"400.000 personas recibirán ayuda por atender a familiares dependientes"

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, responde a las preguntas en su despacho del paseo de la Castellana. Es el viernes previo a Navidad y hace menos de dos horas que ha terminado el Consejo de Ministros donde ha presentado su Ley de Dependencia, un proyecto que él equipara con la universalización de la sanidad. Habla también de la próxima Ley de Igualdad y de la reforma laboral que se avecina, en la que pide a los agentes sociales voluntad para alcanzar un acuerdo que avance en la reducción del empleo precario, e insiste en la necesidad de ampliar la edad de jubilación de forma voluntaria.

Pregunta. ¿Cuál es el coste de su Ley de Dependencia?

Respuesta. Antes de hablar del coste, creo que lo importante es recordar a los ciudadanos que se les reconoce un nuevo derecho. En el ámbito social es la ley más importante de esta legislatura y, en mi opinión, de los próximos años. El ciudadano dependiente, el que no puede valerse por sí mismo, va a poder acceder al conjunto de prestaciones que garantizará el Estado. Es un derecho igual y universal en todo el territorio. Tendrán acceso a ella los españoles que estén afectados de dependencia y se decidirá con un baremo estatal único y mediante unos equipos de valoración especializados. Es un avance muy notable, desde 1990, con el reconocimiento de las pensiones no contributivas, no se había producido el reconocimiento de un nuevo derecho social.

"Desde 1990, con las pensiones no contributivas, no se había reconocido un nuevo derecho social"

"Ahora la vasta clase media está excluida del sistema de ayudas por dependencias"

"Si se alcanza un acuerdo social, estoy convencido de que podríamos bajar dos o tres puntos por año la temporalidad"

"Para 2015, cuando esté completado, el coste del sistema rondará el 1% del PIB actual, unos 9.000 millones"

"Para que el sistema sea viable tiene que haber participación económica del usuario, de acuerdo con su renta"

"Nuestras medidas van orientadas a ampliar voluntariamente la edad de jubilación. O se trabaja más tiempo o el sistema no hay quien lo sostenga"

P. ¿El PP no hizo nada?

R. Yo constato que los avances sociales se han producido en los años ochenta con un Gobierno progresista y ahora nuevamente. La arquitectura del sistema, además, se corresponde exactamente con el programa electoral.

P. Bueno, ¿pero cuál será el coste del sistema?

R. Para 2015, cuando esté completado, rondará el 1% del PIB actual, unos 9.000 millones de euros. Eso representa un salto impresionante. Ahora el gasto en dependencia está en el 0,18% del PIB, menos de 2.000 millones. Para alcanzar el objetivo, el Estado y las comunidades autónomas cubrirán a medias 4.000 millones extra. El resto será aportado por el usuario, hablamos del 30% o el 35%.

P. ¿Es necesario que pague el usuario?

R. El sistema es de todos y también debe participar el usuario con sus recursos; ocurre en todos los países europeos avanzados. Ahora la clase media está excluida de cualquier sistema de ayudas porque únicamente disponemos de un sistema nacional de dependencia embrionario que prácticamente solo cubre a los que tienen menos recursos. Y queremos que nadie quede sin atender. Pero para que sea viable el sistema, es evidente que tiene que haber una participación del usuario, de acuerdo siempre con su renta y patrimonio, y siempre que esa aportación no suponga privación de recursos para el resto de gastos necesarios.

P. ¿Lo van a hablar con las comunidades autónomas?

R. Mucho y una a una. Además, antes de que el texto se convierta en proyecto de ley, habrá una conferencia sectorial. No concibo que una comunidad autónoma quiera quedarse excluida, me parecería muy grave, no atenderían a sus ciudadanos.

P. ¿De dónde procederá el dinero para financiar este esfuerzo?

R. Tiene que venir de la selección de los objetivos presupuestarios. El Estado lo va a financiar a través de los Presupuestos Generales. A la ley le acompañará una memoria económica en la cual comprometeremos un gasto cada año. No hay que olvidar que el derecho es progresivo, se va desarrollando poco a poco, hasta completarlo en 2015.

P. ¿Cuánto se ha resistido el vicepresidente Pedro Solbes?

R. Solbes está totalmente de acuerdo. Su preocupación es la evolución del gasto, pero siempre ha comprendido la necesidad de construir este sistema social, al que nos lleva inexorablemente el envejecimiento. Su preocupación lógica es garantizar que no haya una desviación insostenible del gasto. Es por ello que el modelo contempla el pago de una parte por los usuarios y la aportación de todas las Administraciones Públicas. Todos pensamos que esos 9.000 millones de euros son asumibles.

