Desacuerdos en inmigración, cajas de ahorro y cultura

El Gobierno y los partidos catalanes han avanzado considerablemente en el análisis del articulado del nuevo Estatuto catalán, en las negociaciones que llevadas a cabo en los últimos días en Barcelona. Las conversaciones se han trasladado desde Madrid a la capital catalana, a la que se han desplazado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, su jefe de gabinete y el portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba. Ambas partes evalúan todos los artículos menos los correspondientes al nuevo modelo de financiación. Éste es objeto de otras negociaciones paralelas que preside el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Estos son los principales acuerdos y discrepancias hasta ahora.

- Título preliminar. Hay consenso sobre este título, aunque la resolución del primer artículo que define a Cataluña como una nación se aparcará hasta esta semana.

- Inmigración. Existen serias discrepancias, pues el Gobierno rechaza que la Generalitat pueda gestionar y resolver los permisos de trabajo de inmigrantes. Sí acepta que participe en la fijación del contingente de extranjeros con destino a Cataluña.

- Educación. El artículo 131 otorga al Gobierno catalán la competencia exclusiva en materia de enseñanza no universitaria. Las negociaciones se han encallado por la pretensión catalana de mantener esta exclusividad en la enseñanza preobligatoria de 0 a 3 años.

- Cultura. El Gobierno rechaza que la opinión de la Generalitat sea "determinante" para las actuaciones que el Estado realice en Cataluña en materia de fomento cultural o de inversiones en "bienes y equipamientos culturales". No hay inconveniente en que, salvo este punto, la comunidad tenga competencia exclusiva en cultura.

- Consultas populares. Los negociadores catalanes insisten en que la Generalitat pueda convocar referendos en temas de su competencia, a lo que se opone el Gobierno socialista.

- Poder judicial. La creación de los consejos de justicia autonómicos, aprobada el viernes por el Consejo de Ministros, ha satisfecho a la parte catalana. Hay acuerdo respecto a la descentralización judicial, pero se mantienen serias discrepancias sobre la obligatoriedad de conocer el catalán y respecto a la competencia sobre servicios materiales y personal.

- Cajas de ahorro y banca. Ambas delegaciones discrepan, porque el Gobierno sostiene que la reforma de Estatuto rompe la unidad de mercado.