¿Quién está jugando a la ruleta rusa?

Alianza Popular no participó en el consenso constituyente sobre la estructura del Estado y tampoco participó en el consenso de los años de inicial puesta en marcha de dicha estructura a partir de las posibilidades y límites que contenía la Constitución. Este no fue el único, pero sí fue el más importante de los motivos por los que el centro derecha español, una vez que dejó de estar representado políticamente por UCD y pasó a estarlo por AP, compitió electoralmente de manera tan desventajosa en los años ochenta. Ningún partido que pretenda gobernar un Estado puede competir electoralmente con posibilidades de conseguirlo si no acepta la estructura territorial del Estado que pretende gobernar. Hasta que AP no se reconcilió con la estructura del Estado en el Congreso de 1989 en el que se refundó como PP no se situó en condiciones de competir como un auténtico partido de Gobierno.

No es verdad, por tanto, lo que viene diciendo la dirección del PP de que, con la negociación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, se está rompiendo por el Gobierno de la nación el consenso en el que ha descansado desde la Transición la construcción de la estructura del Estado. Los dirigentes actuales del PP estuvieron en contra de dicho consenso y sólo lo aceptaron con una década de retraso.

Parece que van a cometer el mismo error que cometieron entonces. En el momento constituyente y en los años inmediatamente posteriores (1979-83) lo que se hizo fue delimitar el contenido y alcance que se le iba a proporcionar al derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones como forma de dar, a través del ejercicio del mismo, "un nuevo sentido a la unidad de España", por utilizar los términos de Miquel Roca en las Cortes Constituyentes. Dicha delimitación ha tenido una vigencia de unos veinticinco años, lo que en una experiencia constitucional tan discontinua como la española no es poca cosa.

Lo que ahora mismo se está haciendo es revisar la delimitación que entonces se hizo, con la finalidad de darle al ejercicio del derecho a la autonomía un nuevo contenido y alcance para un periodo en principio de vigencia indefinida, pero que previsiblemente no se va a medir en años, sino en lustros o, muy posiblemente, en decenios.

Esto es lo que está en juego. Si la reforma del Estatuto de Cataluña acaba aprobándose, se producirá inmediatamente después la reforma de los estatutos de las demás comunidades autónomas y acabaremos teniendo una nueva estructura del Estado, que tendrá muchas similitudes con la que ahora mismo tenemos, pero que también tendrá diferencias y que, sobre todo, será el nuevo marco territorial dentro del cual tendrán que competir políticamente todos los partidos, en particular los dos grandes partidos de Gobierno, PSOE y PP.

Este marco va a ser un marco ineludible a partir de ese momento. Una vez que se aprueben las reformas de los estatutos, el PP no va a poder modificarlos si no es por el procedimiento previsto en ellos. Y esto no está ni va a estar al alcance del PP en ninguna comunidad autónoma. Quedarse fuera del proceso de reforma supone, pues, quedarse fuera de juego. Su automarginación del proceso reformador puede dejar al PP en inferioridad de condiciones durante un periodo bastante prolongado.

No se entiende muy bien cómo, tras la experiencia de finales de los setenta y de casi toda la década de los ochenta, la dirección del PP se puede estar comportando de la forma en que lo está haciendo. Apostar todo a hacer descarrilar el tren de la reforma quedándose sin posibilidad de subirse al mismo en el caso de que no descarrile resulta difícilmente comprensible. ¿No hay nadie en el PP al que se le haya ocurrido que quien de verdad está jugando a la ruleta rusa en este proceso es Mariano Rajoy?