La ley antifraude perseguirá el dinero negro en la compra y alquiler de viviendas

La nueva ley contra el fraude fiscal que ultima el Gobierno fijará como primer objetivo acabar con el uso de dinero negro en la compra y alquiler de viviendas. El vicepresidente Pedro Solbes presentará mañana al Consejo de Ministros el anteproyecto, que será aprobado en los primeros meses del próximo año. La norma obligará a los inquilinos a especificar el número de referencia catastral del piso en el recibo de la luz, y a los compradores, a hacer constar en la escritura la forma de pago utilizada.

La lucha contra el fraude fiscal se centrará también en el sistema de tributación por módulos, ya que algunos empresarios se acogen a este régimen -cuantifica los impuestos que se deben pagar en función de las características del negocio y no de la facturación- para emitir facturas falsas. Con el objetivo de facilitar su detección, la futura ley prevé crear una retención sobre el pago de facturas emitidas por empresarios a otros empresarios, según los objetivos del Ministerio de Economía y Hacienda.

Una vez que el Consejo de Ministros estudie mañana el anteproyecto, el documento será sometido a información pública para recoger las opiniones y sugerencias de los sectores afectados. Según el calendario fijado por el vicepresidente Solbes, está previsto que el Gobierno dé el visto bueno definitivo al texto en febrero y que la nueva ley pueda entrar en vigor a mediados del año próximo, tras su aprobación por el Congreso.

Las medidas de la futura ley serán complementarias a las ya establecidas en el plan contra el fraude fiscal que Hacienda puso en marcha en enero pasado, que introdujo la obligación de inquilinos y propietarios de pisos de consignar la referencia catastral en la declaración del impuesto sobre la renta.