Un informe jurídico oficial avala liquidar las Cámaras urbanas y todo su patrimonio

El Gobierno tiene ya atados todos los cabos para liquidar las Cámaras de la Propiedad Urbana. El informe de legalidad realizado por la Comisión Jurídica Asesora considera que tanto su liquidación como corporaciones de derecho público como la asunción de su patrimonio y personal por el Ejecutivo se ajustan a la ley y a la jurisprudencia. Fuentes del Gobierno destacan que el informe "blinda" el decreto frente a los futuros recursos que han anunciado las Cámaras. Dicvhas fuenets creen que, una vez aprobado el texto, las entidades carecerán de fondos para pleitear.

El informe de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno pone fin a un largo periodo de gestación del proyecto de decreto, que comenzó en diciembre de 2003. El Ejecutivo tuvo conocimiento en esa fecha de una auditoría que reveló graves deficiencias en la gestión de las cámaras de la propiedad, especialmente en las de Vizcaya y de Guipúzcoa, que provocaron entre 1999 y 2002 importantes pérdidas de su patrimonio.

La auditoría detectó además que ambas tenían una "desproporcionada" estructura de personal y de gastos, que hacía insostenible su mantenimiento a medio plazo. Los departamentos de Hacienda y Vivienda pactaron entonces iniciar los trámites para proceder a la liquidación de las cámaras, que tenía que haber comenzado diez años antes. El Gobierno central abrió ese proceso en 1994 con un Real Decreto que comenzó a aplicarse en el resto de España.

La Comisión Jurídica Asesora concluye en su informe preceptivo que el borrador del Gobierno vasco es respetuoso tanto con la legislación vigente como con la abundante jurisprudencia que le afecta. Califica de "acertada" la conclusión de que la supresión de las cámaras como corporaciones de derecho público obliga al Ejecutivo a arbitrar los mecanismos necesarios en materia de patrimonio y personal de estas entidades. El informe resalta que la Administración vasca es plenamente competente para regular la "definitiva desaparición" de las cámaras "mediante la liquidación de su patrimonio y la reubicación de su personal".

Entre 1999 y 2002 la Cámara de Guipúzcoa perdió 910.346 euros. La de Vizcaya vio disminuir en 1,1 millones el valor de su patrimonio en acciones. Ante esa situación, en septiembre de 2004, todos los partidos políticos respaldaron en setiembre en el Parlamento vasco la liquidación de las cámaras. La auditoría sólo salvaba la situación de la de Álava, que con las tarifas a sus asociados, las más bajas de las tres cámaras, mantenía un elevado nivel de actividad que le permitía obtener resultados positivos.

A pesar de la caída de ingresos que sufrieron las cámaras desde que dejó de ser obligatorio registrar las propiedades inmobiliarias en ellas (lo fue de1927 a 1990), las retribuciones de sus directivos no se han modificado, ni tampoco su elevada estructura de gastos.

Patrimonio acumulado

El secretario general de la Cámara de Vizcaya, Francisco Javier Arechaga, tenía en 2002, último año de la auditoría oficial un sueldo bruto anual de 116.086 euros, y el de Guipúzcoa, Marcos Ballesteros, 73.357. Éste último recibe retribuciones en especie -por arrendamiento de vivienda- por valor de otros 16.222 euros. En Álava no hay secretario general.

La Comisión Jurídica Asesora indica que, en lo referente al patrimonio, el proyecto de decreto ha de subordinarse a la legislación en esta materia de de la comunidad autónoma. Pero no pone ninguna objeción a que el decreto distinga el patrimonio generado por las cámaras durante el tiempo en que las cuotas fueron obligatorias y originado en el tiempo en que la asociación era voluntaria; es decir, antes de 1927 y después de 1990. Aunque esta parte del patrimonio también va a asumirlo la Administración, "se puede adscribir con posterioridad a asociaciones sin ánimo de lucro para la defensa de los intereses de los propietarios", indica el informe.

Respecto del personal, los trabajadores empleados en las cámaras antes del primero de junio de 1990 entrarán, si así lo deciden, a trabajar como contratados laborales al Gobierno vasco. Ya lo hicieron una docena de empleados de la cámara de Álava, a través de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia vasco.

El informe jurídico constata también que la liquidación de las cámaras no vulnera su derecho a funcionar como asociación voluntaria, porque ese derecho lo perdieron en 1927, cuando se convirtieron en corporaciones de derecho público y un real decreto de aquel año instauró la cuota obligatoria para todos los propietarios.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario creen que, con la aplicación de estas cautelas, el borrador de decreto está prácticamente "blindado" frente a los anuncios de recurso lanzados desde las tres cámaras. Además, dudan de que sus rectores puedan disponer de los fondos para actuar contra el Ejecutivo.