Gobierno y partidos desbloquean uno de los capítulos más conflictivos del Estatuto

El Gobierno y los partidos catalanes -CiU, PSC, ERC e ICV- desbloquearon ayer los principios competenciales del Estatuto en su segunda reunión bilateral desde que se reinició la negociación, tras su aprobación en el Parlamento de Cataluña, el 30 de septiembre. Los portavoces de la delegación socialista y de los partidos catalanes coincidieron en considerar "un gran avance" el acuerdo, al ser uno de los capítulos más conflictivos del texto. El portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, valoró que "se ha desbrozado el aspecto más complejo del Estatuto desde el punto de vista jurídico".

Tras el acuerdo básico de ayer, las delegaciones socialista y de las formaciones catalanas pactarán a lo largo de la próxima semana el detalle de las competencias y afrontarán los dos últimos asuntos espinosos de la negociación estatutaria: la denominación de Cataluña como nación y la financiación, donde se mantiene el bloqueo, especialmente en la figura de la Agencia Tributaria única. No obstante, parece casi imposible alcanzar un pacto para el día 21 como pretende el Gobierno.

El clima de voluntad política de acuerdo quedó plasmado en el desarrollo de la reunión, celebrada en el Congreso, que duró cuatro horas, y en la rueda de prensa posterior que ofrecieron los representantes del Gobierno y los partidos catalanes. En representación del Gobierno y el PSOE acudieron el portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño; la representación de CiU estuvo presidida por su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran; la del Esquerra por Joan Puigcercós; la del PSC por la diputada autonómica Manuela de Madre y la de Iniciativa por el portavoz en el Congreso, Joan Herrera.

El acuerdo básico de ayer se materializó en el artículo 111 que define las competencias compartidas entre el Estado y la Generalitat. Las delegaciones socialista y catalana pactaron una redacción que impedirá la invasión abusiva por parte del Estado de competencias de las comunidades autónomas. Con ello resolvió una reclamación que procede no sólo de la Generalitat de Cataluña sino de numerosos gobiernos autonómicos que en los últimos años han visto recortadas sus competencias por parte del Ejecutivo central mediante decretos, órdenes ministeriales o circulares que, al ser calificados de norma básica, son de obligado cumplimiento por parte de las comunidades.

Según el tripartito catalán, ésta es una práctica habitual en los ministerios de Economía, Medio Ambiente o Sanidad. A partir de ahora, todas las normas de carácter básico tendrán rango de ley, salvo en casos muy determinados. El portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, citó por ejemplo las circulares del Banco de España.

Asimismo, el pacto de ayer estipula que las leyes de carácter básico del Estado sólo contendrán principios fundamentales para dejar así a las comunidades mayor margen legislativo. Se trata de impedir lo que sucedió en 2003 cuando la Ley de Calidad de la Educación, del Gobierno del PP, regulaba el número de horas lectivas en castellano, lo que provocó el rechazo de las comunidades con lengua propia que sostenían que esa competencia les correspondía.

Tanto la delegación socialista como la de los partidos catalanes coincidieron en "haber encontrado la llave para desatascar el capítulo de las competencias". Josep Antoni Duran señaló, en nombre de CiU, que con este acuerdo "se tapona una tradicional vía de invasión y usurpación del Estado en competencias autonómicas a través de circulares y normas de rango menor". Joan Herrera, en nombre de ICV, dijo que con este acuerdo "el Gobierno no podrá meter las narices en las competencias de la Generalitat". Joan Ridao dijo, en nombre de ERC, que "las bases que fije el Estado tienen que ser a través de ley y que, en todo caso, serán principios" generales. La socialista, Manuela de Madre, afirmó que, a partir de ahora, la negociación sobre el resto del Estatuto "avanzará más rápidamente".

Por su parte, Alfredo Pérez Rubalcaba, destacó que este acuerdo recoge la jurisprudencia del Tribunal Constitucional "que dice que las normas básicas son, como su nombre indica, básicas y establece que tienen rango de ley preferentemente". El dirigente socialista se negó a hablar de quién gana o pierde en esta negociación, aunque sí reconoció que la redacción del Estatuto sobre este punto, procedente del Parlamento de Cataluña, "contenía elementos de inconstitucionalidad que se han corregido".