P. ¿Incluso pagando un sueldo a los cuidadores familiares?

R. No es un sueldo, sino una ayuda. La ley regula tres posibles vías para atender a las personas que no pueden valerse por sí mismas. La primera y más importante corresponde al apartado que engloba los servicios domiciliarios, centros de día o residencias. La segunda vía consiste en que, donde no llegue la red pública, se asigne ayuda para comprar el servicio en el mercado. Y la tercera, es la ayuda para prestar el servicio en el seno familiar. En este caso, estamos pensando en las mujeres que no desarrollan una actividad laboral por cuenta ajena porque están cuidando a familiares. Sería injusto que no pudieran tener ayuda. La ley establece que, en función del grado de dependencia de su familiar, estas personas reciban una ayuda, cuya cuantía se especificará en los decretos de desarrollo. La formación del cuidador y el alta en la Seguridad Social también se financiará con cargo al Estado. De este modo, garantizamos la posibilidad de tener acceso a una pensión. Creo que esto es bastante justo para el cuidador, además de que permite a la persona dependiente mantenerse en su entorno familiar.

P. ¿Cuántos cuidadores habrá?

R. Dependerá. Para 2015, cuando esté en pleno desarrollo la ley, podría haber entre 300.000 y 400.000 personas que reciban ayuda por atender a sus familiares dependientes. También tendremos 275. 000 plazas de residencia (casi tres veces más que ahora) y 104.000 plazas en centros de día (ahora prácticamente no hay). El modelo de cuidador será al principio más común y en el futuro menos. Con el tiempo se irá hacia una profesionalización del sistema.

P. ¿Cómo se contabilizan los cuidadores a efectos de población activa?

R. Se cuantificarán como ocupados.

P. Eso reduce el paro.

R. Bueno, lo que hace es aumentar la ocupación. En términos de PIB, este trabajo debe estar reconocido e incorporarse a los parámetros de medición. La familia ha sustituido durante siglos a las instituciones públicas en esa tarea, eso es lo que queremos cambiar. Todos los estudios apuntan a que es una inversión productiva, que genera empleo y mejora la productividad y la tasa de crecimiento. En consecuencia, esta inversión tiene una tasa de retorno importante: por cada euro que inviertes puedes recuperar entre 0,3 y 0,7 euros.

P. ¿Van a poder beneficiarse los residentes extranjeros?

R. No, sólo está dirigido a los ciudadanos españoles, y en el caso de los comunitarios, únicamente si hay un convenio por el que su país abone el servicio. Nosotros pedimos a los españoles que paguen, es lógico que lo hagamos con los comunitarios y más aún cuando no han contribuido en España. Y respecto a los inmigrantes, se procederá de acuerdo con la legislación de extranjería: si llevan aquí un tiempo trabajando pagando impuestos y aportando sus cotizaciones a la Seguridad Social, lo lógico es que puedan disfrutar ese derecho.

P. ¿No teme la protesta por el hecho de que los inmigrantes sin papeles se queden sin una prestación que en principio se presenta como universal?

R. Como universal, pero sometida a los requisitos indicados, como ser español o estar legalmente en España. No tengo ningún temor. Si están legalizados, contribuyen al sistema y llevan un tiempo de residencia en España (que ya fijaremos) tendrán derecho. Pero si una persona está irregularmente, no. Y los ciudadanos europeos sólo podrán acceder si hay un convenio con su país. El hecho de que exista un derecho universal no quiere decir que sea exigible en cualquier momento y condición.

P. ¿Tiene pactada la ley?

R. IU y ERC comparten plenamente la filosofía y le han dado un contenido progresista. Este es un gran proyecto de las izquierdas, pero para todo el país. Queremos que se incorporen todos. Hay otros partidos dispuestos a sumarse. Y no descarto que el PP se incorpore. Si alguien quiere quedarse fuera tendrá que explicarlo, nosotros ofrecemos el consenso, lo hemos logrado en la discapacidad, con los agentes sociales y con la gran mayoría de los grupos parlamentarios.

P. 2006 va a ser el año de una nueva reforma laboral. ¿Cómo se presenta?

R. Más que laboral va a ser social, porque, además de ser el año en que se apruebe la Ley de Dependencia, se aprobará la Ley de Igualdad, que presentaremos antes de que acabe el primer trimestre y que es muy importante para estimular la igualdad en el empleo entre hombre y mujer y reconocerá el permiso de paternidad. Espero también que, en todo lo que tiene que ver con la protección, relacionado con el sistema de Seguridad Social, se alcancen acuerdos pronto. Luego, es verdad, está toda la reforma laboral. Las posiciones de los agentes sociales en este asunto son más distantes, pero creo que la responsabilidad nos exige arremangarnos y transitar por la senda del acuerdo. No va a ser un acuerdito. Hablamos de acuerdos graduales, como siempre, pero con contenido, que permitan combatir la precariedad, que es el uso abusivo e inadecuado de la contratación temporal, en las que, por cierto, aprecio una nueva cultura en el empresariado español. En estos momentos, considera que la precariedad tiene costes negativos para la productividad de las empresas. Y creo que realmente hay un verdadero deseo para encontrar fórmulas que atajen ese uso inadecuado y, por tanto, permitan recomponer la situación del mercado laboral.

