La Constitución europea, en la sala de reanimación

¿Está muerta la Constitución Europea, como aseguran el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, o el ministro de Exteriores holandés, Ben Bot? Para el Parlamento Europeo, desde luego que no. Tras el mazazo que significaron los noes a la Carta Magna europea de Francia y Holanda, en mayo y junio de 2005, respectivamente, el proceso de ratificación se aplazó o suspendió sin fecha en varios países. Pero en otros como Bélgica, que seguramente la aprobará el mes que viene, el proceso sigue adelante.

La Eurocámara discutirá hoy en Estrasburgo una resolución cuyo propósito es abrir un gran debate de reflexión junto con los distintos parlamentos nacionales y en "foros de ciudadanos", con el objetivo de que la Constitución europea entre en vigor en 2009, manteniendo sustancialmente "el texto actual". Algunos Estados miembros, como Alemania, son partidarios de añadir un protocolo que subraye o desarrolle algunos aspectos, como el contenido social del Tratado.

El Parlamento Europeo pretende abrir un gran debate de reflexión en las Cámaras nacionales y en foros ciudadanos

Hay que esperar a las elecciones de Francia y Holanda, en 2007, para replantear la construcción europea

Para Austria, el país que ostenta la presidencia de la Unión Europea, la organización de estos foros de reflexión sobre el proceso de ratificación del Tratado Constitucional constituye uno de sus principales objetivos, junto a la aprobación por el Parlamento de las Perspectivas Financieras 2007-2013 (el marco del presupuesto comunitario). El presidente austriaco, Wolfgang Schüssel, explicará hoy a los eurodiputados su estrategia concreta sobre la manera de llevar a la práctica los debates del "periodo de reflexión".

El propósito de Schüssel es que la valoración de estos debates se realice durante el segundo semestre de 2006 bajo presidencia finlandesa. En el fondo, se trata de ganar tiempo para llegar a la presidencia de Alemania, en la primera mitad de 2007, con los deberes cumplidos y poder dar una respuesta al Tratado Constitucional. En todos los foros europeos existe una absoluta unanimidad en que hay que esperar al desenlace de las elecciones de Francia y Holanda, el primer semestre de 2007, para replantear seriamente la senda que debe tomar la construcción europea. El calendario sitúa a Alemania en el momento clave.

Con este escenario de fondo, el Parlamento Europeo está adoptando un protagonismo creciente para recuperar la Carta Magna. El texto constitucional fue firmado por los 25 Estados miembros el 29 de octubre de 2004 y aprobado por el Parlamento Europeo por más de dos tercios, por considerar que representa "un buen compromiso y una importante mejora de los Tratados existentes", el 12 de enero de 2005. Paralelamente, el Tratado Constitucional ha sido ratificado en 13 Estados miembros, entre ellos España, ha sido rechazado en dos, está en trámite en otros cuatro países y ha sido pospuesto o suspendido el proceso de ratificación en otros seis. (Ver mapa adjunto).

En principio, para su entrada en vigor, la Constitución Europea precisa que sea ratificada por todos los Estados miembros. Sin embargo, una declaración ajena establece que "si transcurrido un plazo de dos años desde la firma del Tratado, las cuatro quintas partes de los Estados miembros lo han ratificado y uno o varios Estados miembros han encontrado dificultades para proceder a dicha ratificación, el Consejo Europeo examinará la cuestión".

Durante los últimos cuatro meses, la Comisión de Asuntos Constitucionales ha elaborado un informe sobre el periodo de reflexión, que será debatido hoy y votado por el pleno del Parlamento mañana, en el que "confirma su respaldo al Tratado por el que se establece una Constitución Europea". Los ponentes del informe, el liberal Andrew Duff y el verde Johannes Voggenhuber, estiman que el actualmente vigente Tratado de Niza "no constituye una base con perspectivas de futuro para la continuación del proceso de integración europea". En su opinión, "no es posible seguir ampliando la Unión, después de la adhesión de Bulgaria y Rumania, sobre la base del tratado de Niza". El informe fue aprobado el pasado diciembre en la comisión de Asuntos Constitucionales por 22 votos a favor, dos en contra y una abstención, y mañana lo votará el pleno.

El informe Duff-Voggenhuber "se opone a las propuestas de establecer grupos limitados de algunos Estados miembros en tanto prosiga el proceso constitucional". En concreto, "lamenta que se apunten propuestas de coaliciones que agrupen a algunos Estados miembros fuera del sistema de la UE".

Esta posición coincide con la del presidente del Partido Popular del Parlamento Europeo (PPE), Hans Gert Poettering, que ha censurado las recientes manifestaciones del presidente francés, Jacques Chirac, de crear grupos de países "pioneros" para sacar el proyecto de construcción europea del punto muerto. Fuentes comunitarias indican, sin embargo, que las iniciativas de formar grupos de países más avanzados pueden ser uno de los pocos instrumentos efectivos para recomponer el proceso de construcción europea.

En la elaboración del informe han intervenido como ponentes en la sombra el diputado socialista español Carlos Carnero y el finlandés Alexander Stubb, del PPE. Carnero explica que aunque en teoría existen cuatro opciones abiertas sobre el futuro, para "el Parlamento europeo una conclusión positiva del periodo de reflexión consistiría en mantener el texto actual de la Constitución". Para que ello sea factible, el diputado socialista considera necesario "acompañar el proceso de otras medidas importantes para inspirar confianza y persuadir a la opinión pública". A su juicio, "la debilidad institucional de la Unión persistirá o incluso se agravará a menos que entren en vigor las reformas contenidas en la Constitución Europea".

El proceso de ratificación de la Constitución podría recibir un nuevo refuerzo en febrero, con la aprobación por parte del Parlamento flamenco, último trámite para que sea aprobada en Bélgica. Con ello serían 14 los Estados miembros que la habrían ratificado. En Bélgica, el proceso de ratificación del texto ha sido muy prolijo. Ha sido necesaria su aprobación por el Congreso y el Senado y las cámaras de las cuatro comunidades; Bruselas Capital, Valonia, la región alemana y Flandes, que es la última que queda pendiente.