Etología política

El aplazamiento de la reunión -fijada inicialmente para hoy- entre el presidente Zapatero y los representantes de ERC ha interrumpido inopinadamente la continuidad de las conversaciones convocadas en el palacio de la Moncloa para solemnizar el presunto buen fin de las negociaciones del Gobierno con los partidos firmantes de la propuesta del Estatuto de Cataluña. La serie de entrevistas programadas esta semana pretendía festejar la clausura de los trabajos del Gobierno y de los grupos parlamentarios dedicados desde comienzos de noviembre a consensuar unas enmiendas al texto que serán posteriormente debatidas -a partir de febrero- en la Comisión Constitucional del Congreso. Esos encuentros en la cumbre con alto valor simbólico fueron inaugurados el pasado sábado con la presencia en el palacio de la Moncloa del presidente de Convèrgencia, Artur Mas, que repetiría dos días después la visita en compañía de Duran Lleida en tanto que reyes consortes confederales de CiU; las ruedas de prensa posteriores presentaron los resultados de esas conversaciones como un acuerdo vinculante para todos los negociadores.

La espantada protocolaria de los dirigentes de ERC no sólo niega la existencia de ese supuesto consenso global, sino que también rechaza la fórmula para definir a Cataluña como nación y exige garantías sobre la financiación. Pero no sólo de pan o de patriotismo vive el hombre: la sospecha paranoide de que Zapatero y Mas conspiran para forzar el calendario de las elecciones autonómicas y preparar una gran alianza en Cataluña a costa de ERC y del actual tripartito también juega un papel en el desencadenamiento del berrinche republicano. Finalmente, tal vez un acercamiento etológico al comportamiento no verbal de los políticos permitiría analizar su libidinosa urgencia de realizar despliegues rituales periódicos en los espacios simbólicos de vida pública; para los dirigentes de ERC, las prelaciones del protocolo en La Moncloa pueden pesar tanto como la definición de Cataluña y su déficit fiscal.

A la espera de que ERC marque en los próximos días el casillero en la quiniela (adherirse con leves matices al acuerdo de Zapatero con Mas, votar en contra o buscar fórmulas intermedias de empate), hay razones para suponer que las negociaciones sobre la propuesta de Estatuto aprobada el 30 de septiembre por el Parlamento catalán -maximalista por sus contenidos y confederal por su vocación- han reducido considerablemente las aparatosas distancias y las sustanciales discrepancias entre los enfrentados interlocutores. Aun siendo cierto que se ha producido ese notable acercamiento de las posturas y esa apreciable disminución de las diferencias, será necesario examinar con atención el contenido de las enmiendas consensuadas cuando sean publicadas en el Diario de Sesiones: la letra pequeña, la ambigüedad terminológica y la sintaxis retorcida de las leyes suele cargarlas el diablo.

Los adversarios dialécticos del Gobierno y del PSOE durante las negociaciones no fueron sólo tres formaciones políticas competidoras en las urnas (CiU, ERC e ICV), sino también la organización federada de los socialistas en Cataluña (PSC-PSOE), a la que pertenecen el presidente de la Generalitat, un ministro de Zapatero y una veintena de congresistas. Esa sorprendente presencia de los socialistas en los campos opuestos de una negociación librada a cara de perro tal vez haya servido para engrasar los mecanismos capaces de promover el entendimiento; sin embargo, también ha creado fuertes tensiones dentro de un PSOE cuya militancia no está familiarizada -fuera de Cataluña- con la esquizofrenia política. El PP seguramente alberga la esperanza de que su actual soledad merezca la futura recompensa de recibir votos procedentes de electores socialistas hostiles al pacto entre el Gobierno y los nacionalistas catalanes. Sin embargo, la energuménica, radical y desestabilizadora estrategia puesta en marcha por los populares para recuperar el poder a toda costa no puede sino ahuyentar a los votantes moderados de centro-izquierda, por muy irritados o patriotas que se sientan; Rajoy escaló ayer el último peldaño del disparate al proponer dos medidas inconstitucionales en defensa de la Constitución: el recurso a la iniciativa popular para convocar un referéndum consultivo en toda España contra el Estatuto.