Aguirre anula las primas al empleo estable que Gallardón introdujo en los concursos públicos

La UE declaró contrario a la competencia el decreto aprobado por el ex presidente

El Gobierno de Esperanza Aguirre ha derogado un decreto aprobado en 1998 -cuando el presidente era Alberto Ruiz-Gallardón- que favorecía en los concursos públicos a las empresas con más plantilla fija. Esa medida, aplaudida por los sindicatos y criticada desde el primer día por los empresarios de la construcción, había sido cuestionada también por la Unión Europea, que lleva siete años advirtiendo a la Comunidad de Madrid de que el decreto vulnera las normas europeas. El sindicato CC OO afirma que Aguirre se ha plegado a los intereses de los constructores, e interpreta la decisión como una "declaración de guerra". El Gobierno regional replica que no podía desobedecer a Bruselas.

"Las normativas europeas en las que se escuda Aguirre son ambiguas, y de hecho el Gobierno de Gallardón sí se peleó con Bruselas para defender su decreto. Nosotros estábamos dispuestos a pactar una modificación en el artículo 2, pero anularlo entero es una decisión gravísima e irresponsable, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de obra pública que se está haciendo ahora en Madrid. El sector de la construcción es el que más empleo temporal -y más accidentes laborales- registra y, por tanto, era el más interesado en que se anularan las primas al empleo estable", afirma María Cruz Elvira, secretaria de Empleo de CC OO. El sindicato estudia recurrir esta decisión ante los tribunales.

"Esa acusación es injusta. Nosotros estamos de acuerdo con el decreto de 1998, el problema es que Bruselas nos ha dejado muy claro que es contrario a sus directivas. No podemos seguir insistiendo en defenderlo. Nos arriesgamos a que nos lleve a juicio o nos multe", contesta un portavoz de la Consejería de Hacienda.

El decreto 213/1998, de 17 de diciembre, fue fruto del Acuerdo Marco por la Calidad y la Estabilidad en el Empleo que Ruiz-Gallardón firmó con los sindicatos en 1997, y que CC OO y UGT consideraron "un gran avance en la lucha contra la temporalidad". El artículo 2 de ese decreto establece que, en cualquier concurso público, las empresas que acrediten tener más plantilla fija recibirán más puntos (hasta un 20% más).

La Consejería de Hacienda calcula que la aplicación de estas primas al empleo estable ha resultado "clave" para dirimir "entre un 15% y un 20% de las adjudicaciones", según explicó una responsable gubernamental a este periódico el pasado verano.

El actual Consejo de Gobierno derogó el decreto el pasado 15 de diciembre y lo publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (Bocam) el 27, así que, a partir de este mes, dichas primas dejan de aplicarse.

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El decreto fue impugnado en 1998, nada más ser aprobado, por la Confederación Nacional de la Construcción ante la UE, y ésta le dio la razón desde el primer momento: en sucesivas cartas, Bruselas advirtió a la Comunidad de que esa normativa madrileña vulneraba las directivas europeas sobre la libre competencia, porque éstas sólo contemplan criterios "económicos y técnicos", y nunca "sociales", a la hora de adjudicar un contrato. El Ejecutivo del entonces presidente y hoy alcalde, Ruiz-Gallardón, respondió siempre con el mismo argumento: la estabilidad en el empleo puede considerarse un criterio económico y técnico porque las empresas con más plantilla fija rinden más y mejor.

Con ese intercambio de cartas se llegó a 2005, y entonces el Ejecutivo de Aguirre recibió lo que considera un "ultimátum de Bruselas": el 6 de abril, la Comisión Europea comunicó por escrito a la Comunidad que ésta había incurrido en "infracción constatada" de la normativa europea, y que, por ello, la Comisión estaba "a punto de iniciar la tramitación de una denuncia contra el Reino de España ante el Tribunal de Justicia Europeo". La carta añadía que, en esa situación, la UE no podía "proceder al pago" de ciertos fondos europeos destinados a Madrid, aunque no precisaba exactamente cuáles.

"Nocturnidad y alevosía"

A raíz de esa carta, y tras constatar que las amenazas iban en serio -tres representantes del Gobierno regional y uno de la Abogacía del Estado se desplazaron en mayo a Bruselas-, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha decidido derogar, con un nuevo decreto, el polémico artículo 2 del decreto de 1998, y así lo acordó el pasado 15 de diciembre. El día 20 llamó a los sindicatos para comunicárselo, y el 27 lo publicó en el Bocam. El nuevo decreto, ya sin primas al empleo estable, entra en vigor el próximo día 17.

"La Comunidad ha actuado con nocturnidad y alevosía. Ni siquiera nos ha convocado antes de decidir, a pesar de que el decreto de 1998 fue pactado por el Gobierno y los sindicatos después de meses de negociaciones. Hemos enviado una carta a la presidenta Aguirre pidiéndole una reunión urgente del Consejo de Madrid [compuesto por sindicatos, patronal y Gobierno regional], y estamos a la espera. Si no contesta, emprenderemos movilizaciones", asegura María Cruz Elvira, de CC OO.

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