Una decisión eminentemente política

Como consecuencia del plan de la Comisión Europea de recortar su plantilla de traductores de español, el tema de la lengua española en las instituciones europeas ha estado de actualidad estas últimas semanas. Se trata de un tema recurrente que aparece en la prensa durante unos pocos días y desaparece enseguida sin dejar rastro. Mientras tanto, el castellano sigue perdiendo peso específico en las instituciones europeas.

Si con este plan se pretendiera únicamente recortar un posible exceso de plantilla o reducir el volumen de traducción al español en la Comisión Europea, no valdría la pena prestar excesiva atención al asunto. Sin embargo, al tratarse de una reducción general de la plantilla de traductores de todas las lenguas, excepto de tres (alemán, francés e inglés), lo que de verdad pone de manifiesto este plan es la voluntad manifiesta de las autoridades de la Comisión de reducir y de imponer de facto un régimen trilingüe limitado a esas lenguas. Es lo que se pretendía hace unos meses en la sala de prensa, es lo que se pretende ahora y es por lo que se está elaborando con ahínco en todos los ámbitos de trabajo de la Unión Europea. La tendencia no es nueva, pero ha adquirido formas más precisas después de la última ampliación, que ha supuesto un claro desplazamiento del eje de Europa hacia el Este.

Lo que está en juego es el uso y el lugar del español, y de 'lo español', en toda Europa

La Comisión quiere reducir e imponer 'de facto' un régimen limitado al alemán, el francés y el inglés

Como de costumbre, los responsables del plan han salido al paso para quitarle importancia al asunto, han aducido motivos "prácticos" y "técnicos" para justificar esta medida y, de paso, han contribuido a crear no poca confusión sobre conceptos esenciales en el ámbito lingüístico europeo, tales como los conceptos de "lenguas oficiales" y "lenguas de trabajo".

A estas alturas, conviene que todos tengamos claro que:

1. Según la normativa en vigor (el reglamento número 1), la lengua española es lengua oficial y de trabajo de las instituciones de la Unión Europea y tiene, por tanto, exactamente el mismo rango que el francés, el inglés o el alemán.

No existen, por tanto, "lenguas de procedimiento", ni "lenguas procedimentales", ni "lenguas de comunicación", ni "lenguas mayoritarias", ni "lenguas básicas", ni otras denominaciones más o menos fantasiosas mediante las cuales sólo se pretende curiosamente otorgar a las tres lenguas citadas el trato preferente que los textos legales vigentes no les reconocen.

2. En caso de que la Comisión hubiera adoptado en algún momento de su historia algo parecido a un régimen trilingüe -no conozco a nadie que haya podido demostrarlo-, esa solución no sería más que un simple "apaño", una "componenda", que en ningún caso puede considerarse como una norma consolidada e intocable.

3. Admitiendo que la Comisión hubiera establecido a nivel interno un régimen lingüístico restringido, se trataría de un régimen para su uso y consumo interno. No se entiende la aplicación de ese régimen restringido a todos los actos (comunicaciones, informes, libros de diferentes colores, propuestas, etcétera) adoptados por la Comisión como tal, que tienen una evidente dimensión exterior.

En una sociedad democrática, que ha erigido el principio de la transparencia en principio fundamental de su acción de gobierno, es imprescindible garantizar el derecho de acceso a la información de todos los ciudadanos precisamente para seguir suscitando su adhesión al proyecto europeo.

Resulta sorprendente a este respecto comprobar que la Comisión renuncia cada vez con mayor frecuencia a publicar todos sus actos en todas las lenguas oficiales. Se da así la paradoja de que, después de la ampliación, oficialmente las instituciones han pasado de 11 a 21 lenguas, pero en la práctica se están reduciendo a tres. Es otro síntoma de la desorientación y de las contradicciones en que se encuentra sumido el proyecto europeo.

En todo caso, la decisión de limitar la utilización de una lengua -y, por tanto, de favorecer el uso de otras- no es una cuestión meramente técnica o presupuestaria, sino eminentemente política. Así lo han comprendido franceses y alemanes que en la 80ª cumbre franco-alemana decidieron apoyarse mutuamente en la defensa de sus lenguas respectivas, y convinieron lo siguiente: "Velaremos por el respeto del pluralismo lingüístico en las instituciones de la Unión y estamos decididos a adoptar las medidas necesarias a favor de la utilización del alemán y del francés en las instancias de la Unión Europea, por ejemplo, favoreciendo el aprendizaje de dos lenguas por parte de los futuros funcionarios europeos (...)", punto 12 de la declaración común franco-alemana, París, 22 de enero de 2003.

Además del compromiso de ambos países a favor de sus lenguas, este acuerdo demuestra su voluntad de no dejar este tema en el ámbito exclusivamente diplomático, sino de llevarlo también a nivel ministerial y, por tanto, político. Sus responsables políticos entienden sin duda que la defensa de la lengua es fundamental, no sólo por su proyección política y cultural, sino también por su valor económico. Por lo que se refiere específicamente al castellano, cabe recordar que, según un estudio publicado en 2003 bajo la dirección del académico Ángel Martín Municio (citado por Jaime Otero), "el español representa para España un valor económico equivalente al 15% del producto nacional bruto". (Los argumentos económicos de la lengua española, ARI, número 42/2005, 31-3-2005).

Por consiguiente, lo que España se juega en este envite no son unos cuantos puestos de traducción. Lo que está en juego realmente es el uso y el lugar del español -yo diría incluso de "lo español"- en las instituciones europeas y, en definitiva, en toda Europa. A su manera, la Comisión Europea ha puesto sus cartas boca arriba. Seguramente, otras instituciones van a seguir sus pasos. Les corresponde ahora jugar a las autoridades españolas.

Exigir un trato de la lengua española equivalente al otorgado al francés, inglés y alemán, y pedir que todos los actos de la Comisión estén en lengua española parece lo mínimo que debe exigirse a corto plazo. A medio plazo podría crearse una estructura política (sea cual sea su nombre: observatorio, agencia...) encargada del seguimiento permanente de la lengua española en el exterior, con capacidad de intervención al nivel político adecuado cuando se produzcan desafueros como el que ahora nos ocupa.

Sería un buen colofón para el centenario de la publicación del Quijote que acaba de celebrarse.

José Cuenda Guijarro es traductor de las Comunidades Europeas.