El Gobierno advierte de que no hay agua para 450.000 viviendas previstas en el Mediterráneo

Las confederaciones hidrográficas del Segura y del Júcar mantienen que no existen garantías de suministro de agua para cerca de 450.000 nuevas viviendas proyectadas en medio centenar de planes urbanísticos que se tramitan en municipios de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, según los informes que han elaborado desde abril, cuando una modificación legal obligó a hacer este tipo de estudios, preceptivos aunque no vinculantes. Los problemas de suministro de agua en esta amplia zona del arco mediterráneo están siendo afrontados por el Ministerio de Medio Ambiente mediante la construcción a contrarreloj de las desalinizadoras necesarias para asegurar el abastecimiento.

Las confederaciones hidrográficas del Segura y del Júcar han firmado resoluciones desfavorables sobre la disponibilidad y la existencia de los recursos hídricos necesarios para el abastecimiento de cerca de 450.000 viviendas previstas en cerca de 50 municipios de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, Murcia y Almería, según se desprende de los informes realizados tras la modificación de la Ley de Aguas, a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Las confederaciones hidrográficas, dependientes del Ministerio de Medio Ambiente, que dirige Cristina Narbona, son las encargadas de la gestión del agua en esas zonas del arco mediterráneo en las que está comprometida una importante expansión urbanística en los próximos años.

Precisamente los informes negativos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que son preceptivos desde el pasado mes de abril, fecha en la que se modificó un artículo de la Ley de Aguas que obliga a las confederaciones hidrográficas a realizar un análisis que, aunque no es vinculante, debe definir si las cuencas disponen de recursos suficientes, han servido de base para que la eurodiputada Janelly Fourtou solicitara una moratoria al Parlamento Europeo, que aprobó por mayoría absoluta esta petición.

En el texto, esta institución comunitaria, después de constatar que "la Confederación Hidrográfica del Júcar ha elevado varias objeciones contra al menos 30 nuevas urbanizaciones en la Comunidad Valenciana y que la Comisión Europea ha comunicado al Gobierno español que existe una puesta en marcha inadecuada de la directiva marco del agua", mantiene que "ciertos planes urbanísticos parecen tener un desastroso impacto sobre el medio ambiente y la ecología de numerosas zonas costeras, y más particularmente sobre las condiciones futuras de abastecimiento de agua, un hecho que preocupa a la Unión Europea", indica el informe aprobado por el Parlamento.

El comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Manuel Aldeguer, mantiene que la Generalitat Valenciana "incumple la Ley de Ordenación del Territorio autonómica al recalificar terrenos sin garantizar que hay agua suficiente, algo que pasa de forma sistemática en la provincia de Alicante desde hace más de una década".

Asimismo, Aldeguer llama la atención sobre la posible incompatibilidad en su cuenca, la del Segura, entre el abastecimiento a las nuevas urbanizaciones y a los terrenos agrícolas, "puesto que en estos momentos el regadío tradicional no dispone más que de 17 hectómetros cúbicos de agua, mientras que en la misma fecha del año anterior tenía seis veces más", argumenta Aldeguer, ex alcalde de Guardamar del Segura, quien dice que no hay recursos suficientes para los nuevos desarrollos urbanísticos previstos en Alicante.

El titular de la Comisaría de Aguas del Júcar, Manuel Alcalde, hace hincapié en la diferencia entre disponibilidad y existencia de agua. Mientras la existencia es el principal problema de la cuenca del Segura, ya que no hay agua para el abastecimiento, en la del Júcar puede haber recursos que no estén disponibles por el déficit de infraestructuras, o que simplemente se necesiten para otros usos. Por eso se explica que en total haya tenido que firmar casi una treintena de informes desfavorables sobre la existencia o disponibilidad de agua, tal y como obliga la normativa valenciana, que es mucho más exigente que la Ley de Aguas nacional.