El nuevo modelo de financiación divide a las comunidades

Las novedades sobre financiación autonómica que se incluirán en el Estatuto catalán y que supondrán mayor participación de Cataluña en los principales impuestos estatales y la redefinición de los criterios de solidaridad han suscitado la división entre comunidades autónomas, a las que afectará el nuevo modelo porque el Gobierno quiere convertirlo en Ley de Financiación.

Las comunidades gobernadas por el PSOE consideran que el acuerdo les beneficia. Por el contrario, las gobernadas por el PP exigen idéntica financiación y las mismas inversiones que recibirá Cataluña y argumentan que el pacto entre el Gobierno y los partidos catalanes rompe la solidaridad. Los populares exigen que se convoque al Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que están representados el Gobierno y todas las comunidades, para que se explique y se discuta el acuerdo de financiación alcanzado con Cataluña.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, salió ayer al paso de esta polémica y se mostró satisfecho por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y CiU. Calificó el resultado final de "bueno" y "lógicamente extensible a otras comunidades". Avanzó que convocará a finales de mes al Consejo de Política Fiscal y Financiera, tal como estaba previsto, para un primer debate sobre el Estatuto y sobre su compatibilidad con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que tendrá que ser modificada.

- Gobiernos socialistas. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, se mostró ayer "satisfecho" con el acuerdo. "Lo pactado en materia de financiación, recibir el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales, nos viene muy bien" por el crecimiento económico y demográfico que está experimentando Castilla-La Mancha. Además, defendió la constitucionalidad del acuerdo.

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, también mostró su acuerdo con la decisión y destacó que los criterios de la financiación serán acordados "por todas" las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por este motivo fue acusado de "la mayor traición" por el portavoz del grupo parlamentario del PP en la cámara andaluza, Antonio Sanz. En su opinión, el acuerdo "supone un agravio" a los ciudadanos andaluces, que "no tendrán los mismos derechos".

Una de las sorpresas llegó el pasado domingo desde Extremadura. Su presidente, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, uno de los más críticos con el proyecto de Estatuto aprobado por el parlamento catalán, se mostró satisfecho por el acuerdo y explicó que el pacto hace que el texto no se parezca "en nada a lo que llegó del Parlamento catalán". Ibarra subrayó ayer, tras mantener una entrevista con el presidente del PP en Extremadura, Carlos Floriano, que las propuestas del Gobierno y CiU no "ponen en riesgo la unidad de España."

- Gobiernos populares. En las comunidades autónomas regidas por el PP el discurso fue de unánime rechazo al pacto. El secretario de Economía y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, afirmó ayer en Valencia que no puede haber privilegios económicos para Cataluña porque rompen la igualdad y suponen un desprecio para el resto de comunidades. Y exigió la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque "es allí donde se debe discutir sobre los modelos de financiación". El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, afirmó que "ni solo un euro de los valencianos se va a ir a financiar negociación estatutaria alguna". Camps avanzó que "reclamará" al Estado "todo el dinero que corresponde a la Comunidad" y, si es necesario, "protestará" ante las instancias oportunas contra "cualquier decisión que menoscabe el interés legítimo de los valencianos a seguir creciendo".

La Junta de Castilla y León a través de su vicepresidenta, María Jesús Ruiz, también criticó el acuerdo de reforma del Estatut entre el Gobierno y CIU por suponer una "quiebra" del principio de solidaridad que ampara la Constitución, del reequilibrio territorial y de esa garantía de cohesión que son los presupuestos del Estado. Ruiz coincidió con el representante del gobierno valenciano en que no pagará "la factura" del Estatut, que considera pretende favores para Cataluña a costa "de los derechos y fondos" de otras autonomías y que supone "el finiquito del principio de solidaridad" territorial. Habrá "ciudadanos de primera, de segunda y de tercera", concluyó.

Los gobiernos del PP de Murcia y Baleares siguieron la misma línea de las afirmaciones de Valencia y Castilla y León. "No consentiremos que haya autonomías de primera y de segunda", afirmó la vicepresidenta Rosas Estarás, del PP, que observa en el pacto "secreto" una "una ruptura del equilibrio entre los pueblos". Durante meses el PP balear ha efectuado un discurso basado en que reclamará "lo mismo" que obtenga Cataluña. El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Murcia, Fernando de la Cierva, destacó de este proceso negociador que "ni siquiera se ha pactado con la Comunidad de Cataluña, sino con el dirigente de CiU y portavoz de la oposición del Gobierno catalán".

- Gobiernos de coalición. En las comunidades autónomas con gobiernos de coalición entre diferentes partidos primó la postura tolerante. El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, mostró ayer su confianza en que "saldrá un buen Estatut y que el sistema de financiación será en cualquier caso generalizable". El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla afirmó que "el acuerdo es plenamente constitucional" y que "el modelo de financiación establece unos techos que pueden ser alcanzados por el resto de comunidades autónomas". El presidente de Galicia, Emilio Pérez Touriño se mostró satisfecho tras haber censurado reiteradamente el sistema de financiación que contemplaba el proyecto inicial. "Se abre un camino al avance en la España plural y a la consolidación del Estado de las autonomías que nos beneficia a todos"

- Coalición Canaria. La vicepresidenta canaria, María del Mar Julios, confió en que el nuevo escenario que surja, "no dé una respuesta a la financiación que hipoteque al resto de comunidades".