero se tienen que poner de acuerdo todas las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el modelo común pues, además de los planteamientos del Estatuto de Cataluña, el Consejo se hará eco de las propuestas de otras comunidades sobre el proyecto común en cuestiones clave, como los criterios de solidaridad.

Así, las dos comunidades isleñas propondrán que los criterios de solidaridad acojan la insularidad o las comunidades del interior, como Castilla y León y Castilla-La Mancha, plantearán el criterio de dispersión.

Cinco reformas

En las anteriores reformas del modelo de financiación, que ya son cinco desde la primera aprobación de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), hace 25 años, el debate sobre la reforma se ha prolongado entre un año y un año y medio, con la particularidad de que, en esta ocasión, el PP mantiene posiciones de rechazo frontal a las propuestas pactadas por el Gobierno socialista con CiU, PSC e ICV.

El Gobierno socialista pretende que el nuevo modelo de financiación recoja para todas las comunidades autónomas los elementos centrales del acuerdo al que llegó con los partidos catalanes sobre el Estatuto de Cataluña, como la cesión de la recaudación del 50% del IRPF y el IVA, así como del 58% de los Impuestos Especiales y el aumento de su capacidad normativa.

También pretende que las comunidades autónomas que lo deseen dispongan de una Agencia Tributaria autonómica para recaudar los impuestos cedidos.