Un alcalde condenado y reincidente

Tui, con 16.680 habitantes, es el último enclave de Galicia antes de cruzar a Portugal por un puente sobre el Miño y la sede de uno de los siete obispados de Galicia. Tiene un casco antiguo, declarado conjunto histórico-artístico en 1967, con una catedral que comenzó a construirse en el siglo XII y una iglesia del XIV. Tui tiene también un alcalde, Antonio Fernández Rocha, del PP, a quien no parecen disuadirle las frecuentes citaciones judiciales.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia le inhabilitó por ocho años tras constatar que prevaricó al autorizar un bloque de viviendas ilegal. Un recurso al Supremo permitió a Rocha esquivar provisionalmente la sentencia y prolongar en el cargo su afición a bordear la legalidad urbanística. Desde que fue condenado, le han abierto otros dos procesos judiciales.

A Fernández Rocha ya le había suspendido por dos veces su plan de urbanismo el anterior Gobierno autónomo de sus compañeros del PP. Ahora, la Consejería de Política Territorial acaba de dejar sin efecto las normas vigentes en el municipio para poner freno a un modelo que "está afectando gravemente a su conjunto histórico artístico". La Xunta denuncia el aumento irregular del volumen y la altura de las construcciones y de la densidad de edificación.

Fernández Rocha había sido condenado, junto al aparejador y el técnico de urbanismo municipales, por autorizar la construcción de un bloque de 25 viviendas que vulneraba las normas para proteger la zona histórica. En el juicio declaró contra él el anterior director general de Patrimonio Artístico de la Xunta, Ángel Sicart.

El alcalde aún tiene pendientes otros dos procedimientos judiciales. En uno de ellos, abierto en el jugado número 1 de Tui tras la querella presentada contra él por la asociación de vecinos Arzobispo Lago, la fiscalía le acusa de prevaricación y tráfico de influencias.

Según los denunciantes, Fernández Rocha autorizó en abril de 2004 la recalificación de terrenos previamente adquiridos por las promotoras Tuyvi y Alcaró, de las que es administrador uno de sus hijos, José Antonio Fernández Estévez.

Beneficio de 35 millones

En la inscripción ante el registro mercantil de una de ellas, Tuyvi, aparece el propio alcalde como apoderado. La operación urbanística presuntamente irregular permitirá a los propietarios de los terrenos un beneficio de 35 millones de euros, según cálculos del grupo municipal socialista.

Para justificar la suspensión del planeamiento urbanístico de Tui, la Xunta alude a la "alarma social" creada por las actuaciones en el entorno del casco histórico que, además de los procedimientos penales, "han sido objeto de reiteradas denuncias y expedientes sancionadores".