Gobierno y partidos intentan cerrar en tres días un pacto sobre el Estatuto de Cataluña

El Gobierno, después de tres meses de negociaciones con los partidos catalanes, pretende sellar un acuerdo de base sobre el Estatuto en tres días. Ayer el PSOE lanzó un nuevo ultimátum y convocó a los representantes catalanes hoy en Madrid para iniciar un encierro en el Congreso que desemboque en un pacto sobre al menos los tres asuntos clave de la reforma: el capítulo de competencias, el modelo de financiación y la definición de Cataluña. Todos acudirán a la cita, si bien CiU, ERC e ICV criticaron las "prisas" del PSOE para adoptar un acuerdo antes de su Comité Federal del sábado. ERC e ICV complicaron la situación al reabrir ayer el debate sobre uno de los capítulos básicos pactados el viernes: las competencias compartidas.

Los negociadores del PSOE -el portavoz en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño- no esconden ya públicamente su desencanto por la lentitud en la toma de decisiones tras casi tres meses de negociaciones ininterrumpidas. La rivalidad entre las propias formaciones catalanas, la metodología negociadora con múltiples reuniones bilaterales y multilaterales y las escasas contraofertas por parte del Gobierno a las reivindicaciones de la parte catalana han dificultado un acuerdo ya de por si complicado.

Así que ayer, el Gobierno y los socialistas decidieron coger el toro por los cuernos y dar un empujón, que su juicio debe ser definitivo, a las conversaciones. La opción más efectiva en opinión del PSOE es la convocatoria de una reunión tipo cónclave: un retiro en el Congreso de los Diputados. Tres días de negociaciones para alcanzar lo que los socialistas denominan "punto de no retorno"; es decir, un pacto sobre el núcleo del Estatuto que disipe los temores a un posible fracaso.

Para ello, el PSOE y los partidos catalanes tendrán que consensuar el extenso capítulo de competencias y el nuevo sistema de financiación, los dos puntos sobre los que mantienen mayores diferencias. Si todo marcha sobre ruedas, el viernes podría abordarse la definición de Cataluña como nación, otro de los asuntos más espinosos. Mientras los socialistas apuestan por incluir esa definición en el preámbulo del Estatuto, sin rango normativo, el resto de los partidos, con más o menos firmeza, defienden que se mantenga en el articulado tal como aparece en el proyecto aprobado en el Parlamento autónomo.

Si el acuerdo sobre las competencias parecía difícil, ayer las formaciones políticas catalanas reabrieron otra vez un frente que, en principio, parecía resuelto: el artículo 111 que delimita las competencias compartidas entre el Estado y la Generalitat. El motivo fue la intención del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla -anunciada el lunes en EL PAÍS-, de impulsar una ley para coordinar las competencias autonómicas.

Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida consideraron que de aprobarse una ley de este tipo quedaría debilitada la posición de la Generalitat para impedir posibles invasiones de competencias por parte del Gobierno central.

Financiación y nación

El artículo en disputa obliga al Estado a dictar las normas legislativas básicas -de obligado cumplimiento por parte de todas las comunidades autónomas- a través de leyes "excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto". Republicanos y ecosocialistas pretenden suprimir el pronombre reflexivo "se" para que las excepciones sólo sean las determinadas taxativamente por la Constitución y el Estatuto. Convergència i Unió arremetió ayer contra ambas formaciones por desdecirse del acuerdo del pasado viernes, una actitud que consideraron "poco seria".

Si finalmente se desbloquea este asunto, Gobierno y partidos catalanes deberán abordar el resto de las competencias sobre las que todavía difieren: inmigración, cajas de ahorro, inspección de trabajo, seguridad social, educación y puertos y aeropuertos.

El jueves, las conversaciones se centrarían en el nuevo modelo de financiación. Las principales discrepancias se centran en establecer los criterios de solidaridad, la creación de una agencia tributaria única y en el porcentaje de los impuestos del Estado cedidos a la Generalitat. El viernes, si ambas partes deciden prolongar las negociaciones, podría abordarse la definición de Cataluña.

Ayer, desde Marruecos, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, instó a los partidos catalanes a hacer "un último esfuerzo negociador" y no "complicarse la vida". Tanto el republicano Joan Ridao como Jaume Bosch, de ICV, respondieron que no se dejarán intimidar por "ultimatos" ni por las "prisas" de los socialistas. El líder de CiU, Artur Mas, también hizo oídos sordos a las demandas socialistas.