Carencias médicas en la ley de dependencia

Siete millones de españoles tienen más de 65 años. Mientras la población española se ha duplicado respecto a hace un siglo, la de jubilados se ha multiplicado por siete y sigue creciendo a un ritmo del 3,7% anual, según el informe Las personas mayores en España, del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso). De modo que España se sitúa en el quinto lugar de los países de la Unión Europea con población más envejecida. La esperanza de vida alcanza los 78,3 años: 74,7 para los hombres y 81,9 para las mujeres. Se añaden años a la vida, pero también enfermedad y dependencia.

El Gobierno acaba de aprobar el anteproyecto de ley de Dependencia, lo que ha sido unánimente calificado como un gran avance social. Pero cuando los médicos han ido al texto, se han encontrado muy poco reconocidos en él. La ley tiene, en opinión de los geriatras, importantes carencias sobre los aspectos médicos de la atención a la dependencia.

Los servicios deben orientarse a mantener a los ancianos en su entorno habitual

Las personas mayores representan en España el 77,4% del consumo farmacéutico

Todos los expertos vaticinan que el aumento de la demanda asistencial obligará a la reforma de las estructuras sociosanitarias, dirigida a generalizar la atención geriátrica y a potenciar la ayuda domiciliaria, puesto que el 80% de la población con algún grado de dependencia es mayor de 65 años.

El actual anteproyecto de ley de dependencia, que beneficiará a casi un millón y medio de ciudadanos, pretende dar respuesta a esta necesidad, que ya fue planteada en 2000 por el Defensor del Pueblo en un informe redactado a partir de sendos estudios de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y de la Asociación Multidisciplinaria de Gerontología. En este documento se constataba que los ancianos acaparan el 77,4% del consumo farmacéutico, ocupan del 40% al 50% de las camas hospitalarias y el 50% del tiempo total de consultas de atención primaria. Pese a estas cifras, sólo uno de cuatro hospitales del Sistema Nacional de Salud está dotado de servicio de geriatría.

Para José Manuel Ribera Casado, jefe de Geriatría del hospital Clínico San Carlos y catedrático de la especialidad en la Universidad Complutense de Madrid, la realidad exigía "un nuevo marco legal que regule la atención sociosanitaria, redistribuya los recursos y reorganice las actuales estructuras sociales y médicas". No se puede olvidar, según Ribera, que "todo problema sanitario en el anciano tiene un trasfondo social y a la inversa", y que hay que apostar por la "indisolubilidad de la atención sanitaria y social en este grupo de población bajo el principio de equidad".

Ribera considera la ley un salto muy positivo, pero lamenta que en su elaboración no se haya consultado a las sociedades de geriatría. El resultado ha sido que los aspectos médicos tienen escasa o nula presencia y "la palabra geriatría ni siquiera aparece". "Está escrito", añade, "por expertos de la Administración pública y alude a planes específicos que no tienen en cuenta las necesidades médicas de los discapacitados, la formación de los cuidadores ni la relevancia de los trabajadores sociales. Es un texto prolijo, que dedica demasiado espacio a las sanciones por incumplimiento de la ley y en el que la solución de muchos problemas se remite a posteriores normativas".

Una de las ausencias se refiere a la prevención: "Numerosos casos de dependencia se deben a problemas sensoriales, cardiovasculares, osteoarticulares o neurológicos y para la gran mayoría de ellas existen medidas de prevención primaria y secundaria. Habría que aprovechar la ley para que la prevención se aplique con más rigor", sostiene.

"Lo ideal", afirma, "es que los problemas sanitarios y los sociales estén controlados por una misma cabeza decisoria, por un mismo ministerio o departamento administrativo, porque si no las responsabilidades acaban diluyéndose, aparecen los conflictos de financiación y los proyectos se hacen inviables o se quedan paralizados, como está sucediendo en gran medida con el Plan Nacional de Alzheimer y el Plan Gerontológico".

A juicio de Ribera, los servicios asistenciales deben orientarse a mantener a los ancianos en su entorno habitual. En los países nórdicos, gran parte de estos servicios son asumidos por el Estado, mientras que en la cultura española sigue siendo un deber moral de la familia. "Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que los cambios en la estructura familiar están cuestionando la sostenibilidad de este modelo", advierte.

El anteproyecto de ley prevé una prestación económica para los cuidadores familiares y calcula que podrá beneficiar a unas 300.000 personas, el 83% de ellas mujeres. Ahora, sólo el 6,5% de las familias que cuidan a sus mayores reciben ayuda social.

Isidoro Ruipérez, presidente de la SEGG, coincide plenamente con las declaraciones de su colega: "Este proyecto supone un avance y merece todo nuestro apoyo, pero es una lástima que no esté amparado por un compromiso sanitario que garantice la eficiencia de la ley. "El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se compromete decididamente, pero ¿dónde está el compromiso de Sanidad y Consumo?", se pregunta. Si bien en el anteproyecto se hace una discreta referencia a la prevención de dependencia, es impensable que sin la participación decidida de recursos sanitarios, geriátricos y no geriátricos, se pueda conseguir ese objetivo, advierte. Aunque la SEGG todavía no se ha pronuncido oficialmente como sociedad científica, su presidente ha enviado una circular a los principales especialistas para conocer su opinión.

La pobreza y la soledad representan el mayor riesgo de dependencia cuando hay problemas sociosanitarios. En España el 25% de los ancianos viven solos. Más tristes son las cifras que arrojan Francia, con el 40%, o una ciudad como Berlín, que alcanza el 70%. La Encuesta Nacional de Dependencia de 1999 señalaba que los bajos niveles de renta y formación cultural son por sí mismos factores de riesgo de dependencia. En la población anciana más pobre hay un 50% más de discapacitados que en el mismo grupo de personas con mayor renta y formación educativa.

Las limitaciones por motivos médicos se deben sobre todo a problemas osteoarticulares (artrosis, osteoporosis, fracturas), cardiovasculares (trastornos de la circulación, ictus cerebral, procesos coronarios), deterioro sensorial (alteraciones de la vista, de la audición) y neurodegenerativos (demencias, Parkinson, etcétera).

Según Pedro Gil, geriatra y responsable de la unidad de Memoria, del servicio de Geriatría del hospital Clínico, la depresión es un síndrome geriátrico que se asocia a menudo con demencias y conduce a un mayor grado de dependencia. "Con frecuencia", añade, "suele estar mal diagnosticada, porque se solapa con otros problemas. De ahí que a veces en este grupo de población la depresión se exprese con un suicidio, además casi siempre consumado por precipitación. Esto quiere decir que el anciano busca de verdad la muerte, no trata de llamar la atención". Porque es muy importante, según los geriatras, que el anciano se sienta querido, comprendido y acompañado, además de disponer de una perfecta atención sanitaria y unos buenos recursos sociales.