Ríos de contaminación

Desde 2004 todos los países de la Unión Europea deben organizar sus recursos hídricos de acuerdo a la Directiva Marco del Agua, aunque las principales disposiciones de esta norma no serán de obligado cumplimiento hasta 2015. Los nueve años que restan para que las aguas continentales españolas presenten unos niveles de calidad aceptables pueden parecer más que suficientes, pero lo cierto es que el trabajo que queda por hacer, para alcanzar este objetivo, es ingente. Así lo creen numerosos expertos y también ha quedado corroborado en un informe de Greenpeace, que ha examinado la calidad de las aguas en todas las cuencas.

De manera resumida, el documento concluye asegurando que el 33% de los cauces se encuentran en "un estado de calidad inaceptable como consecuencia de la contaminación, situación que sería aún más dramática si se tuviera en cuenta el estado de las aguas subterráneas". De hecho, si hoy se aplicaran las normas de calidad de la Directiva Marco del Agua, sólo el 11% de las aguas superficiales y el 16% de las subterráneas superarían el examen.

Andalucía no escapa a esta visión sombría, de acuerdo a los datos expuestos por Greenpeace. En la parte andaluza de la cuenca del Guadiana, los ecologistas destacan la mala situación de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, donde la correspondiente confederación hidrográfica "sólo asegura que el 1,62% de las masas de agua pueden cumplir con los objetivos de la Directiva Marco del Agua". Esta situación se debe al deficiente grado de depuración de las aguas residuales urbanas y a los vertidos industriales, que plantean "situaciones extremas en los ríos Tinto y Odiel".

En la cuenca del Guadalquivir, los porcentajes de aguas libres de contaminación también son muy reducidos, ya que, de acuerdo a las evaluaciones de la propia Administración, "sólo el 23,16% de las aguas superficiales y el 9,86% de las subterráneas cumplen los requisitos establecidos por las autoridades europeas". Los ríos de esta cuenca, detalla Greenpeace, "sufren graves problemas por vertidos de aguas residuales sin depurar así como de vertidos procedentes de almazaras, azucareras, alcoholeras y mataderos". El 30% de los municipios de entre 15.000 y 30.000 habitantes carecen de plantas depuradoras, lo que supone que "sólo se somete a depuración el 50% de las aguas residuales, urbanas e industriales, que van a parar a estos cauces".

Los ecologistas advierten que la cuenca del Guadalquivir registra el consumo de agua para uso agrícola más elevado de España, de manera que los ríos se encuentran muy regulados (una presa por cada 162 kilómetros de cauce) y el 31% de los acuíferos están sometidos a una clara sobreexplotación. Esta circunstancia explica las elevadas concentraciones de productos químicos (abonos, plaguicidas y sustancias fitosanitarias) y que, en numerosos casos, impiden su aprovechamiento.

Consumo turístico

A tenor de las cifras que aporta Greenpeace tampoco la cuenca mediterránea andaluza está en condiciones de superar el examen de las autoridades de Bruselas. De nuevo citando fuentes de la propia Administración, el informe asegura que, en esta cuenca, "al menos un 42,1% de las aguas superficiales y un 43,3% de las subterráneas no cumplen con los requerimientos de la directiva europea". De nuevo aparecen los problemas derivados de un intenso aprovechamiento agrícola, ya que "el 22% de los acuíferos presentan niveles de nitratos muy elevados" y también es notable la presencia de plaguicidas.

El 44 % de la superficie de esta cuenca, lo que supone cerca de 8.000 kilómetros cuadrados, se destina a cultivos de regadío que son grandes consumidores de agua. Además, el territorio mediterráneo soporta una cuantiosa población estacional con elevados consumos asociados a usos turísticos (alojamientos, segundas residencias o campos de golf). Ambos factores han provocado la sobreexplotación de las aguas subterráneas, que en zonas litorales presentan graves problemas de intrusión marina. Y, todo ello, "en una región donde los problemas de desertización y pérdida de suelo fértil, al no existir cobertura vegetal, son de los más importantes de España".

Más allá de consideraciones ecológicas, que buscan mantener los ecosistemas fluviales, la apuesta por una mejor calidad de las aguas supone incrementar los recursos disponibles, algo vital en situaciones de escasez. A juicio de Greenpeace, "incluso basando la gestión hidrológica en una política de oferta ilimitada, la lucha contra la contaminación permitiría aumentar la disponibilidad de recursos en mayor medida que la construcción de embalses, canalizaciones o trasvases".

sandoval@arrakis.es