La fiscal pide 13.300 años para el argentino Cavallo por genocidio

La fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado solicitó ayer penas que oscilan entre los 13.300 y los 17.000 años de prisión para el ex militar argentino Ricardo Cavallo, Serpico, por su participación en delitos de genocidio, terrorismo, torturas y crímenes contra la humanidad, supuestamente cometidos durante la dictadura argentina, entre 1976 y 1983. Cavallo, en caso de ser condenado, no cumplirá más de 30 años de reclusión, el máximo legal en España en aquella época.

La horquilla de casi 4.000 años de diferencia en las penas que la fiscal solicita obedece a que ha propuesto una serie de alternativas al tribunal en la calificación jurídica de los hechos por los que Cavallo está acusado. Así, la fiscal estima que los hechos pueden ser considerados delito de genocidio y terrorismo, en concurso con delitos de torturas, asesinatos y lesiones, pero también pueden ser calificados como delitos de lesa humanidad y terrorismo. Todo ello, de acuerdo con la legislación de 1976 o con la actual, dependiendo de cuál se considere más beneficiosa para el procesado.

Si el ex militar argentino fuera condenado, de acuerdo con cualquiera de las alternativas de calificación ofrecidas por la fiscal, Cavallo no cumpliría más de 30 años, que es el máximo periodo de cumplimiento previsto en la legislación española de 1973. Pero además, la pena se vería notablemente reducida, ya que se beneficiaría de las redenciones de pena ordinarias y extraordinarias -ya anuladas-, pero que entonces estaban en vigor.

Plan criminal sistemático

La fiscal Delgado -que ya intervino en el juicio contra el ex marino Adolfo Scilingo- detalla en su escrito de conclusiones cómo los milicos argentinos "tomaron la decisión no sólo de derrocar a la presidenta constitucional, María Estela Martínez de Perón, mediante un golpe de Estado, que se materializó el 24 de marzo de 1976, sino también de diseñar, desarrollar y ejecutar un plan criminal sistemático de desaparición y eliminación física de una considerable parte de la ciudadanía que reputaban incompatible con su proyecto político y social, seleccionada en función de su adscripción a determinados sectores, y por motivos ideológicos, políticos, étnicos y religiosos".

Los designios de los militares "se exponían y detallaban extensamente en el denominado Plan General del Ejército, que desarrollaba el Plan de Seguridad Nacional, y que se definía en la Orden Secreta de Febrero de 1976, en la que se contenía la doctrina y las acciones concretas para tomar por la fuerza el poder político e imponer el terror generalizado a través de la tortura masiva y la eliminación física o desaparición forzada de miles de personas que se opusieran a las doctrinas emanadas de la cúpula militar".

Tras relatar la organización de los grupos de tareas que se encargaban de secuestrar y torturas a los detenidos y los vuelos de la muerte, en los que se arrojaba vivos desde aviones en vuelo a personas drogadas para hacerlas desaparecer, la fiscal relata la participación de Cavallo en los hechos.

La fiscal recuerda que el procesado era teniente de fragata y estuvo destinado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) participando en las actividades del grupo de tareas 3.3.2, que se encargaba del secuestro, torturas y exterminio de personas, bajo el mando del almirante Emilio Massera, máximo responsable de la Armada tras el golpe militar.

El juicio se celebrará previsiblemente dentro de varios meses.