Una inteligente visita

Con su viaje a Ceuta y Melilla, Zapatero ha cumplido la palabra que dio en noviembre a los presidentes de las dos ciudades autónomas, ambas gobernadas por el PP, tras las sangrientas avalanchas de inmigrantes que se habían registrado semanas antes. Ningún presidente del Gobierno había realizado una visita oficial desde Adolfo Suárez en 1980 para no desairar al vecino Marruecos, que reclama la soberanía de ambos enclaves. El daño colateral que pudiera acarrear el viaje en las relaciones con el vecino del sur ha sido discreto. Y los ciudadanos de Ceuta y Melilla se sentirán hoy más esperanzados ante las inversiones comprometidas.

La reacción del Gobierno marroquí ha sido muy contenida. Ha considerado "inoportuna" la visita, pero sin que por ello tenga consecuencias para las actuales buenas relaciones bilaterales. Contrasta con el coro de duras críticas de la prensa del país vecino. Las reivindicaciones territoriales sobre las dos ciudades autónomas han pasado por ahora a un segundo término en la agenda marroquí, lo que no significa que no emerjan con fuerza en el próximo futuro. El rey Mohamed VI ve en Zapatero a uno de los principales abogados, si no el mayor, de sus reformas políticas y de los intereses económicos de su país en Europa, además de ser muy comprensivo -quizás demasiado- a la hora de entender su política en el Sáhara Occidental.

Zapatero ha sido bastante hábil al no herir las susceptibilidades de Rabat con declaraciones patrioteras, pero ha subrayado que los ciudadanos de Ceuta y Melilla gozan de los mismos derechos de todos los españoles. Parece más adecuado que haya preferido actuar con normalidad, igual que cuando viaja a cualquier otro lugar de España, antes que resaltar singularidades evidentes que a nadie se le escapan. El PP se lo ha recriminado sin vacilar. Tal vez por ello, Zapatero hizo ayer una alusión más directa en Ceuta al manifestar que "es un deber del Gobierno que todos los españoles tengan el mismo trato y se sientan cercanos con él".

El jefe del Ejecutivo ha podido comprobar directamente el inmenso drama de la inmigración ilegal en los contactos con los africanos que temporalmente se alojan en los centros para refugiados establecidos en los dos enclaves y que desesperadamente le han pedido papeles para regularizar su situación. Pocas palabras de consuelo ha podido darles, más allá de reiterar que la entrada de población extranjera en España es positiva, pero que debe ser legal y ordenada. Ése, el de la inmigración incontrolada, es el gran problema que viven en primera línea ceutíes y melillenses y que exige tanto la colaboración de Marruecos como la de la UE. Es un deber de las autoridades españolas reforzar la seguridad de sus fronteras para que no se repitan los sangrientos sucesos del pasado octubre, pero igualmente lo es garantizar al máximo el respeto de sus derechos humanos y exigir idéntica conducta a Rabat.