Una financiación como la pactada en Cataluña aportaría 2.100 millones más al Consell

El acuerdo sobre el contenido de la reforma del Estatuto de Cataluña hará que se replantee el sistema de financiación autonómica. El modelo eleva la cesta de impuestos cedidos parcialmente: IRPF, IVA y especiales. Aunque el consejero de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, no concretó ayer el posible efecto de la reforma y criticó a Zapatero, al que exigió negociar el nuevo sistema, la fórmula podría suponer un ingreso extra superior a los 2.100 millones de euros para las arcas de la Generalitat, según estimaciones elaboradas por los socialistas a partir del presupuesto de 2006.

La oposición cree que se puede aprovechar la opción sin cambiar la redacción del Estatut

Las estimaciones socialistas también indican que a pesar del aumento en la recaudación a través de los impuestos cedidos parcialmente, la Generalitat seguiría en principio recibiendo fondos de suficiencia, mecanismo de solidaridad con el que el Gobierno compensa a las autonomías que no tienen capacidad financiera suficiente. En el caso valenciano, la Generalitat recibirá 2.324 millones de euros en fondos de suficiencia, según las mismas fuentes. La cifra total de ingresos extra a través de los impuestos cedidos parcialmente, en cualquier caso, dependerá del acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se tratará una modificación de este modelo cuya última palabra estará en boca de las distintas autonomías.

El secretario de Economía del PSPV-PSOE, Enrique Villareal, consideró ayer que el acuerdo catalán puede conllevar en un principio tres ventajas para la Comunidad Valenciana: por un lado, supondrá la revisión del modelo, lo que puede derivar en una mayor financiación para la Comunidad Valenciana, tanto per capita como globalmente; por otro lado, la mayor descentralización puede suponer un incremento de la recaudación por tributos cedidos parcialmente de más de 2.100 millones de euros. El responsable socialista también mencionó que se abre la posibilidad de tener una Agencia Tributaria propia, consorciada con la estatal, que permita, por tanto, una mayor capacidad de gestión de los tributos en la Comunidad Valenciana.

Enrique Villareal considera que no será preciso modificar el redactado del nuevo Estatut d'Autonomia -actualmente en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados- porque es "suficientemente amplio". Una opinión que se compartió ayer desde Esquerra Unida. Por ello, lo que habrá es que negociar en Madrid el "tema competencial" y la financiación en el marco del nuevo Estatut.

También Joan Ribó, portavoz de Esquerra Unida-Verds-l'Entesa, consideró ayer que el Estatuto de Cataluña "podría beneficiar finalmente al País Valenciano". Ribó explicó que la Comunidad Valenciana fue el año pasado la autonomía que dispuso de menos recursos por habitante en toda España, con 2.248 euros per cápita, mientras la media estatal fue de 3.245 euros per cápita. Una desventaja, añadió, resultado de una financiación que ha discriminado "negativamente" a la autonomía. Ribó juzgó "imprescindible" un cambio de modelo.

El Consell arremetió ayer contra el pacto del Estatut catalán. El consejero de Economía, Gerardo Camps, anunció que tras consultar con las demás autonomías gobernadas por el PP ha solicitado la convocatoria "urgente" del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Camps consideró que el organismo debería haberse convocado antes de pactar un nuevo modelo que luego se impondrá al resto de autonomías, informa María Altimira. Camps añadió: "Es un modelo que no conocemos y que desprecia el principio de lealtad institucional y el principio de transparencia". El consejero de Economía consideró el acuerdo "una propuesta trampa" y se preguntó qué ocurrirá con el fondo de suficiencia y con la solidaridad con las "comunidades menos dinámicas". Camps aventuró que, sin conocer "hasta dónde va a llegar el nuevo modelo", de momento "tal y como se está planteando acabará con la solidaridad entre territorios".

El consejero afirmó que Cataluña goza de una "situación privilegiada" porque el sistema de blindaje reflejado en el nuevo Estatuto le garantiza una inversión pública mínima durante 7 años (2007-2013) que no está asegurada en el resto de CC AA. Miguel Arias Cañete, responsable de Economía del PP español, aseguró que este blindaje coincide en el tiempo con la pérdida del 70% de los fondos estructurales que Valencia recibe en la actualidad de la UE: "En este contexto, no entiendo cómo se decide blindar las inversiones a las regiones que tienen más desarrollo".