La finca de Moncho

Ramón Rodríguez Ares, Moncho, alcalde de Sada, un pueblo costero del área suburbana de A Coruña, es conocido en toda Galicia por su reconocida admiración a Franco -en su municipio está el pazo de Meirás, la residencia veraniega del dictador- y por el lema con que concurrió a unas elecciones municipales: "Moncho es mucho". Tras un cuarto de siglo en el poder, su carrera política parecía acabada cuando perdió la mayoría absoluta en los últimos comicios de 2003 y se formó un nuevo gobierno de coalición encabezado por los nacionalistas. Pero Moncho hizo honor a su divisa. En siete meses recuperó el poder tras lograr la conversión a su causa de un concejal socialista. Con el apoyo del tránsfuga hizo triunfar una moción de censura que le costó la expulsión del PP.

"Casi nadie en Sada duda de que el principal motivo de la moción fueron los intereses urbanísticos", afirma el nacionalista Benedicto Álvarez, responsable de esa área durante el efímero gobierno de coalición. "Sus promotores incluyeron expresamente entre sus motivos la aprobación de un nuevo plan de urbanismo".

Ese proyecto se elaboró, aunque fue desautorizado el pasado julio por el anterior Gobierno autonómico del PP que, entre otros motivos, alegó el desmesurado incremento del volumen de edificabilidad. El plan preveía construir viviendas con una superficie total de 5 millones de metros cuadrados. A 100 metros de media por vivienda, serían 50.000 para un municipio que en la actualidad tiene censados 12.867 habitantes.

Hace algún tiempo, las prácticas urbanísticas de Rodríguez Ares ya habían sido reprobadas por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que declaró ilegal un proyecto para construir 470 viviendas junto a la costa. Y ahora, el nuevo Gobierno gallego ha suspendido las normas urbanísticas vigentes tras constatar que el "incumplimiento sistemático" en su aplicación están "degradando el medio rural y su entorno natural". El Ayuntamiento había autorizado la construcción de bloques de varios pisos en zonas rurales donde sólo se permiten viviendas unifamiliares.

Además de paralizar las normas que regulan la construcción, la Xunta ha denunciado a Ares ante los tribunales. El alcalde no se arredra, alardea de su actitud desafiante y asegura que seguirá aplicando a su antojo la política urbanística.