La Xunta protegerá la costa ante los planes para construir decenas de miles de viviendas

Un neologismo se ha apoderado del vocabulario político gallego: marbellización. Aunque algunos lo consideran exagerado, el término expresa el creciente temor a que la presión constructora sobre el Mediterráneo y Andalucía se traslade ahora a Galicia, que tiene más de un tercio del litoral español con amplias zonas todavía vírgenes. Las noticias sobre compras masivas de terrenos y los planes de algunos ayuntamientos costeros para recalificar vastas áreas próximas a la costa han provocado la reacción de la Xunta con el anuncio de un plan para poner coto a las "prácticas abusivas".

Mientras se elabora ese plan con el propósito de tenerlo listo antes del próximo verano, el Gobierno de coalición entre socialistas y nacionalistas, que lleva cuatro meses en el poder, ha querido dejar claro que la "apuesta por la ordenación del territorio y el urbanismo de calidad es uno de los puntos esenciales de su programa", como apunta la consejera de Política Territorial, María José Caride. Una de sus primeras medidas ha sido la suspensión de las normas urbanísticas en dos municipios, Sada, una zona de playas próxima a A Coruña, y Tui, localidad fronteriza con Portugal que posee un casco histórico de gran valor, tras constatar las "graves irregularidades" cometidas en ambos casos. En Sada el Ayuntamiento presentó hace meses un plan que permitiría construir casi 50.000 nuevas viviendas, el cuádruple de las actuales.

El avance imparable de la economía del cemento y el agotamiento de la capacidad de construcción en otras zonas de España se han unido a la mejora de las comunicaciones con la Meseta para aumentar la presión urbanística sobre el litoral gallego.

La mayoría de los municipios costeros prepara la revisión de sus planes para ordenar el suelo y aumentar las posibilidades de edificación. La zona próxima a Vigo, con multitud de playas y un clima más cálido que en el resto de Galicia, es un ejemplo de las expectativas y los temores que suscitan las posibilidades de desarrollo. En Nigrán, tradicional lugar de veraneo de la comarca, el alcalde, Alfredo Rodríguez, del PP, ha elaborado un nuevo proyecto urbanístico protegido por un inusual secretismo. No lo conocen ni la mayoría de los concejales de su grupo y, antes de entregarlo personalmente en la Xunta, lo tuvo guardado bajo llave en su despacho para, según dijo, ponerse a salvo de las presiones de los promotores. Hace un mes, fue incendiado el coche de un edil del BNG, un episodio que nacionalistas y socialistas vincularon a sus denuncias sobre una operación urbanística. "Sea como sea el nuevo plan, en Nigrán ya no queda un metro cuadrado sin comprar", advierte un empresario de la zona.

En la ría de Vigo también está Cangas do Morrazo, las protestas vecinales han logrado paralizar un nuevo plan de urbanismo, aunque el Ayuntamiento ya había firmado previamente convenios para dos grandes operaciones: la construcción de 5.000 viviendas junto a la costa de la hermosísima ría de Aldán y de cerca de un millar de chalés y de un puerto deportivo de altos vuelos, diseñado por el británico Norman Foster, en una antigua fábrica de conservas.

Las Rías Baixas, como la de Vigo, son el área más urbanizada de Galicia, por su clima y su mayor desarrollo económico, pero la presión para construir se está trasladando ahora a otras zonas que permanecían relativamente vírgenes, como el litoral de Lugo o la Costa da Morte, en A Coruña. Esta última comarca fue la más castigada por el desastre ecológico del Prestige con una consecuencia paradójica: la atención de los medios de comunicación y la llegada de miles de voluntarios para limpiar sus playas e imponentes roquedales la han situado en los circuitos turísticos. En Muxía, conocida como la zona cero de la catástrofe, se acaba de aprobar un plan de urbanismo que prevé construir 700 viviendas para 5.300 residentes en un pueblo que ahora no sobrepasa los 1.500. El Ayuntamiento ha recalificado terrenos que en buena parte están a menos de 200 metros de la costa y que, según denuncias de la oposición, previamente habían sido comprados por empresas vinculadas a familiares del alcalde, Alberto Blanco, del PP.

"Nuestros 1.720 kilómetros de costa son muy frágiles desde el punto de vista paisajístico y medioambiental", explica Ramón Lueje, director general de Urbanismo. "Nuestra intención no es impedir el desarrollo urbanístico, pero sí contenerlo y ordenarlo". Ése es el propósito del Plan Territorial Integrado del Litoral que la consejera María José Caride quiere aprobar antes del verano, junto a la creación de una Agencia de Calidad Urbanística, que actuaría de acuerdo con los ayuntamientos.