Hacienda propone recargos autonómicos sobre IVA, hidrocarburos y electricidad

La financiación de las comunidades autónomas necesitará más recursos, y el Gobierno no quiere que salgan sólo de la caja central. El Ministerio de Hacienda pretende que sean las comunidades las que pongan recargos en el IVA minorista - es decir, para el consumidor final-, en el impuesto especial de hidrocarburos y en el de electricidad. Los recargos necesitarán autorización de Bruselas, porque afectan a impuestos armonizados. Otra novedad del sistema será dar entrada en la gestión del catastro a las comunidades y a los ayuntamientos, por sus amplias competencias en los impuestos que gravan la vivienda.

Una vez cerrado un acuerdo con CiU e ICV, la tarea ahora es elaborar un modelo de financiación que sea de aplicación general, para lo cual la próxima semana se va a constituir un grupo de trabajo. No hay cifras, pero sí la idea clara de que el nuevo sistema debe garantizar un mínimo de prestaciones públicas en todas las comunidades por igual, debe incentivar el dinamismo económico y tiene que aumentar la corresponsabilidad fiscal de las comunidades.

El Ministerio de Hacienda busca vías para desarrollar este último aspecto. Es decir, que el mayor volumen de financiación que siempre se produce cuando se renueva el sistema, más las nuevas necesidades sociales como la inmigración o la dependencia, no salgan sólo de los recursos que administra el Gobierno central.

Las fórmulas para aumentar el pastel que podrían llevarse directamente las comunidades se asemejan al llamado céntimo sanitario que ya grava el consumo de gasolinas en algunas comunidades, como Madrid y Cataluña. Consistirían en un recargo autonómico sobre el IVA minorista, sobre el impuesto especial de hidrocarburos y el de electricidad.

En el caso del IVA minorista se trataría de gravar más el consumo final, con una cantidad que sería muy visible para el ciudadano de la comunidad, al contrario de lo que sucede ahora. Hacienda tendrá que solicitar autorización a la Unión Europea, que deberá aprobar los recargos por unanimidad de los Estados miembros (ahora 25). En España, la recaudación por IVA ascendió a 44.507 millones de euros en 2004.

Coste político

El nuevo modelo buscará así ampliar las capacidades normativas de todas las comunidades, además de las que ya se han pactado con Cataluña. El argumento es que si las comunidades van a gestionar cada vez más recursos y tienen el nivel de competencias más alto entre los países de la UE, deben asumir el coste político de subir los impuestos si lo necesitan. Al contrario de lo que sucedió con el último acuerdo para financiar la sanidad, en septiembre pasado, donde fue el equipo del vicepresidente económico, Pedro Solbes, quien finalmente subió los impuestos del tabaco y el alcohol.

El reciente acuerdo con Cataluña amplía los márgenes en este sentido, aunque sólo para el IRPF. La cesión al 50% de la recaudación en el territorio implica que las comunidades podrán subir o bajar la tarifa en su tramo sin límites. Ahora, teóricamente, ese tramo es del 33%, pero en la práctica es del 40%, ya que lo aumentó el Gobierno del PP para que fuera sólo el Estado central quien asumiera el coste de las rebajas del IRPF.

Sobre el otro gran impuesto, el IVA, la cesión pasa del 35% al 50%, aunque sigue sin haber capacidad normativa al respecto, salvo en el caso de que se permita el recargo. La cuantía que va a la comunidad no es exactamente lo recaudado en el territorio, sino que se fija según el índice de consumo que elabora el INE. Con el recargo, sin embargo, los ingresos por esta vía se corresponderían exactamente con lo recaudado en el territorio y sí habría capacidad normativa. Igual ocurriría con los impuestos especiales. En el caso del impuesto de sociedades, no hay, ni habrá, capacidad normativa ni cesión.

De la mayor participación en los impuestos se deriva también otra de las posibilidades de mejora en la financiación de las comunidades que se puede derivar del nuevo sistema. Cuanto mayor es el porcentaje de participación en los impuestos, mayores serán los recursos que obtendrán las comunidades más dinámicas o que crezcan por encima de la media nacional. Éste será el caso, por ejemplo, de las que tienen más inmigración. El actual sistema es más estático, ya que los recursos de las comunidades están más vinculados a la media estatal.

En cuanto a la gestión de estos impuestos, el acuerdo con Cataluña deja para como máximo dentro de dos años la posibilidad de crear agencias tributarias consorciadas. El mismo consorcio se implantará para el catastro, en el que se dará también entrada a los ayuntamientos. En el ámbito del derecho administrativo, la novedad será que se descentraliza el Tribunal Económico Administrativo, que ahora decide sobre cuestiones tributarias. Cuando se apruebe el nuevo sistema, una sala especial dentro del tribunal dictaminará sobre las reclamaciones de tributos propios.