Gobierno y cuatripartito estudian más de cien artículos del Estatuto catalán sin lograr avances

La primera sesión de la reunión maratoniana que mantienen el cuatripartito y el Gobierno en el Congreso para avanzar en la negociación del proyecto de Estatuto catalán se ha cerrado sin acuerdos destacados en el grueso del centenar de artículos abordados, entre los que se encuentran los referentes al régimen lingüístico, los derechos históricos, administración única o la Justicia, según fuentes de la negociación. Pese a la voluntad manifestada de todos los negociadores de avanzar en las próximas horas, persisten los desacuerdos señalados en la reunión multilateral previa.

Tras la sesión de mañana y pese a que se esgrimía como un avance el haber analizado más de un centenar de artículos, desde CiU se sostenía que las ofertas del Gobierno socialista no pasan de ser "movimientos centrípetos" y se consideró un simple "efecto óptico" considerar un avance el repaso de 102 artículos, ya que entre ellos se encuentra el Título de Derechos y Deberes o el de Instituciones, al que el PP llegó a votar a favor en Cataluña. Aparcado el artículo 1, que define Cataluña como nación y sin contraoferta del PSOE más allá de situar ese término en el Preámbulo, en la reunión se abordó el artículo 3, que regula el marco político, donde el PSOE reclama eliminar la referencia al principio de plurinacionalidad.

Además, se pretende señalar que las relaciones entre Estado y Generalitat se fundan en el principio de "bilateralidad y multilateralidad", lo que constituye a juicio de CiU la "institucionalización del café para todos". La federación no excluye los mecanismos de participación multilateral pero rechaza aceptarlos como principio en las relaciones Cataluña-Estado. También persisten las discrepancias en torno al artículo 5 (derechos históricos) y la correspondiente Disposición Adicional Primera, en la que se apela a los derechos históricos de origen foral para justificar el autogobierno de Catalunya y que el PSOE insiste en eliminar con la oposición de CiU, ERC e ICV-EA.

En el artículo 6, que regula el catalán como lengua propia de Cataluña, persisten diferencias a la hora de vincular a la administración del Estado en el uso del catalán como lengua vehicular en sus relaciones con los ciudadanos. Así, el PSOE propone un redactado por el que el catalán sería lengua de uso preferente de todas las administraciones públicas "de" Cataluña, mientras que los partidos catalanes reclaman que sea para todas las administraciones "en" Catalunya, lo que obligaría a las administraciones del Estado. Persisten en el terreno lingüístico las diferencias en torno al uso del catalán en la justicia.

En este terreno y ya en el Título del Poder Judicial, el PSOE no aceptaría el traspaso de los medios personales a la Generalitat, alegando un conflicto con la dependencia de los secretarios judiciales, ni de la totalidad de los medios materiales, aunque en este caso condicionado al sistema de financiación. En el Título de Derechos y Deberes, CiU mentiene sus reservas la reunión aunque se ha abordado el artículo 33, referente a los derechos lingüísticos ante las administraciones públicas e instituciones estatales, que el PSOE no está dispuesto a asumir. En el Título de Instituciones se mantienen las diferencias en torno al establecimiento de la "necesaria" cooperación del Síndic de Greuges y Defensor del Pueblo, así como en materia de protocolo, que inicialmente se había cerrado en la reunión multilateral celebrada en Barcelona antes de acabar el año.

Al parecer, el PSOE habría planteado ahora la posibilidad de regular por decreto la prelación protocolaria de las autoridades, algo que los partidos catalanes no aceptarían. El PSOE también ha presentado un nuevo redactado para el artículo 71 y la Disposición Adicional 11, por la que la Generalitat se constituía en Administración ordinaria del Estado en Cataluña. Los socialistas plantearían un redactado que matizara esta potestad y establezca que la Generalitat "podrá ser" administración ordinaria del Estado según criterios preestablecidos.

Tras la sesión matutina y la comida, los negociadores han retomado esta tarde el análisis del resto de artículos comenzando por los referentes a las competencias y con la pretensión de ERC e ICV-EA de reabrir el pacto alcanzado la pasada semana en base al artículo 111, que define las competencias compartidas. Según fuentes de la negociación, lo que reclaman estas formaciones es una garantía en la aplicación de este artículo alarmados por la posibilidad de que el Gobierno impulse una ley de coordinación de competencias de las autonomías que acabe rebajando el alcance del artículo pactado.