El Gobierno acepta presentar otra propuesta de financiación a los partidos catalanes

El Gobierno prepara una contrapropuesta en materia de financiación autonómica para intentar convencer a los partidos catalanes. Éstos no encontrarán en la nueva oferta el nivel de concreción que desean, aunque sí alguna de las condiciones expuestas el jueves por el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall. En la reunión que mantuvo el sábado con Esquerra Republicana (ERC), el PSOE insistió en que quiere cerrar un acuerdo de principios sobre el Estatuto antes de final de año. Pero los republicanos condicionan su apoyo al nuevo texto a que la definición de Cataluña como nación aparezca en el articulado del Estatuto y no en el preámbulo como pretenden el Gobierno y el PSOE.

El Gobierno catalán y los cuatro partidos que apoyaron el Estatuto en Cataluña han rechazado de plano la propuesta inicial de financiación del ministro de Economía, Pedro Solbes, porque en su opinión sólo supone una mejora del actual sistema y no un cambio de modelo. Ante esta tesitura, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero está ultimando una contrapropuesta. Así lo transmitió el portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, a los dirigentes de Convergència i Unió (CiU) y Esquerra Republicana (ERC), con quienes se reunió en la tarde del viernes y en la mañana del sábado, respectivamente.

El documento no contendrá las condiciones expresadas esta semana por Maragall. Será una oferta genérica que incidirá en los criterios de solidaridad interterritorial para que Cataluña -y otras comunidades menos beneficiadas: Comunidad Valenciana, Madrid y Baleares- no pierda posiciones en el ranking per cápita una vez realizadas sus aportaciones a los mecanismos de nivelación.

El 80% del IRPF

Asimismo, otorgará a la Generalitat mayor capacidad normativa en el IRPF y en los impuestos especiales (hidrocarburos, alcohol y tabaco), cuya recaudación se cederá en parte a la Administración catalana, y aceptará mecanismos de consorcio entre las agencias tributarias estatal y catalana. El Ministerio de Economía estudia la cesión de entre el 75% y el 80% del IRPF a las autonomías, después de que en la fase inicial ofreciera el 50%, tal como pretende Andalucía.

El Gobierno se resiste a ceder el impuesto de sociedades y el IVA y, sobre todo, a que el Estatuto tenga primacía jerárquica sobre la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), pues ambas leyes están recogidas en la Constitución.

El PSOE insiste en que el nuevo sistema de financiación debe ser generalizable al resto de las comunidades de régimen común (todas menos el País Vasco y Navarra), por lo que no puede recoger un trato particular para Cataluña ni tampoco la concreción del sistema -porcentajes de cesión de impuestos, criterios de solidaridad, etcétera-, que debe aprobarse en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y quedar reflejado en la reforma de la LOFCA.

Ayer, Alfredo Pérez Rubalcaba, que se reunió en Barcelona con una nutrida representación de ERC -Josep Lluís Carod Rovira y Joan Puigcercós, entre otros-, confirmó que el Gobierno otorgará a la Comisión Mixta Estado-Generalitat para Asuntos Fiscales y Financieros mayores competencias que las actuales y que mantendrá la última palabra en cuanto a financiación. Ya en 1996, tres comunidades socialistas -Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha- rechazaron, en el seno de esa comisión, el modelo pactado entre el anterior presidente catalán, Jordi Pujol, y el ex presidente del Gobierno José María Aznar.

El PSOE, representado por Rubalcaba y el ministro de Industria, José Montilla, transmitió a Esquerra la firme voluntad del Gobierno de cerrar un acuerdo marco sobre el nuevo Estatuto antes de fin de año, ante la imposibilidad de ampliar el plazo para presentar enmiendas en el Congreso, periodo que finaliza el día 27. Pese a ello, ambas partes continuarían dialogando en enero para llegar a la Comisión Constitucional, que abrirá sus sesiones en febrero, con un pacto cerrado sobre el articulado y el sistema de financiación.

Los socialistas reiteraron su oposición a que Cataluña se defina como una nación en el articulado del Estatuto y prevén su inclusión en el preámbulo, que no tiene carácter normativo. El PSOE propondrá, en los próximos días, un nuevo redactado sobre este espinoso asunto que no genere demasiadas reticencias en el partido y en otras autonomías. Una posibilidad rechazada de plano por Esquerra, que condiciona su bendición al proyecto al reconocimiento de Cataluña como nación. "O va dentro del articulado o ERC nunca podrá aprobar este Estatuto. Es una condición irrenunciable y así se lo hemos expresado a Rubalcaba", afirmó uno de los dirigentes de Esquerra presentes en esa reunión. Fue el gran obstáculo con que se toparon los socialistas.

El Gobierno aceptaba en un principio enlazar los apartados I y II del primer artículo del proyecto de Estatuto, en los que se señala que Cataluña es una nación que se constituye en comunidad autónoma según la Constitución. Posibilidad que ahora rechaza en persona Rodríguez Zapatero.

"En la buena dirección"

Aunque socialistas y republicanos se conjuraron para dar una visión optimista de la reunión -y así lo expresó ayer Carod-Rovira, al considerar que el Gobierno ha pasado de la "cerrazón" a un "movimiento en la buena dirección"-, ambas partes no cerraron acuerdos. Sólo quedó el compromiso del Gobierno de presentar una nueva propuesta de financiación, que despierta esperanzas entre los partidos catalanes y que los socialistas se esfuerzan en diluir.

Sólo el PSOE ve plausible cerrar un acuerdo de mínimos sobre el Estatuto esta misma semana. La financiación y la defensa de Cataluña como nación aparecen como los principales escollos. Todos los partidos -en especial ERC y CiU, cuyo líder, Artur Mas, advirtió ayer de que "no le temblarán las piernas" si tiene que retirar el Estatuto si "no es digno de las expectativas de Cataluña"- jugarán sus cartas en ambos temas. Nadie dará su brazo a torcer porque ERC y CiU se disputan el mismo espacio electoral en Cataluña.