Obediencia política

La tramitación legal de la OPA de Gas Natural sobre Endesa está revelando la determinación del Partido Popular de convertir una operación que debería moverse en el ámbito estrictamente financiero en un circo político de dudosa honorabilidad. Sirva como ejemplo el espectáculo organizado el lunes por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), que decidió recomendar al Gobierno el rechazo de la operación. Los seis consejeros nombrados por el PP en el Tribunal durante su etapa de Gobierno hicieron honor a su obediencia al partido que los designó y votaron en contra del informe elaborado por los técnicos de la institución, que proponía razonablemente aprobar la OPA con severas condiciones para mantener la competencia. Resulta evidente que el primer partido de la oposición se ha propuesto abortar la integración de Endesa en Gas Natural por encima de cualquier otra consideración, sea ésta un criterio de estricta competencia en el mercado -ninguna propuesta de compraventa o concentración debe ser vetada o impedida si mediante otro tipo de restricciones se garantiza la competencia en su mercado-, sea el respeto debido a la independencia de los organismos reguladores que garantizan el buen funcionamiento de los mercados.

A la espera de conocer el dictamen razonado de la dudosa votación del lunes, los hechos apuntan a que el PP ha convertido su oposición a la OPA de Gas Natural en una obsesión que amenaza con socavar la credibilidad de los organismos reguladores españoles. Fue una conducta indigna convertirse en grupo de presión ante las autoridades comunitarias para que la OPA fuese tramitada en Bruselas, con la esperanza de que la dureza de las condiciones europeas impidiera su aprobación, sin cuidarse de las sospechas de parcialidad que tal empeño arrojaba sobre la Comisión de la Energía, el TDC, y la propia Comisión Europea. Ahora, parece haberse propuesto utilizar todos los resortes creados durante sus años de Gobierno en forma de consejeros de las instituciones reguladoras para impedir una OPA que consideran una operación política de agresión, presumiblemente de Cataluña contra España, y un intento de desalojar a los responsables de la compañía que nombró el PP durante su etapa de Gobierno.

Esta práctica indeseable, apoyada desde ciertos medios de comunicación que se dedican a distribuir infamias personalizadas, socava la credibilidad de los árbitros económicos; es el precio que el PP parece dispuesto a pagar a cambio de incomodar al Gobierno. Los inversores nacionales e internacionales acabarán por no confiar en instituciones que simplemente votan al dictado de los partidos políticos, en contra de la racionalidad económica que les proponen los informes técnicos. Desdichadamente es lo que ha sucedido en el TDC. Es más, sus consejeros han decidido no hacer público el informe técnico que aprobaba la fusión; tal vez porque temen quedar en evidencia.

El informe del TDC no es vinculante; por tanto, el Gobierno puede muy bien decidir lo contrario. Sobre todo si cuenta con informes, como el de la CNE, que compaginan razonablemente la creación de un grupo integrado de gas y electricidad con las exigencias para garantizar que el mercado energético español no se convierte en un jardín oligopolístico. Al margen de la incomodidad, quizá sea el momento de preguntarse si el método de poblar los organismos reguladores con consejeros directamente recomendados por los partidos políticos no lleva a clausurarlos por inutilidad manifiesta.