P. ¿Y esas diferencias?

R. Es verdad que las posiciones son distintas, pero si tenemos una base común, un diagnóstico compartido (el convencimiento de que la existencia de cinco millones y pico de contratos temporales no es positiva para la economía, de que no hay formación y que hay más siniestralidad) tenemos que llegar a una solución. Y no pasa por otro camino que el de potenciar la conversión de esos empleos en estables, aunque sean distintas.

P. ¿Por ejemplo?

R. La extensión del contrato de fomento del empleo de 1997, que se puede aplicar a todas las mujeres españolas, pero no a todos los hombres. Sobre este tipo de contrato, no se puede decir que se está rebajando la cotización social. Entonces, ¿por qué se lo aplicamos a todas las mujeres? ¿Por qué no utilizar esas figuras contractuales de forma más extensa el contrato alternativo? Fomentar ese contrato, con indemnización de 33 días por año trabajado por despido, supone favorecer que varios millones de contratos que hoy no tienen protección jurisdiccional puedan elevarlo cuantitativamente.

P. Hay reticencias.

R. Los sindicatos pretenden velar por las mayores garantías para el trabajador y no quieren que haya medidas que perjudiquen a trabajadores con contrato indefinido. Ese es el punto del debate. Creo sinceramente que en tres o cuatro meses, alcancemos un acuerdo.

P. ¿Va aceptar la patronal?

R. La patronal quiere un periodo transitorio de cuatro años para avanzar hacia los 33 días de indemnización para todos los contratos. Pero, en todo caso, que se sepa que el Gobierno está dispuesto a poner fin a ese abuso. Los jóvenes nos exigen que arriesguemos y estamos dispuestos a ello.

P. ¿A qué riesgos se refiere?

R. A incorporar una nueva cultura. A apostar por el futuro. No podemos utilizar instrumentos de hace 25 años. Lo que importa es que haya un horizonte de estabilidad, sin minorar los derechos de nadie. La propuesta del Gobierno es superequilibrada, no deteriora los derechos adquiridos y aumenta los de los trabajadores precarios. Es decir, que una subcontrata no debe usar el contrato de servicios siempre que tenga una actividad estable. Eso lo acepta la patronal.

P. Dijo al principio de su mandato que conseguir un 25% de contratos temporales sería un éxito, pero desde entonces ha subido un punto, al 32%.

R. Ha sido por la inmigración. Según una encuesta de coyuntura laboral, en el último año hemos creado 400.000 empleos estables.Con las medidas y si se alcanza el acuerdo social, estoy convencido de que podríamos bajar dos o tres puntos por año la temporalidad. ¿Por qué se mantienen esas tasas?, pues porque ha aflorado y ha crecido la ocupación, estamos hablando de un millón de ocupados más al año. En términos absolutos, se están consiguiendo unos resultados extraordinarios. En 1997 había casi 11 millones de contratos estables, ahora hay 15. Pero la ocupación ha pasado de 15 a 20 millones. La tasa se resiste a bajar porque hemos creado mucho empleo.

P. Hablaba usted antes de mejorar las pensiones.

R. El Gobierno ya ha hecho una propuesta que está siendo discutida por los agentes sociales. Parte de la necesidad de mejorar las pensiones más bajas y estimular la presencia de la gente en el trabajo. Estimular no obligar, quiero que quede muy claro. Si alguien se queda en el puesto de trabajo, cada año que pase mejorará un 2% su pensión. En cualquier caso, debe pasar por el Pacto de Toledo. Lo que hay que hacer es que la gente reciba en función de lo que cotiza. Nuestras medidas van orientadas a eso, a ampliar voluntariamente el tiempo de trabajo, no vamos a plantear subir la edad oficial de jubilación, y a ir exigiendo a determinados sectores que cotizan poco a que coticen con mejores bases y más tiempo, como ocurre con los autónomos. Seríamos unos irresponsables si no hiciésemos esa propuesta porque dentro de 15 años habrá envejecido la población. O se trabaja más tiempo o el sistema no hay quien lo sostenga.

P. ¿Van a bajar las cotizaciones de las empresas?

R. No. Pero, si hay acuerdo a la hora de primar el empleo estable, puede haber una pequeña rebaja de cotización de empleo indefinido no temporal. Eso al final es una ayuda para el trabajador, no sólo a la empresa. Sería modesta, medio punto en dos años e iría sólo dirigida al empleo estable.

P. ¿Cómo va a acabar el paro este año?

R. No descarto que acabemos muy cerquita del 8%, o por abajo.

P. ¿Y el Fondo de la Seguridad Social?

R. Con un superávit de 10.000 millones.Jesús Caldera / Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales