La urbanización del litoral, en el dique seco

Al menos 41 proyectos urbanísticos a trámite en estos momentos en la Comunidad Valenciana han sido informados desfavorablemente por no acreditar que disponen de agua suficiente para sus necesidades, según datos de las confederaciones hidrográficas. De acuerdo con cálculos realizados por este diario, las dos confederaciones no garantizan el suministro hídrico a más de 150.000 nuevas viviendas proyectadas en la costa y el interior de la Comunidad Valenciana.

Las dos confederaciones tienen sobre la mesa 122 expedientes, la mayoría a la espera de que los promotores inmobiliarios demuestren que cuentan con recursos de agua suficientes para el consumo de los potenciales nuevos residentes y para el riego de zonas verdes y campos de golf.

Sólo seis de los planes tienen el dictamen favorable de los organismos de cuenca

Algunos promotores incorporan a sus proyectos la ejecución de desaladoras

Del centenar largo de informes abiertos por las confederaciones, unos 75 están en fase de requerimiento, es decir a la espera de más información. Es el caso de sonados proyectos en la Comunidad Valenciana por su envergadura como el Programa de Actuación Integrada (PAI) de Porxinos, en la localidad de Riba-Roja del Túria, donde el Valencia C. F. proyecta la construcción de su nueva ciudad deportiva y unas 2.800 casas.

No es el único. En Riba-roja existen otros 11 proyectos que, de materializarse, elevarían las viviendas previstas a 11.365, triplicando así la población actual, 18.000 habitantes.

En la provincia de Valencia, unos 40 proyectos están a la espera de nuevos informes, 23 son desfavorables, y sólo se han informado favorablemente otros tres, los de Rotglà i Corberà, Museros y Llíria. En Alicante, 19 están bajo requerimiento y 17 son desfavorables. El único que ha pasado el filtro es el plan Nou Nazareth de la localidad de Sant Joan. En Castellón, una docena dependen de más información, dos son favorables y el de La Llosa es el único negativo.

Entre los 23 planes urbanísticos con dictamen desfavorable en la provincia de Valencia se encuentra el PAI de la Bega-Puerto en el municipio costero de Cullera. La Comisión de Urbanismo de Valencia, dependiente de la Consejería de Territorio de la Generalitat, aprobó a finales de noviembre este macroproyecto, que prevé la urbanización de 600.000 metros cuadrados, con 33 torres (de 10 a 25 alturas), y dos hoteles con 42 plantas en la desembocadura del río Júcar. El proyecto se bautizó en su día como el Manhattan de Cullera por su verticalidad.

El macrocomplejo, recogido por el PGOU del municipio, recibió la aprobación de la comisión territorial de Urbanismo pese a las advertencias de los ministerios de Fomento y de Medio Ambiente de que las carreteras no estaban preparadas para absorber el crecimiento de tráfico. Tampoco se acreditaba, según el ministerio que dirige Cristina Narbona, la existencia de recursos hídricos suficientes.

La Generalitat, con competencias exclusivas en materia de urbanismo, dio el visto bueno al plan, condicionado a que se resolviesen las carencias, de ahí que anunciara que no concedería licencias de ocupación del suelo hasta que no se subsanasen. El plan de la Bega-Puerto ha sido además recurrido por la Delegación del Gobierno por la supuesta "ilegalidad" del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de la localidad y el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa), que otorga a este último la gestión y planificación del plan.

"Hemos detectado un crecimiento exponencial de las necesidades de agua en gran parte de los PAI que se localizan en zonas donde hay derechos de agua para riegos agrícolas", aseguran desde la Confederación Hidrográfica del Júcar. Los proyectos urbanísticos que se asientan sobre suelo de cultivo disponen en muchos casos de pozos de riego propiedad de las comunidades de regantes. Lo lógico en estos casos, advierten desde la confederación, es que regantes y promotores alcancen acuerdos sobre estos pozos y a continuación se produzca un cambio de uso del agua.

Otros planes que se verán afectados por los dictámenes desfavorables de la Confederación del Júcar son el del sector Golf de Vilallonga, con 5.000 casas proyectadas, o el plan Corral de Mora, de la Font de la Figuera, donde están previstas otras 1.500 nuevas residencias. Alboraia, municipio contiguo a la capital valenciana, ha vivido estos últimos días sonadas protestas después de que el Ayuntamiento anunciase la transformación de 1,2 millones de metros cuadrados de huerta, donde se proyectarían unas 800 viviendas, según estimaciones. Las localidades de Estivella, Tavernes de Valldigna, Llombai, Monserrat y Montroy tampoco cuentan con el beneplácito de la Confederación Hidrográfica para sacar adelante algunos de los proyectos urbanísticos que están sobre la mesa.

En Alicante, la provincia más afectada por la escasez hídrica, la Confederación del Segura dictamina la práctica totalidad de peticiones de nuevas urbanizaciones de forma negativa porque no hay agua. En estos momentos no garantiza el abastecimiento hídrico a 14 urbanizaciones residenciales. Dos de los casos más llamativos son los de Orihuela, donde se ha iniciado la tramitación de unos 13 planes urbanísticos diferentes, con una previsión de 25.000 nuevas viviendas, y el de San Miguel de Salinas, localidad cercana a Torrevieja, donde el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en tramitación permitiría levantar de 50.000 a 70.000 nuevas residencias en los próximos años.

El organismo de cuenca del Segura ha dicho que no hay agua para más casas en Dolores, Crevillent, Callosa de Segura, Lo Romero, Pilar de la Horadada, San Fulgencio, San Isidro o Elche, si bien abre la puerta a la construcción de viviendas si el promotor acredita la existencia de agua suficiente. El problema ha llevado a algunos promotores a incorporar a sus proyectos la construcción de desaladoras.