Incidentes en el pleno de Azkoitia sobre los asesinos de Baglietto

El Ayuntamiento de Azkoitia (Guipúzcoa) aprobó anoche la moción de PNV y EA, que gobiernan con mayoría absoluta, que defiende el "derecho a reorganizar sus vidas" de los dos ex etarras que mataron en 1980 al edil de UCD Ramón Baglietto, pero les reclama que "se arrepientan y cumplan la ley". La votación se tuvo que celebrar a puerta cerrada después de que todo el público y la prensa fuesen desalojados por la Ertzaintza tras intercambiarse insultos simpatizantes de la ilegalizada Batasuna y del PP.

El punto más polémico del orden del día del pleno era el debate de la moción del equipo de gobierno y de otra presentada por un edil de un grupo afín a Batasuna en apoyo de los ex etarras Kandido Azpiazu y José Ignacio Zuazolazigorraga. El primero de ellos ha abierto un negocio debajo del domicilio de la viuda de Baglietto, Pilar Elías, concejal del PP en la localidad. La Audiencia Nacional ha ordenado el embargo de bienes de ambos ex etarras.

Cerca de 100 personas se encontraban en el salón de plenos, mientras otras 200 permanecían en el exterior. Al iniciarse el debate de las mociones, simpatizantes de Batasuna y personas que apoyaban a Elías comenzaron a intercambiarse insultos y a llamarse "asesinos".

Los defensores de Elías desplegaron carteles en los que se podía leer Pilar, herria zurekin (Pilar el pueblo está contigo) y profirieron gritos como "Pilar valiente, aquí estamos tu gente", "Sin pistolas no sois nadie", "Asesinos fuera de aquí" y "Fascistas". Del otro lado, los radicales mostraron carteles con las frases en euskera "Ataques y venganzas no" y "Solución democrática ya".

Al acto acudieron buena parte de los cargos del PP de Guipúzcoa encabezados por la presidenta del partido en Euskadi, María San Gil, y en esa provincia, María José Usandizaga. También asistieron la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua; la directora vasca de Atención a Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, y el director general de la Oficina del Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas, José Manuel Rodríguez Uribes.

A petición del alcalde, el peneuvista Asier Aranbarri, agentes de la policía vasca accedieron al salón y ordenaron a todo el público que abandonara el lugar. Unos y otros permanecieron en el exterior del consistorio separados por la dotación policial. El alcalde reanudó entonces el pleno y se votaron las mociones, siendo aprobada la del equipo de gobierno con sus únicos votos. La corporación está compuesta por 11 ediles de PNV-EA, tres de la agrupación Batera, otro independiente (el que presentó la moción), uno del PP (Elías) y otro del PSE.

Elías señaló tras el debate que lo sucedido había sido "desagradable". "No me he encontrado nada a gusto, pero eso es lo que tenemos", añadió. Antes del pleno había calificado de "puro maquillaje" el cambio que el PNV y EA habían dado a su moción inicial, en la que hablaban sólo del derecho de los ex etarras. El alcalde aseguró que unos y otros "han demostrado lo que no se tiene que hacer. Si todos apostamos por una paz basada en la justicia, este camino no es el acertado".