La Audiencia Nacional resolverá mañana el destino de "los papeles de Salamanca"

En 24 horas la Audiencia Nacional afrontará la vistilla de la que saldrá la decisión de si se mantiene o se levanta la inmovilización de los documentos procedentes del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca que se encuentran depositados en la cámara acorazada del Ministerio de Cultura, inmovilización que, como medida cautelarísima y por vía de urgencia, acordó a última hora de la noche del pasado viernes. La medida sorprendió profundamente en medios jurídicos, ya que una decisión de ese tipo se ha adoptado en muy contadas situaciones.

Será mañana, a las 11.00, cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo escuche los razonamientos del abogado del Estado Joaquín de Fuentes Bardají con la argumentación del Gobierno frente a las razones que ha esgrimido el Ayuntamiento de Salamanca. La decisión de la Audiencia Nacional se tomó teniendo en consideración únicamente los razonamientos aportados por el consistorio en su recurso. Tanto la decisión como la urgencia con que fue dictado el auto, al admitir la prueba testifical propuesta por el Ayuntamiento salmantino, no dejaron de suponer sorpresa en medios jurídicos, ya que una decisión de ese tipo se ha adoptado en contadas situaciones. En el ámbito gubernamental levantaron una no disimulada perplejidad y malestar, a pesar del acatamiento de la medida. En Cataluña las reacciones fueron particularmente críticas. El presidente de ERC, Josep-Lluís Carod-Rovira, considera que el Ayuntamiento de Salamanca está realizando "el último gesto inútil para demostrar que se quieren retener los documentos, contra todo sentido común, y ahora también contra la ley". El representante de ICV, Joan Saura, dijo que "hace falta estar tranquilos, porque el martes la Audiencia Nacional no tendrá otro remedio u otra posibilidad que dar el visto bueno al retorno de los papeles, porque es una ley y forma parte de la justicia". La Comisión de la Dignidad, entidad que lleva años luchando para que se produzca el traslado, tachó de "desproporcionada" la medida de la Audiencia Nacional. Por el contrario, desde el equipo de gobierno del consistorio salmantino, se ha apuntado que el auto "reconoce apariencia de buen derecho".

El ponente del auto dictado por los magistrados de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha sido José Luis López Muñiz, que a su vez es presidente de ese tribunal. En su propuesta, justificó la "urgencia inmediata", que se acordó unánimemente por los otros cuatro magistrados, en el hecho de que "no se lograría la finalidad pretendida por el recurso interpuesto si la ejecución del acto se llevase a cabo", es decir, si desde el Ministerio de Cultura la documentación se trasladaba a Cataluña, como estaba previsto, ya que el próximo miércoles el Gobierno catalán tiene programada la recepción de los documentos en el Palau Moja, con una exposición de los legajos de mayor relieve. López Muñiz, que pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura, ha desarrollado parte de su carrera judicial vinculado a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Castilla y León, situación que se hubiera mantenido si, como fue su aspiración, hubiera sido elegido presidente de ese Tribunal Superior, para lo que no contó con el respaldo necesario.

Recursos rechazados

La "medida cautelar provisionalísima" solicitada por el Ayuntamiento mantenía la misma fundamentación que los dos recursos presentados por el equipo municipal de gobierno ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Salamanca, que en ambos casos fueron rechazados. El portavoz municipal, Fernando Rodríguez, ha señalado que "no entramos a discernir" las dos resoluciones judiciales que no apreciaron la conveniencia de la inmovilización de documentos en función de la inminencia de entrega a la Generalitat ante la inclusión de un amplio número de legajos, de acuerdo con el recurso, que no encajaban entre los contemplados por la ley de restitución de documentos.

El auto señala la comparecencia de los testigos propuestos por la parte recurrente. Esos dos testigos, que acudirán mañana a la Audiencia Nacional, son el director del Archivo General de la Guerra Civil Española, Miguel Ángel Jaramillo, y el director general del Archivo de Castilla y León, Carlos Travesí de Diego, según Rodríguez. La posición de este último es bien conocida en relación con el criterio de que entre las 500 cajas inmovilizadas figura en torno a un tercio de documentos que no tienen origen en fondos pertenecientes a la Generalitat o el Parlamento de Cataluña y sus instituciones u organismos. Travesí ha sostenido que sus datos proceden del estudio directo de las cajas objeto de querella, datos que es presumible que constituyan su aportación ante los magistrados de la Audiencia Nacional durante su comparecencia.

Por ese motivo, mientras en Cataluña, tanto desde el Gobierno autónomo como desde los partidos políticos, se ha señalado que se confía en que la Sala de la Sección Séptima levante con rapidez la inmovilización de las cajas almacenadas en Madrid;, sin embargo, el portavoz del grupo popular del Ayuntamiento salmantino ha señalado que, "lógicamente, la resolución se hará con rapidez", pero que "los papeles no se moverán hasta un nuevo auto, en el que se tiene confianza que atienda los argumentos del recurso, pues cuenta con indicios racionales de éxito".